A sólo unos días de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha decidido elevar la presión sobre el gobierno federal. Sus dirigentes han advertido que podrían realizar acciones para impedir el desarrollo normal de los eventos relacionados con el torneo, colocando a México bajo el escrutinio de millones de personas alrededor del mundo precisamente cuando busca proyectar una imagen de estabilidad y capacidad organizativa.
El gobierno se encuentra en una encrucijada, donde su capacidad de negociación para evitar la protesta de la CNTE el próximo jueves 11 de junio está a prueba.
Para los habitantes de la Ciudad de México y de estados como Oaxaca, Guerrero o Michoacán, las movilizaciones de la CNTE forman parte de una realidad conocida desde hace décadas. Lo que comenzó como un movimiento de oposición a las prácticas corporativas y al control sindical ejercido durante años por el SNTE, terminó convirtiéndose en uno de los grupos de presión más poderosos del país.
Con el paso del tiempo, la Coordinadora dejó de ser únicamente una expresión de inconformidad magisterial para consolidarse como un actor político capaz de doblegar gobiernos, influir en decisiones educativas y obtener concesiones que pocos sectores pueden alcanzar. Su capacidad de movilización le ha permitido negociar desde una posición de fuerza, aun cuando ello implique largos periodos sin clases para millones de estudiantes.
Las consecuencias de esta dinámica no son menores. México enfrenta desde hace años rezagos educativos reflejados en diversas evaluaciones internacionales, particularmente en áreas fundamentales como matemáticas y lectura comprensión. Sería simplista atribuir estos resultados exclusivamente a la CNTE, pero también sería ingenuo ignorar el impacto que tienen las suspensiones de clases, los paros recurrentes y la resistencia a mecanismos de evaluación y profesionalización docente.
La confrontación alcanzó uno de sus momentos más intensos con la reforma educativa de 2013 impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquella reforma buscaba devolver al Estado el control de las plazas magisteriales y establecer mecanismos de evaluación para los docentes. La respuesta de la CNTE fue una oposición frontal que derivó en plantones masivos, bloqueos y episodios de alta tensión política.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador modificó radicalmente la relación entre el gobierno federal y la Coordinadora. Durante años, el entonces candidato construyó una alianza política con sectores del magisterio disidente y una vez en el poder eliminó la reforma educativa de 2013. La medida fue celebrada por la CNTE como una victoria histórica.
Sin embargo, lo que en aquel momento representó una ventaja política para la llamada Cuarta Transformación hoy se ha convertido en una fuente permanente de presión. El gobierno que optó por la conciliación y las concesiones enfrenta ahora a una organización que considera insuficiente cualquier oferta que no satisfaga la totalidad de sus demandas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al señalar que el Estado no cuenta con recursos para otorgar un incremento salarial del 100 por ciento ni para regresar al esquema pensionario previo a la reforma del ISSSTE de 2007. Ambas exigencias tendrían implicaciones financieras de enorme magnitud y abrirían la puerta a demandas similares por parte de otros sectores del servicio público.
Por ello, el conflicto actual no es únicamente presupuestal. Es también una prueba de autoridad y de gobernabilidad. La CNTE ha aprendido durante años que la presión funciona y que el costo político de sus movilizaciones suele traducirse en concesiones. La 4T enfrenta las consecuencias de haber fortalecido a un aliado cuya capacidad de negociación se alimenta precisamente de su poder para generar caos.
Lo que durante años fue un respaldo político para el movimiento encabezado por López Obrador, hoy se ha transformado en uno de sus principales problemas.
Hoy cobra especial sentido aquella frase pronunciada recientemente por la presidenta “México no es piñata de nadie”, que fue dirigida al exterior, pero que bien podría aplicarse para los desafíos internos.