Independientemente de que la decisión por parte del bloque opositor de votar en contra de la iniciativa del Presidente López Obrador, contenida en la propuesta de nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE), fue un acto de congruencia y acertada visión de futuro, el país estará a salvo de políticas en favor de monopolios estatales y decisiones que privilegian las energías fósiles.

Y esto no es un acontecimiento menor pues como bien afirmó el diputado Ildefonso Guajardo, que se desempeñó con éxito como secretario de economía en el sexenio anterior, de haberse aprobado la reforma, contrario a lo que se ha dicho por muchas voces oficialistas, la nueva ley sí hubiera violado los acuerdos en la materia, firmados por México, Estados Unidos y Canadá en el T-MEC. Las consecuencias habrían sido desastrosas para el país, en especial el enfrentar los arbitrajes internacionales con un costo para México superior a 36 mil millones de dólares. El diputado Guajardo no habla de memoria pues como secretario de economía vivió de cerca el alcance de este tipo de compromisos y decisiones cuando el país es socio comercial del mercado más importante del mundo integrado en el T-MEC.

El sector privado podrá descansar con esta histórica decisión y nuestro país no se verá afectado por la cancelación de importantes inversiones tanto nacionales como extranjeras, que han detonado regiones prósperas y miles de nuevos empleos. Sin embargo, el Presidente López Obrador implementó lo que llamó un “plan B”, en caso de no aprobarse su reforma, y ayer mismo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para nacionalizar el litio, la cual gira en torno a dos ejes; la creación de una empresa estatal para la explotación este mineral, y la prohibición para que el capital privado participe en las asignaciones mineras relativas al litio. Con esta maniobra busca generar la apariencia de que no perdió del todo. El Presidente es un experto en generar esa percepción, aunque la realidad sea otra.

No podemos olvidar que vivimos una etapa de transición energética por lo que la inversión privada es indispensable en el tema de hidrocarburos y las energías limpias. Además las empresas privadas mexicanas son las que aportan el mayor número de empleos. Lo importante para que la inversión fluya, es contar con un marco jurídico que se respete en el mediano y largo plazo, dando certidumbre a quienes arriesgan sus capitales, y no cambiando las reglas de la noche a la mañana. De esta forma y dada la situación geográfica privilegiada que tiene México, las inversiones productivas que generen empleos de calidad pueden ser una realidad.

CFE RESPONDE ANTE SEÑALAMIENTOS HECHOS A LA REFORMA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Ante los diferentes cuestionamientos realizados en este espacio a la iniciativa de ley para reformar la industria eléctrica en nuestro país, el Coordinador de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luis Bravo Navarro , nos hizo llegar una carta en donde expresa su punto de vista con relación a la importancia de esta reforma. En primer lugar sostiene que de no aprobarse, como sucedió el domingo pasado en la Cámara de Diputados, “el gobierno no tendrá la posibilidad de regular las tarifas, lo que constituye un peligro para los ciudadanos”, y pone como ejemplo la situación en España, en donde dice que las empresas privadas se adueñaron del sistema eléctrico provocando un aumento sin precedente en las tarifas eléctricas. Por otro lado en el escrito afirma que la CFE sí tiene la capacidad para cubrir la energía que requiere México y para ello nos comenta que la empresa productiva del estado es la figura que más energía limpia inyecta a la red eléctrica nacional, “lo cual irá en aumento ya que tenemos varios proyectos importantes en puerta para la generación de energías limpias, como por ejemplo la central fotovoltaica ubicada en Puerto Peñasco, Sonora, la producción de energía con hidrógeno verde o la repotenciación de las hidroeléctricas”. Sin embargo, en la misiva el coordinador de comunicación de la CFE no nos explicó por qué han aumentado las compras de combustibles fósiles como el carbón, y cuál es la razón de adjudicar directamente ese tipo de contratos en lugar de hacerlo por medio de una licitación pública en la que participen varios interesados.