Opinión

25 años del Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumple 25 años. Evolución del anterior Tribunal Federal Electoral, lleva ya un cuarto de siglo como la justicia comicial mexicana, emitiendo sentencias que han delineado nuestra democracia.

¿Por qué se requiere una judicatura electoral? Porque nuestra forma de elegir representantes, así como de realizar consultas populares, revocaciones, plebiscitos, presupuestos participativos, etc., deben ajustarse a requisitos jurídicos mínimos.

La democracia es política, no cabe duda. Las decisiones populares en la materia son producto de la pasión y la emoción. Pero en todo país que realiza elecciones, se establecen dentro de su constitución y leyes, los principios para realizar estos actos, así como las reglas que deben cumplirse.

Quienes participan en la política pueden desatender esos principios e incumplir la ley, ya sea de manera voluntaria o sin intención; y por eso es necesario que alguien reencauce los procesos para que se realicen adecuadamente.

Además, los derechos políticos también son derechos humanos; por ejemplo el poder aspirar a una candidatura, el votar, la posibilidad de constituir un nuevo partido, o no ser expulsado de uno en el que ya se milite. Como todos los derechos, necesitan protección.

La aplicación del derecho en la materia electoral es sin duda compleja, por varias razones. Primero, la existencia de principios indeterminados en la Constitución; segundo, la complejidad propia de juzgar actos políticos; tercero, la amplia visibilidad de los asuntos, por el impacto social que tienen.

En la justicia electoral no se resuelven cobranzas o casos de arrendamiento. Se deciden algunos de los temas más álgidos para una sociedad, como la validez de sus elecciones o los derechos de participación de sus integrantes.

Hablando de los derechos políticos, y gracias a los juicios que se han presentado, el Tribunal Electoral se ha convertido en el principal instrumento para ampliarlos, en estos 25 años; aquí algunos ejemplos:

Primero, la paridad en las postulaciones. Esto no sería posible sin las decisiones que la judicatura electoral fue tomando a lo largo del tiempo, obligando a los partidos políticos a postular mujeres, evitando maniobras para obligarlas a renunciar, o garantizando que puedan ejercer su cargo.

Como segunda muestra, el tema de la violencia política de género contra la mujer. Merced a las sentencias electorales, siguiendo una interpretación que busca materializar el principio de igualdad y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, se ha restringido la posibilidad de ser candidatas a aquellas personas que han cometido esta forma de violencia.

Incluso, recientemente, se anuló la elección del ayuntamiento de Iliatenco, en razón de probarse la existencia de propaganda que consistía violencia política de género.

Un tercer ejemplo es la apertura a grupos subrepresentados. Desde sentencias que permiten el voto de las personas en prisión preventiva (por tanto, que gozan de la presunción de inocencia) hasta aquellas que han abierto el campo a la participación política de quienes son parte de la comunidad LGBTIQ+, pasando por la resolución por la que los partidos tuvieron que registrar candidaturas migrantes a las diputaciones, en los comicios de este año.

Además de lo anterior, otros asuntos relevantes han exigido cuestiones constitucionales como la separación iglesias-estado, por ejemplo en los asuntos Yurécuaro y Tlaquepaque, el último en este año.

En buena medida, nuestra democracia se ha modelado con las sentencias de este tribunal que cumple años.

Ahora bien, pensando hacia futuro, es esperable que en las elecciones siga habiendo quienes actúen al filo de la ley, quienes olímpicamente ignoren los mandatos constitucionales, así como el surgimiento de casos legítimamente dudosos, por lo que la labor judicial en la materia seguirá siendo necesaria.

Esto se hace más complejo si pensamos en nuestra legislación electoral, tan barroca y compleja como ha requerido nuestra historia. Hemos hecho del artículo 41 constitucional un auténtico código de las elecciones embutido en la Constitución, y tenemos una legislación secundaria minuciosa hasta precisar algunos actos con los minutos exactos en que deben suceder.

En lo futuro, asoman algunos temas que podrán ser los juicios del mañana. Las redes sociales, en primer lugar, como la nueva plaza pública en la que se cruzan mensajes que, en ocasiones, llegan a configurar actos de violencia política; en otras, las plataformas censuran con o sin razón y limitan el contenido de la discusión democrática.

El avance del reconocimiento, en los hechos, de la representación de pueblos y comunidades indígenas, augura también que sea del tipo de asuntos que siga llegando al Tribunal Electoral.

En el caso de grupos históricamente subrepresentados, es de esperarse que los juicios aumenten, tanto por las medidas que tomen los órganos administrativos electorales para buscar que se integren en la arena política, como por las decisiones que en lo interno tomen los partidos políticos.

Además, nuestro modelo de comunicación política, que tiene amplias limitantes acerca de lo que puede decirse, donde puede decirse y qué puede decirse, es fuente inagotable de asuntos, máxime cuando las estrategias comunicativas de las autoridades y los partidos son innovadoras, o cuando surge una nueva red social. Pregunte por los rumbos de TikTok.

Si continuamos con esta tendencia a ejecutar mecanismos de participación ciudadana, tanto en lo local como en lo nacional, ahí también encontraremos una fuente para el litigio electoral, que puede ir desde la decisión misma de convocarlos, hasta la revisión de los resultados que arrojen.

Las elecciones del próximo año, en la que se decidirán las gubernaturas de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, traerán su propia cauda de juicios, que podrán aumentar dependiendo lo caldeadas de las campañas y lo apretado de las resoluciones.

25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los comicios sujetos al derecho, no solo a la política.

Foto: Especial

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