Hasta donde mis conocimientos alcanzan, en la historia política del México—pongamos, del porfiriato para acá—no hay precedente de una carta-denuncia como la que el ex Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, publicó en el n°2368 de la revista Proceso. En esa misiva, el autor denuncia “los ataques que he tenido que soportar, desde los cargo que ostentan, de Alejandro Gertz Manero en complicidad con Olga Sánchez Cordero.” Vale decir, toda una revelación y un sacudón que reverbera desde el núcleo más interno del poder en nuestro país.

No es poca cosa: ya sabíamos de la perversidad y maledicencia de Gertz Manero, pero no contábamos con datos firmes sobre su mudus operandi. Veamos:

“A finales del último septiembre un reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona. Publicado con el título “La casa secreta de Gertz Manero”, bajo la firma de la reportera Neldy San Martín, me atribuyó haber facilitado información para la elaboración del texto.

“Tras la publicación nos reunimos con Gertz Manero el director del semanario, Jorge Carrasco, y yo. No fue capaz de entender que existe el periodismo independiente y que nada tuve que ver con el trabajo editorial de un medio de comunicación en el que sólo intervienen sus periodistas.

“Cegado, el fiscal optó por repasar una y otra vez un malentendido que había nacido de sus propias ganas de malentender…

“Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no ha habido vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que ‘sólo un favor’ me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa. Lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. Colérico como es, desencajado el rostro, conforme avanzaba en los reclamos por sus asuntos personales le temblaban los labios, le temblaban las manos, le temblaba la voz.”

Hoy sabemos, a ciencia cierta, que la procuración de justicia en México está en manos de un individuo que no tiene el más mínimo respeto por la ley; y que incluso ha cometido actos ilícitos. Utiliza el poder para abusar de él. Lo peor del caso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo solapa. Gertz Manero es un tipo irascible que en un santiamén se sale de sus casillas si no se hacen las cosas como a él se le antojan. Un hombre con esos defectos no debería estar al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). Ese puesto requiere a un funcionario público con aplomo, lúcido al momento de distinguir lo que son temas de interés público de lo que son asuntos de interés privado; que pueda contener su carácter y sus emociones. En fin, que aplique la autocontención en su manera de proceder.

En la Reforma Constitucional de la Fiscalía General de la República, del 29 de agosto de 2017, en el punto 4 se habla de la remoción del Fiscal. Allí se dice que es facultad del Senado de la República “remover al Fiscal General mediante voto de la mayoría calificada.” Y agrega: “El procedimiento de remoción lo puede iniciar el Ejecutivo o bien una tercera parte del Senado.” No obstante, hay un punto de suma importancia aplicable a la denuncia pública que ha hecho Julio Scherer. Se refiere a la destitución: “Con independencia de la posibilidad de la remoción, se indica que el Fiscal General puede ser destituido por causa de responsabilidad penal o administrativa grave, en consonancia con el Sistema Nacional Anticorrupción.” Allí encaja “el favor” que Gertz le pidió a Julio.

Vale la pena reforzar este planteamiento con lo que Scherer dice en su carta: “El Alejandro Gertz que conozco hoy pretende enviarme al territorio del miedo, el que convierte todos los ruidos en gritos, todas las sombras en amenazas y a todos sus ‘enemigos’ en blancos de la ‘justicia’, su justicia.

“Hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de cuestiones emblemáticas del gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados.

“Hoy simplemente me pregunto si podrá el fiscal, obsesionado con el poder, desprenderse de su despotismo, su egoísmo y su prepotencia para dejar de utilizar sus atribuciones como instrumento de su megalomanía.”

Respecto de Olga Sánchez Cordero, en la carta se afirma que a la señora no le gustó que atribuciones como la interlocución con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial (funciones propias de la Secretaría de Gobernación) recayeran, por orden presidencial, en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, o sea, en Julio Scherer. Desde entonces Sánchez Cordero inició una investigación sobre las actividades profesionales de Scherer queriendo ligar su cargo público con distintos despachos de abogados en los que el entonces Consejero Jurídico trabajó. El propósito, obvio, era desprestigiarlo. Scherer se lo hizo saber al presidente y éste simplemente dijo: “son chismes.”

Es evidente, que López Obrador quiere que sus colaboradores se deshagan entre ellos. ¿Para qué? Para que ellos mismo se debiliten, y él quede como la figura incólume. No obstante, la jugada en riesgosa porque su élite y sus bases de apoyo, pueden llegar al 2024 vapuleadas y en andrajos.

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