En la actualidad, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas resulta ser una pandemia dentro de otra que, en la insultante indiferencia e impunidad, se ha propagado silente y anónima, agudizándose en el confinamiento para aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (edición 2020), revelaron que el 98.6 % de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o no se inició la investigación correspondiente. Por su parte la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Mujeres, ambas de la Ciudad de México, han señalado que en más del 75 % de los casos la víctima conocía a su agresor por ser una amistad cercana o parte de su núcleo familiar.

En este sentido y a pesar de que ya han pasado casi tres décadas desde que en 1994 los gobiernos del mundo se comprometieron a cumplir con los resolutivos de la Conferencia Mundial de Población, realizada por la ONU, donde se fijó la meta de promover una educación sexual en todos los niveles educativos, con una visión integral basada en las perspectivas de género y de derechos humanos, podemos decir que hoy en México aún se tiene una deuda pendiente para desarrollar esas educación sexual integral sin prejuicios ni culpas, con contenidos biológicos, emocionales, cívicos y culturales, pero sobre todo con principios éticos y valores sociales.

Sin embargo, existen logros trascendentales como la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su Artículo 58, fracción VIII, establece que la educación tendrá como fines: “Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes, que le permitan (…) ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Así mismo, no podemos dejar de señalar en este contexto que el pasado martes 8 de febrero de este 2022, la Secretaría de la Función Pública difundió en el Diario Oficial de la Federación el Código de Ética de la Administración Pública Federal (aplicable a todas las personas servidoras públicas) mediante el cual se prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso sexual, con independencia del sexo, identidad o expresión de género, características u orientación sexuales de las personas involucradas en tales casos”.

Pero ante la problemática actual, cualquier normatividad resulta insuficiente si no va acompañada de una efectiva educación sexual integral (con su inherente orientación afectivo-erótico-emocional) que proporcione a cada persona los conocimientos, habilidades y aptitudes para autogenerar los cambios conductuales de mejora, necesarios para incidir también en la transformación de su entorno donde tiene lugar una serie de procesos de aprendizaje y reforzamientos culturales.

En esta titánica y compleja tarea, la exigencia de la multiplicación de esfuerzos y la consolidación de alianzas entre las comunidades educativas, gobiernos y la sociedad en su conjunto, deberá apuntar, en lo inmediato, a la generación de una red de seguridad alrededor de las mujeres y las niñas, garantizando entornos en el que las víctimas de violencia sexual se sientan con la confianza y la protección necesarias para expresarse, cumpliendo siempre con el lema de la campaña mundial para prevenir y fomentar la denuncia: “Te escucho, Te creo, Te acompaño”.