La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República marca un punto de inflexión dentro de la propia institución. No solo se trata de que, por primera vez, una mujer asuma la titularidad de la FGR; el verdadero desafío radica en demostrar que la Fiscalía puede evolucionar hacia un modelo más transparente, más eficaz y más cercano a las víctimas, después de años de rezagos estructurales.
El simbolismo de que una mujer sea designada fiscal general es innegable en un país donde las instituciones de justicia han sido históricamente dominadas por hombres. Pero el valor del nombramiento no puede agotarse en lo simbólico. La expectativa social es que Godoy logre profesionalizar aún más la investigación penal, reforzar la perspectiva de género en todas las áreas y enfrentar inercias que la propia Fiscalía arrastra desde su creación: burocracia, lentitud procesal, insuficiencia pericial y una relación complicada con las fiscalías estatales.
Godoy llega con una trayectoria amplia y reconocida: legisladora, promotora de reformas clave, servidora pública en áreas jurídicas y, sobre todo, responsable de conducir la Procuraduría y luego la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahí consolidó un modelo basado en la investigación científica y en el diálogo con víctimas. Sin embargo, también deja retos pendientes que hoy se reproducen a nivel federal: mejorar la coordinación con jueces y ministerios públicos, agilizar la judicialización de casos y garantizar que las decisiones institucionales sean plenamente sustentadas en evidencia y no en presiones políticas o mediáticas.
Su visión colaborativa será puesta a prueba. La FGR requiere una coordinación real —no solo declarativa— con las fiscalías estatales, con el Gabinete de Seguridad y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esta articulación puede fortalecer investigaciones y detenciones estratégicas, pero también obligará a delimitar con claridad competencias y responsabilidades, evitando duplicidades o zonas grises que históricamente han favorecido la impunidad.
La atención a víctimas, uno de los ejes que más ha subrayado Godoy, implica transformar estructuras internas que en ocasiones siguen siendo impersonales y poco accesibles. La confianza pública no se recupera solo con cambios discursivos, sino con resultados: explicaciones claras, procesos ágiles, peritajes confiables y una institucionalidad que acompañe, repare y prevenga.
Los desafíos son profundos: reducir la impunidad estructural, fortalecer las capacidades científicas, proteger la autonomía de la Fiscalía frente al poder político y, al mismo tiempo, rendir cuentas con transparencia. Su reciente paso como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, de la cual se separó para asumir la Fiscalía, añade un elemento que exigirá especial claridad y rigor en la toma de decisiones, para evitar cualquier sombra de conflicto de interés.
La siguiente frase que dijo al rendir protesta en el pleno del Senado de la República marca el tono ético que ella misma ha elegido: «Donde la justicia no se negocie, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie… La lucha sigue». La llegada de Godoy abre una etapa más exigente, escrutada y compleja para la Fiscalía. Una oportunidad real de avanzar… siempre y cuando se asuman los retos con firmeza, con autocrítica y con un compromiso absoluto con la ley y con las víctimas.