En los últimos días, la inseguridad del transporte público ha acaparado la atención de la ciudadanía. Concretamente, los intentos de secuestro dentro o en las inmediaciones de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT).

La voz de las mujeres se ha levantado en movilizaciones y redes sociales para mostrar que la violencia de género y los feminicidios han alcanzado proporciones alarmantes en nuestro país. ONU México estima que en los últimos 25 años ocurrieron más de 35 mil defunciones de mujeres con presunción de homicidio.

Ante la ausencia de estadísticas confiables y  para dimensionar la incidencia de esta forma de violencia extrema, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo, el cual suscribí, para exhortar a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a realizar una minuciosa revisión de las carpetas de investigación integradas con motivo de las denuncias de violencia de género, tentativas de secuestro y acoso sexual, y en el supuesto de advertir irregularidades en su integración, se inicien los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa a que haya lugar.

Por su parte, la PGJ ha identificado un patrón: las víctimas son mujeres de entre 20 y 25 años de edad, de pelo largo y negro, que usualmente van distraídas en el teléfono, delgadas y que viajan solas. La mayoría de los ataques se dan entre las 5 y las 10 de la noche; generalmente los lunes, miércoles y viernes, y con marcada tendencia en las estaciones Candelaria, Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, Centro Médico y Potrero.

La PGJ también informó que han brindado 83 atenciones, mediante la implementación de las Células Especiales para la Atención de Delitos Cometidos en las Inmediaciones del Metro, puntos de atención que tienen como objetivo incentivar la denuncia y atender inmediatamente a las mujeres víctimas de violencia.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana se sumó a la campaña”Dame la Mano”, y los uniformados portarán un lazo morado en la muñeca derecha para que las mujeres que se sientan en riesgo puedan identificarlos y solicitar su ayuda.

Es importante mantenernos alerta y denunciar, ya que si bien las acciones afirmativas y los esfuerzos de las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres son de ayuda, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres.

Según el STC, sólo se abrió carpeta de investigación en uno de cada tres casos de acoso sexual reportados durante 2017. Destaca que el 64 por ciento de las veces la víctima se desistió de la denuncia.

La violencia en contra de las mujeres ha alcanzado cifras y situaciones alarmantes, pues prácticamente no existen lugares seguros. Inicia en casa y continúa en los centros escolares y laborales. Nos acompaña en el transporte público y en cualquier lugar o evento al que asistamos. Es una amenaza omnipresente.

Mejorar los registros administrativos y los procesos de recolección y análisis de datos en la materia, es el primer paso, ya que persisten las brechas en la medición de la violencia de género, y la mayor parte de las muertes de mujeres por homicidio no son contabilizadas como feminicidio, pese a que en los códigos penales estatales hay variaciones de “razones de género”, signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, la existencia de antecedentes de violencia, incomunicación, y exposición o exhibición del cuerpo en un lugar público, así como la existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el victimario.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se denunciaron 701 feminicidios en 2017, aunque para el INEGI fueron 3 mil 324.

Minimizar los recientes casos de intentos de secuestro en el Metro y el modus operandi de los presuntos secuestradores, al considerarnos “histéricas”, como si estuviéramos en los albores del siglo XIX, ante frases como “cálmate, mi amor”, es normalizar la violencia hacia las mujeres.

Desde el Legislativo mi compromiso es promover iniciativas orientadas a la armonización con perspectiva de género, la creación de registros administrativos homologados para cuantificar adecuadamente la incidencia de la violencia contra las mujeres en México y  fortalecer los servicios de atención para las víctimas.

Sin embargo, nada de esto será de utilidad en tanto que no se atienda una estrategia pública integral y centrada en las y los ciudadanos, en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, respetando a los otros, sin importar su condición social, económica ni de género.

Queremos ser libres, no valientes.

#TrabajoPorTi.

* Coordinadora del Grupo Parlamentarios del Partido del Trabajo, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

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