Treinta días - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
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Treinta días | La Crónica de Hoy

Treinta días

Javier Santiago Castillo

Ante la mirada de los opositores más recalcitrantes al nuevo régimen, estos primeros días de gobierno no tienen rumbo. Pero debemos hacer un esfuerzo de objetividad. El no compartir los objetivos gubernamentales no implica que no existan. En ese camino se pueden encontrar, como nunca antes, hechos inéditos que son un ramillete de claroscuros. Pero sí existen objetivos.

La nueva administración está empeñada en llevar adelante sus políticas sociales de cobertura nacional, detonar el desarrollo económico con inversiones del Estado como motor fundamental, atender los problemas de inseguridad pública y combatir la corrupción. Más allá de las repercusiones sociales y económicas hay una consecuencia política natural de cumplirse con esos objetivos: fortalecimiento de la legitimidad.

Esos cuatro objetivos son ampliamente compartidos socialmente. Donde se encuentran las diferencias es en los caminos a seguir para alcanzarlos. En diversas decisiones se observan precipitación e improvisación.

Tal vez el caso más notorio sea el de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Después de una compleja negociación se logró que los tenedores de bonos aceptaran venderlos al gobierno y éste tuviera la capacidad de cancelar la construcción. Aunque para los legos, que somos la mayoría de la población, no queda claro la relación costo-beneficio de la cancelación de la obra y estamos hablando no sólo de dinero, sino también de impactos ambiental y social.

Las otras grandes obras de infraestructura en puerta son el tren maya y la refinería de dos bocas y el ferrocarril transísmico en Tehuantepec.

Las dos primeras han iniciado los trabajos preliminares para su construcción, pero sin estudios de impacto ambiental, ni proyectos ejecutivos. Lo cual deja la impresión de que son acciones voluntaristas, que son buenas ideas, pero que les falta un trecho largo de elaboración para que sean proyectos económicos sólidos.

Las políticas sociales iniciaron su implementación con el levantamiento de los padrones. Instrumentos indispensables,  cuyas deficiencias en el pasado fueron un mecanismo para la corrupción, como lo ha demostrado la Auditoría Superior de la Federación. Lo que no existe es un diagnóstico para conocer sus impactos reales y tampoco un replanteamiento de las políticas sociales asistencialistas, que han mostrado ineficacia para disminuir la pobreza en el país, en al menos treinta años de haber sido puestas en práctica, tanto por gobiernos priistas y panistas.

Un impacto trascendente de estas políticas es que requieren de gran cantidad de recursos financieros, lo cual merma la capacidad del gobierno para llevar a cabo acciones de promoción económica.

El combate a la corrupción, en función de las declaraciones, porque todavía no se dan hechos palpables, es un discurso ambivalente; por un lado el planteamiento de que se terminará con la corrupción y por otro el del perdón para los corruptos y una última declaración en que se perdonará a los directores de Pemex que favorecieron el huachicol, porque sólo obedecían órdenes de arriba, pero a la vez, si se llegara a juzgar a los expresidentes por ser cómplices en este delito, se les debía perdonar.

El perdón ha sido una estrategia de reconciliación en sociedades de conflictos violentos y de larga duración. Quizá el ejemplo más emblemático sea Sudáfrica. En que los represores reconocían ante sus víctimas públicamente las atrocidades cometidas y eran perdonados. De esa manera sólo fueron procesados y condenados un número reducido de altos funcionarios. Pero cabe precisar que en ese país existe una arraigada cultura del perdón.

En México está por verse, porque el perdón tendría que venir con todo el dinero mal habido y el pago de las multas a que se hicieran acreedores. O sea, después de un proceso judicial. Aunque hace falta precisar que el Presidente sólo tiene la facultad de otorgar el indulto a quienes hayan cometido delitos federales. En el caso de los estados son los gobernadores quienes tienen dicha atribución.

Por otro lado, es antijurídico que el Presidente perdone, así sea discursivamente, a quienes supone, fueron partícipes de un delito, pero que no han sido juzgados, pues está violentando la presunción de inocencia y el debido proceso.

La seguridad pública se pretende enfrentar creando la Guardia Nacional como un cuerpo militarizado y bajo el mando del ejército. La militarización del combate a la delincuencia organizada es un hecho desde hace doce años, aunque existen antecedentes añejos, como la operación Cóndor en los años setenta.

La iniciativa del gobierno de Enrique Peña Nieto para legalizar la militarización de la seguridad pública, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior fue derrotada por inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Ahora, el camino decidido fue impulsar una reforma constitucional para darle cobijo jurídico a la militarización. Pero aquí nos encontramos con que la Constitución no se debe modificar a contentillo. Existen principios básicos que son irreformables. Tal es el caso de la separación y subordinación del poder militar al poder civil. Constitucionalmente la seguridad pública es atribución de la autoridad civil.

El hecho político es que la discusión de esta iniciativa se pospuso para enero del año próximo, porque no se vislumbraba que fuera a obtener la mayoría calificada de los dos tercios en el Congreso.

El presupuesto fue otro tema lleno de polémica, pues iba orientado a satisfacer las prioridades del nuevo gobierno.

Aunque fue evidente que en aras de obtener recursos para sus proyectos se afectaban áreas sensibles: educación superior, investigación científica, cultura y campo. No queda duda que la estrategia funcionó y las prioridades del gobierno están garantizadas, porque aparecieron veinte mil millones de pesos para satisfacer a los inconformes.

En conclusión, el gobierno avanza, no sin dificultades, en el camino de sus objetivos, pero existen problemas presupuestales serios. Por ejemplo, si se crea la Guardia Nacional no hay recursos suficientes para su organización. La salida de que la Secretaría de la Defensa se convierta en empresa inmobiliaria no parece ser la mejor. Además, hay que poner atención al conflicto que se puede dar por el despido de los trabajadores por honorarios al servicio del Estado.

 


Profesor UAM-I
@jsc_santiago

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