La iniciativa de Reforma Constitucional en materia electoral presentada por el presidente López Obrador ha llevado a que cada bando se atrinchere en sus posiciones. El “no pasarán”, ha transitado de ser el eslogan heroico de los republicanos durante la defensa de Madrid en la guerra civil española, a uno convertido en bandera de la intransigencia, de ambos bandos. La regla básica política en las sociedades democráticas es el diálogo, sin importar la dimensión de la distancia o del abismo entre las diversas posiciones.

En primer lugar, se requiere realizar un balance a vuelo de pájaro del reformismo electoral en nuestro país. Durante el régimen autoritario y de partido hegemónico, desde la de 1963, las reformas electorales fueron ampliando paulatinamente las rendijas de acción democrática. Desde las primeras prerrogativas materializadas en exenciones fiscales, tiempos de radio y Televisión, aunque con censura previa, hasta en la reforma de 1977-1978 abrir las puertas a la pluralidad partidaria y catalogando a los partidos como entidades de interés público.

La reforma de 1986-1987 proporcionó financiamiento público a los partidos y amplio sus posibilidades de acceder a cargos de representación al ampliar el número de curules de representación proporcional de cien a doscientos en la Cámara de Diputados. La reforma de 1991 creó al IFE y a los institutos electorales de las entidades federativas, la de 1996 le otorgó a las instituciones electorales la plena autonomía constitucional, dejando fuera de la organización de las elecciones federales y locales al presidente y a los gobernadores.

Para atender los aspectos más conflictivos de la elección presidencial de 2006, la reforma 2007-2008 modificó radicalmente el modelo de comunicación política prohibiendo la contratación de tiempos de radio y televisión a partidos políticos y a particulares y, otorgando a los partidos tiempo de Estado para trasmitir sus mensajes políticos y de campaña. Además, prohibió a los servidores públicos realizar actos de proselitismo político o a favor de candidatos a puestos de elección popular.

Hasta aquí las reformas electorales, como la gota de agua, lentamente fueron fisurando la piedra sólida del régimen autoritario y abriendo camino a senderos democráticos. La reforma de 2014, haciendo a un lado el establecimiento de la igualdad de género en las candidaturas, fue moneda de cambio en el tablero del juego de poder para lograr la aprobación de las reformas estructurales propuestas por, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto.

Esa reforma se propuso dos objetivos: sacar a los gobernadores de las elecciones locales y disminuir el costo de la organización de las elecciones. El primer objetivo tuvo como premisa inmediata que el PAN perdió la elección presidencial e hizo responsables a la operación de gobernadores priístas y en el PRD una ilusión óptica. La segunda premisa, prejuiciosa, sin duda alguna, fue satanizar a los institutos electorales como si estuvieran controlados absolutamente por los gobernadores.

El resultado fue una reforma centralizadora que atentó contra el sistema federal establecido por el Congreso Constituyente de 1917. Algunas voces alertaron contra la los riesgos sistémicos de la centralización en la organización de las elecciones y la homologación de la fecha de la realización de los comicios. La clase política hizo oídos sordos.

La centralización fracasó en su objetivo político y concentró en once consejeros del INE el nombramiento de los consejeros de los institutos electorales de los estados. Un proceso de decisión política fue transformado en otro de naturaleza cuasiburocrática. En muchos casos el Consejo General ha ido más allá, al invadir el ámbito de atribución de los congresos locales.

La iniciativa presidencial profundiza la tendencia centralista, inaugurada en la reforma electoral de 2014, enarbolando la bandera del ahorro de 24 mil millones de pesos como resultado de su propuesta. La oposición partidaria y empresarial, a la que se han sumado tres expresidentes del IFE se envuelven en el lábaro de la defensa de la democracia.

En la propuesta del poder ejecutivo la visión centralizadora se manifiesta en cuatro aspectos centrales. El primero es la disminución de las prerrogativas (financiamiento en dinero y tiempos de radio y Televisión) que obviamente colocaría a la oposición en una situación de postración financiera y propagandística, lo cual favorece al partido en el poder. El segundo es la desaparición de los tribunales y de los institutos electorales locales. El tercero, que tiene toda la pinta de una ocurrencia, es el mecanismo de elección por voto popular de consejeros y magistrados electorales. El cuarto, es la modificación de la integración de los congresos federal y locales y, de los ayuntamientos

La oposición ha sido reactiva, presentando una propuesta genérica con los siguientes puntos: comicios primarios para seleccionar a un candidato común a la Presidencia en 2024; segunda vuelta para la Presidencia de la República; eliminar la sobrerrepresentación y el transfugismo en el Congreso; la nulidad de procesos en los que participe la delincuencia organizada; sanciones contra el uso electoral de programas sociales y la regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales.

De la iniciativa presidencial se desprende el ánimo centralizador, lo cual implica la búsqueda natural de la concentración de poder y tiene como objetivo legitimarse denostando a la oposición, porque al no aceptar su propuesta será acusada de querer continuar disfrutando de los privilegios que le proporciona el actual modelo electoral. La alianza “Va por México” ha respondido con una propuesta minimalista, no con una contrapropuesta. Nuevamente el presidente los ha colocado contra las cuerdas.

Más allá de acuerdos o desacuerdos, de ambas propuestas se pueden desprender temas centrales para analizar, con el fin de mejorar las reglas electorales: 1. Disminución del gasto electoral, lo cual pasa naturalmente por la discusión de centralismo o descentralización de la organización de las elecciones y, de eso dependerá la estructura del INE y de los institutos electorales de los estados; 2. Revisar el cúmulo de candados, producto de la desconfianza, para eliminar los innecesarios; 3. La dimensión de los órganos de representación política; en el mundo no existen reglas sobre este tema, pero un acercamiento comparativo pudiera permitir definir un número de integrantes, que, sin lastimar la representación, sobre todo de las minorías fuera más racional y menos oneroso; 4. La segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales y de gobernador; 5. La sobrerrepresentación en los congresos; 6. Analizar el procedimiento de elección de los consejeros del INE, considerando que es una decisión del poder político, que debe ser una garantía que permita la transmisión pacífica, legal y legítima de ese poder; 7. Revisar la regulación sobre la propaganda gubernamental y la autopromoción de los servidores públicos

El gran problema es que la clase política, como dice Colin Crouch (Posdemocracia) sólo se mira el ombligo. El no pasarán, a pesar de haber sido suavizado con declaraciones posteriores está en el ánimo de los contendientes. Sus propuestas están en la ruta de proteger sus intereses, buscando salvaguardar sus cotos de poder. En el territorio legislativo y partidario campea la miopía política, expresada en la negativa a dialogar. Cómo hacen falta las visiones de los negociadores de las reformas electorales de 1996 y de 2007-2008, que desde las diferencias y posturas encontradas lograron avances significativos en la normatividad electoral.

Tensar las relaciones políticas innecesariamente, al negarse al diálogo, pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad políticas. Es hora de la responsabilidad de Estado, pues se pueden desatar pasiones incontrolables y, como siempre, los lastimados serán los sectores populares, no las élites. Por el bien de todos, primero el diálogo.