DR. AGUSTÍN CARSTENS,GERENTE GENERAL,BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES:+El único presupuesto buenoes el presupuesto equilibrado

Adam Smith

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras los indicadores económicos confirman que la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 tardará años en ser superada, se van sumando problemas y reclamos al gobierno del presidente López Obrador que implican el riesgo de rebasar su capacidad de respuesta y minar su credibilidad y su capital político.

Recordemos que la difícil situación económica viene de antes de la pandemia, pues en el año 2019 la economía decreció 0.1por ciento, debido a factores atribuibles al gobierno federal, como los desincentivos a la inversión privada, la política de austeridad y la contracción presupuestal.

La complejidad de la crisis llevó al subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio a plantear algo que para AMLO significa una verdadera blasfemia: la necesidad de una política fiscal expansiva, con niveles mayores de endeudamiento, tanto para impulsar la recuperación económica como para enfrentar una segunda ola de contagios Covid-19. A pesar del rechazo de López Obrador a esta idea, el Banco de México se sumó a las voces de alerta bajando la tasa de interés en 4.5 por ciento, con lo que se llegó al límite en el abaratamiento del dinero y de la política monetaria. Es en este contexto que cobró verosimilitud la versión de que el secretario de Hacienda, Artur Herrera, ha presentado su renuncia o estaría por presentarla ante la falta del respaldo presidencial para enfrentar con medidas urgentes y racionales la crisis económica. Por su parte, el jefe de la oficina de la Presidencia y principal consejero económico de la Cuarta Transformación, Alfonso Romo, fijó públicamente una postura que también significa un golpe de realidad para el presidente López Obrador, al decir que el crecimiento económico y el combate a la pobreza son imposibles sin la inversión privada. Incluso, Romo recordó a Octavio Paz y su frase de que la ceguera biológica impide ver; la ceguera ideológica impide pensar frente a un contexto discursivo donde el consejero económico demandaba enfrentar la crisis económica sin dogmas ni fanatismos. Otro problema que cada vez se expresa con mayor fuerza para el gobierno de AMLO es su cruzada contra la corrupción. La idea de desplegar un maxiproceso contra los corruptos de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a partir de las denuncias de Emilio Lozoya, cada vez se desvanece más porque éste no ha aportado pruebas contundentes contra los numerosos servidores públicos mencionados en su declaración, incluidos los dos expresidentes. Además, el video donde aparece Pío López Obrador y la advertencia de que hay más videos al respecto, también ha frenado el proceso contra Lozoya. Mientras eso sucede, ya son casi dos años del gobierno de López Obrador y, de manera natural, comienzan a desbordarse evidencias de corrupción en su propia administración, que hasta ahora él ha abordado con la estrategia de ignorar los señalamientos y descalificar a los denunciantes. Pero ese comportamiento no puede sostenerse siempre, como lo demuestra el caso de Jaime Cárdenas, quien renunció del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado señalando todo un esquema de corrupción e irregularidades que ponen en entredicho la credibilidad y el compromiso de AMLO de desterrar la corrupción. Si esto lo contextualizamos en la política de austeridad y la reiteración presidencial de pedir a sus colaboradores lealtad a ciegas más que preparación y conocimientos; y si consideramos que el propio AMLO descalifica las leyes, los reglamentos y las marañas normativas porque retardan las acciones transformadoras, enfrentamos una peligrosa situación que podría degenerar en prácticas masivas de corrupción en toda la administración pública federal, a niveles que podrían rebasar lo antes visto.

O sea, el derrumbe..