Opinión

El germen de la anti-corrupción

Ayer se publicó la sexta edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, instrumento que se realiza de manera bianual a partir de 2011, cuyo objetivo es reunir información acerca del nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los trámites y servicios públicos básicos proporcionados en los diversos ámbitos de gobierno, tales como el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura, entre otros.

Foto: Especial.

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A nivel nacional, el grado de satisfacción que, en general, tuvo la ciudadanía respecto de los servicios públicos, fue de un 48.2%, que en comparación con 2019, representó una mejoría del 2%. El suministro de agua potable y recolección de basura fueron, por ejemplo, dos servicios básicos que tuvieron mayor complacencia. Por entidades federativas, fueron Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León y Yucatán, las que mayor puntaje alcanzaron sobre el nivel de satisfacción en general y, en el otro extremo, los Estados con más alto índice de corrupción en el suministro de servicios públicos básicos, fueron Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México.

La ENCIG también mide la percepción de la población acerca del nivel de corrupción que experimentaron en la realización de dichos servicios, así como la confianza o desconfianza que le inspira las instituciones con las que tuvieron contacto. Así, po el 86.3% de las y los ciudadanos, consideraron que los actos de corrupción en las instituciones de gobierno son frecuentes; de ese porcentaje, el 14.7% correspondió a quienes directaente tuvieron tales experiencias, al tener contacto con algún servidor público. En ese rubro, fueron el contacto con autoridades de seguridad pública; trámites ante el Ministerio Público y los permisos relacionados con la propiedad, los trámites en los que se presentaron mayores comportamientos de esa naturaleza.

En modo contrario, el registro muestra que las instituciones o actores en los que más confía la ciudadanía son sus familiares; las escuelas públicas de nivel básico; las universidades públicas; así como en sus compañeros (as) de trabajo; precisamente al revés de lo que ocurre con los partidos políticos, las policías, las Cámaras de Diputados y Senadores y Ministerios Públicos, instituciones de eminente contacto y servicio social que, irónicamente, se encuentran entras las que más desconfianza despiertan.

¿Y si monetizamos la corrupción? Es decir, no me refiero a lucrar con ella, sino a pensarla en la dimensión económica. Bueno, pues por decir lo menos, los costos de la corrupción son altos. La estimación a nivel nacional muestra que en 2021 se produjo un gasto de nueve mil quinientos millones de pesos, equivalente a tres mil cuarenta y cuatro pesos por persona. Cifra que nos alarmará aun más si tomamos en cuenta que ese costo se obtiene de la cuantificación de un sector de determinadas actividades cotidianas, o sea que a tal suma faltarían agregar los costos de la corrupción a gran escala.

Al exponer resultados obtenidos de la experiencia directa de la ciudadanía respecto de los trámites y servicios gubernamentales, la ENCIG constituye una herramienta a partir de la cual es posible identificar áreas de oportunidad en las que se puede y debe incidir mediante políticas públicas sobre el fortalecimiento y mejoría en la calidad de gestión pública para suministro de los servicios básicos. El silogismo es mucho más sencillo de lo que podría pensarse: si los mecanismos para acceder a bienes y servicios públicos con asequibles y transparentes, la ciudadanía tendremos menos probabilidad de actuar irregularmente, lo que significará una gestión eficiente del Estado y, en consecuencia, una percepción de corrección o satisfacción en su desempeño.

Como muestra de una mejor práctica, durante la presentación de esta encuesta, Adrián Franco Barrios, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, mencionó que en comparación con 2019, hubo un aumento de los trámites realizados digitalmente, modalidad que tiene un impacto directo en la disminución de actos de corrupción. Ello porque, a partir de instrumentos como la Encuesta, es posible advertir que -desgraciadamente- la interacción física entre servidores públicos y población es, en muchas ocasiones, un espacio para que los actos de corrupción germinen.

Durante la pandemia observamos un aumento en la digitalización de los gobiernos. Una práctica que resultó favorable para evitar la exposición física y que, coyunturalmente nos mostró no sólo la agilización de trámites sino la reducción del índice de actos de corrupción. A veces, como en la vida cotidiana, un pequeño cambio puede tener un impacto insospechado y creciente, una decisión individual puede ser la llave del cambio. Ese pequeño germen es la apuesta.