El 15 de octubre participé en la sesión de la comisión de obras, adquisiciones y servicios de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que coordina Roberto Hernández y comenté sobre las prospectivas de la inversión en infraestructura en el próximo año y el resto del sexenio. El panorama no es alentador para los proveedores y contratistas, ni para el país en general.

En el aspecto de las adquisiciones, el Dr. Sergio Martín, Presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance AMEXICOM, expuso la gravedad de la situación que denunció el IMCO sobre las compras gubernamentales en la que el monto de lo adjudicado es superior al 80 % del total ejercido en 5 dependencias entre las que se incluye a la Secretaría de la Función Pública en tiempos de la Dra. Sandoval, quien se presentaba, en un fariseísmo indignante, como la zarina del combate a la corrupción.

Las cifras de transparencia, competitividad, percepción de la corrupción y existencia del Estado de derecho en México, que comentó el Dr. Martín, muestran que en los últimos dos años se ha incrementado el riesgo de corrupción, que ya era alto con el gobierno de Peña Nieto, y se ha profundizado con la improvisación, reclutamiento como servidores públicos de personas sin conocimientos, ni experiencia previa, la concentración de contrataciones en la oficialía mayor de hacienda y la estrategia fallida de conceder a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) la responsabilidad de realizar la compra consolidada de medicamentos.

En materia de obra pública, señalé que el ambiente político es determinante para diagnosticar el estado de cosas y la prospectiva para el final del sexenio y llamé la atención sobre la inconsistencia en las relaciones entre el gobierno y el empresariado -se alejan y se acercan-, la carencia de un apoyo financiero directo y suficiente a las MIPyMES, que son las que generan en mayor número de empleos en el país, y los mensajes equívocos sobre la relación entre lo público y lo privado que no es propicio para la atracción de la inversión. El proceso de contrarreforma eléctrica dañará la confianza del empresariado para arriesgar su capital en proyectos de inversión que impliquen colaboración entre el gobierno y los particulares.

Hay un discurso de colaboración del gobierno con el sector privado que ha caído en el olvido desde la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia y del Secretario Arturo Herrera. En noviembre del 2019, se presentó el Plan Nacional de Infraestructura con 147 proyectos nuevos e inversiones esperadas por 859 mil millones de pesos, donde se marcaban como prioritarios, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, más los Puertos de Veracruz y Progreso, entre otros más, que se registraron en Proyectos México, (https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyectos/) para su control y seguimiento.

Sin embargo, muchos de los proyectos de inversión en ejecución, según la información disponible proporcionada por BANOBRAS y la SHCP, están vinculados con las rondas de hidrocarburos o la inversión en generación de electricidad por lo que su futuro es incierto con la reforma energética en proceso y otros más que se encuentran en la fase de pre inversión, es decir, en proceso de captar recursos del mercado para su ejecución. Hay un desfase generalizado entre la fecha programada de inicio de las obras y la real, o la que se espera razonablemente, que es explicable por la magnitud de los proyectos.

En inversión en obra pública, el recurso presupuestal se concentra en las obras emblemáticas del sexenio más un aeropuerto en Tulum que recibirá más de 11 mil millones de pesos en 2022. El financiamiento de obra pública en el sector de energía en 2013, representaba el 3 % del presupuesto y en 2020 sólo en 1.9 % y los recursos destinados al sector energético pasaron de 500 mil millones de pesos a 314 en 2020 (Datos del CIEP).

Hay que señalar que a la construcción de hospitales regionales del IMSS Bienestar se le destinará 9 mil millones de pesos más, un 90.3 % de crecimiento, pero su impacto es bajo si de considera que del total de la inversión pública sólo se orientará alrededor del 3 % a la salud y educación y no todo se dedica a obra.

Poco presupuesto para obra pública no relacionada con las obras sexenales emblemáticas y el sector energético. Baja confianza y transparencia por el abuso de las adjudicaciones directas y escasos recursos. El gasto en asociaciones público-privadas es inercial, ya que no hay recursos presupuestales para nuevos proyectos. Ese es el estado de las cosas. Parece que hay un olvido o desconocimiento de que la construcción de infraestructura es un camino hacia el mayor desarrollo regional y la formación bruta de capital que es el origen necesario de una economía incluyente.