Las votaciones de revocación de mandato a celebrarse el próximo domingo afectan nuestro sistema democrático. La figura de la revocación se estableció constitucionalmente en 2019 como un derecho ciudadano para incidir sobre la continuidad de los gobernantes. Ella representa una forma de democracia directa que lejos de ser la solución para la actual crisis institucional, implica más bien, el riesgo de acelerar su fase más aguda y conclusiva a través de la imposición de una tiranía de la mayoría. La consolidación de un nuevo poder oligárquico significa la transformación de la democracia de masas en un sistema monolítico por obra de un líder que manipula a la multitud. Constituye el uso político del pueblo para reafirmar un poder personal

Normalmente se considera que conferir la capacidad de tomar decisiones sobre un determinado argumento directamente al cuerpo electoral es positivo y, sobre todo, cuando la materia se refiere a la continuidad del gobierno. Pero en el caso mexicano este ejercicio de participación inducida no implicará ningún cambio relevante y será la burda expresión del clientelismo y la manipulación política. Además, la permanencia y continuidad en el gobierno es un tema ya resuelto por nuestro marco jurídico.

En la historia de las instituciones y las doctrinas políticas un tema central está representado por la pregunta: ¿qué hacer para cambiar un mal gobernante? En el pasado reciente, la respuesta llegaba a través de la revolución. Solo por medio de movimientos insurreccionales era posible transformar un orden establecido, considerado injusto y opresivo. Desde su llegada al poder el actual gobierno manifestó su interés por apropiarse del instrumento revocatorio para incrementar su legitimidad. Cómplices de esta expropiación a los ciudadanos fueron el Poder Legislativo que obsequiosamente tramitó la reforma constitucional y la Suprema Corte que abdicando de sus responsabilidades contribuyó a su imposición. Aunque se trata del primer ejercicio revocatorio realizado con un marco legal nacional y que es organizado profesionalmente por nuestras instituciones electorales, resulta evidente que sus resultados serán políticamente manipulables.

La democracia directa y la democracia representativa constituyen dos regímenes alternativos de gobierno, inspirados en el ideal de la participación ciudadana más amplia posible. Ambas implican una coincidencia entre gobernados y gobernantes. Pero mientras que la democracia directa promete realizar el ideal del autogobierno bajo la consideración: ¿quién mejor que uno mismo sabe lo que es preferible?, la democracia representativa reclama la existencia de una clara coincidencia entre quienes toman las decisiones que inciden en la vida colectiva y quienes deberán obedecerlas. En realidad la democracia directa expone a los ciudadanos al riesgo de la dominación de una mayoría adversa, que se otorga el derecho de imponerse simplemente en cuanto tal.

El uso político de la democracia directa es la máscara que esconde el rostro del autoritarismo y la manipulación. En tal escenario, solo la democracia representativa puede proteger de los riesgos antidemocráticos, porque es gracias a la mediación de los diferentes partidos y a la pluralidad organizativa de la sociedad civil que resulta posible conjugar la libertad con el disenso, produciendo decisiones colectivas que son fruto del máximo consenso crítico y del mínimo de imposición.

Es necesario tomar conciencia sobre la naturaleza degenerada que ha adquirido la democracia plebiscitaria en manos del populismo. Esta modalidad de acción política en nuestro país ha demostrado ser regresiva, anti-moderna, que rechaza las mediaciones, promueve la polarización social y usa al pueblo con fines mediáticos. Se trata de imponer la permanencia de un líder que reafirma su derecho a gobernar sin contrapesos. De manera tal que, para no confundir la medicina con el veneno, convoco a no votar en este ejercicio demagógico.