Faltan más de dos años para las elecciones presidenciales y ya se alzan -todavía aisladas- algunas voces desde la oposición señalando que va a haber un fraude descomunal, una elección de Estado. Esa posición es equivocada por varias razones, y puede resultar contraproducente.

La primera razón es que no hay elementos para que así sea. Ciertamente, la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador apunta hacia elecciones controladas centralmente, con un árbitro a modo y amplios márgenes de maniobra de parte del gobierno. Pero está claro, incluso para AMLO, que esa iniciativa constitucional no tiene posibilidad alguna de ser aprobada por los dos tercios necesarios en el Congreso.

Tampoco, hay que decirlo, las propuestas que ingenuamente han puesto el PAN y el PRI en la mesa tienen futuro alguno. Si acaso sólo sirven para ver las pulsiones y las limitaciones de mira que hay en cada uno de esos partidos.

Eso significa que cualquier cambio será menor y que las elecciones se realizarán de manera similar a las anteriores. Los votos contarán y serán contados con independencia. Pero podemos anticipar un par de diferencias.

Una es que, como ya se vio en el experimento de la revocación de mandato, habrá un apoyo más abierto a sus candidatos de parte de los funcionarios de gobierno, así como una utilización propagandística más evidente de los programas sociales federales, a favor del partido o la coalición del gobierno. Es algo indeseable, y la sociedad y los árbitros electorales deben evitar que suceda. Pero eso no la va a convertir en un fraude generalizado ni en una elección de Estado.

La otra diferencia será la conformación de los árbitros, y en particular del INE, en el que serán sustituidos cuatro consejeros, incluido su presidente. Ya que la propuesta de que sean votados por la ciudadanía es políticamente inviable, todo se resolverá en la negociación legislativa. Dependerá de la formación de quintetas por parte de una comisión ad hoc y de la capacidad de los legisladores para ponerse de acuerdo sobre los perfiles más idóneos.

A Morena no le conviene que el proceso se empantane, porque la mayoría de los siete consejeros restantes son independientes. Y sólo si lograra imponer a los otros cuatro y obtener la presidencia del Consejo podría darle vuelta a la mesa. Los partidos de oposición harían bien en armar una estrategia para impedir que eso suceda, y tienen los votos con qué hacerlo. Eso es mucho más importante que los ejercicios de onanismo que resultan de sus contrapropuestas de reforma electoral (y en los que se ve que están más lejos de un acuerdo rumbo a 2024 de lo que cacarean).

En otras palabras, sólo con una torpeza máxima puede el INE pasar a ser hegemonizado por Morena y sus aliados. Existen todas las condiciones para que siga siendo un valladar contra las pretensiones de regresión democrática.

La segunda razón por la que es equivocado anticipar un fraude con dos años de antelación es que tiene un evidente efecto desmovilizador. Tal pareciera que décadas de dominio de un partido “prácticamente único” hubieran sido echadas al olvido por quienes lo pregonan.

Recordemos que en los años de gloria del PRI el discurso del fraude electoral era machacón y constante. Evidentemente, había una sucia manipulación, en un proceso centralizado y en manos del gobierno. Pero las más de las veces, los fraudes estaban hechos para estirar victorias que el PRI había conseguido de todos modos. La intención principal no era ganar, sino demostrar que arrasaba.

A aquel PRI no le importaba que la oposición hablara de fraude. Era hasta un tema de risa y anécdotas entre ellos. La razón de ello es que le convenía que se hablara: por un lado, ayudaba a acreditar su imagen del “invencible” y, por el otro, hacía que muchos ciudadanos se abstuvieran, al cabo que iba a ganar el de siempre.

En la medida en que más ciudadanos se abstienen de votar es mayor el peso de los aparatos partidistas y más grande la importancia relativa de fenómenos como el acarreo y los chantajes con programas sociales. De hecho, en la última elección en la Venezuela de Chávez, cuando los políticos de la oposición se pusieron a gritar en masa que venía un gran fraude electoral, las redes oficialistas decidieron inteligentemente hacer eco: “sí vamos a hacer fraude y vamos a ganar”. Cayó la participación, y aún así la victoria de Chávez fue apretada.

Hay una tercera razón. Normalmente quien denuncia con anticipación un fraude es porque prevé que va a perder. Hasta López Obrador fue cauto en sus declaraciones durante la campaña electoral de 2018. Es porque sabía que iba muy adelante (y que al de atrás le estaban pegando con tubo los que iban en tercer lugar). Hacer esa denuncia desde ahora -y más, a partir de supuestos- es dar una impresión tremenda de debilidad.

Finalmente, gritar fraude anticipado significa echar carbón al fuego de la desconfianza en la vía electoral, cuando las urnas son el camino de la democracia. Y significa también legitimar la peligrosa reacción previsible de la coalición morenista si llegara a perder en 2024 (cosa que se ve improbable, si el grueso de la oposición sigue en su actual ruta).