La aprobación de una nueva ley de “reparación y reconciliación nacional” para los casos pendientes de la guerra civil en El Salvador (1980-1992) ha generado el rechazo unánime de víctimas y ONGs, que señalan que en realidad se trata de una “amnistía disfrazada” para proteger a los responsables e involucrados en crímenes de guerra.

La polémica ley quedó aprobada el miércoles con los votos de 44 diputados, de 58 presentes en la sesión extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, Mario Ponce.

La ley, además, llega tras agotarse dos prórrogas de la Corte Suprema, que en 2016 anuló la ley de amnistía de 1993 y ordenó al Parlamento legislar para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Sin embargo, este texto reduce hasta en un 75 por ciento las penas de prisión para responsables de crímenes de guerra, y abre la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad.

David Ortiz, abogado miembro de la Mesa Contra la Impunidad, denuncia que la ley aprueba “mecanismos encubiertos” para que “los responsables de estos hechos queden impunes”.

BUKELE LA PUEDE VETAR. De todos modos, el presidente Nayib Bukele todavía puede vetar la entrada en vigor de la ley; en ese caso, ésta volverá al Parlamento y se realizará una nueva votación, que, para revertir el veto, necesitará aprobarla con 56 votos.