Dos exfuncionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera: Óscar Armando Peña Avendaño, exdirector administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos y María del Carmen Martínez Caso, exdirectora de Presupuesto en la Dirección General de Recursos Financieros en la Secretaría de Seguridad Pública, fueron detenidos y vinculados a proceso por desvío de recursos.

Se les acusa por causar un daño a la Hacienda Pública de la capital del país por más de 293 millones de pesos. En abril de 2016 acordaron la suspensión de los pagos por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados del ISSSTE.

Peña Avendaño fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en la colonia 16 de septiembre, en Miguel Hidalgo.

Los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos.

El exfuncionario fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y puesto a disposición del juez que lo requiere, luego de que durante su gestión fue acusado del presunto desvío de recursos.

Según la dependencia fueron los trabajos de inteligencia de los agentes de la PDI lo que permitió la ubicación y detención de Óscar Armando.

En tanto que la exfuncionaria María del Carmén Ramírez Jasso fue detenida en otro hecho distinto y también por desvío de recursos.

De acuerdo con la indagatoria de la FGJ, la exfuncionaria y otros exconsejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (CAPREPOL), como Peña Avendaño, acordaron la suspensión de los pagos. El periodo de la suspensión de los pagos fue del primero de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2017, lo que generó un adeudo a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos.

Ramírez Jasso fue detenida por agentes de la PDI en la alcaldía Cuauhtémoc, “sin uso de la fuerza, ni afectación a terceros y con pleno respeto a sus derechos humanos”, dijo la FGJ sin dar detalles del lugar y día de la aprehensión. Será remitida al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El día de ayer, el agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba que permitieron que un Juez de Control vinculara a proceso a Peña Avendaño y Martínez Caso, probables responsables de delitos cometidos por servidores públicos.

Durante la audiencia, el juzgador calificó como legal el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y les impuso a los imputados la prisión preventiva justificada, como medida cautelar, informó la FGJ.

“El Juez, además, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria”.