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Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.
Abraham Lincoln

Ahora que uno de los temas profusamente discutidos es el de la reforma energética cuyo futuro sigue siendo incierto, me preguntaba por qué las y los gobernados no podemos tener una expectativa más o menos clara de lo que sucederá con esa y cualquier otra cuestión que se debata al seno de los órganos legislativos ¿será que no la merecemos? ¿Acaso la representación popular de una persona legisladora concluye cuando resulta electa? ¿a partir de la asunción de su cargo público, una legisladora puede negociar con su voto?

Creo que las cuestiones previas son válidas, en la medida en que nos topemos con votaciones insospechadas. Esas en las que la regresión es tan clara, la restricción es tan flagrante, o en donde lo que se compromete o se extingue en perjuicio de las y los mexicanos es de tal dimensión, de tal impacto, que termina por sorprender a propios y extraños. Son múltiples las combinaciones a las que como eufemismo podemos denominar estrategias políticas, de las que se valen ciertas personas legisladoras y que van desde el abstencionismo en votaciones particulares y salidas meteóricas para atender necesidades fisiológicas inaplazables, hasta votos contradictorios cuando, por ejemplo, se había formulado algún pronunciamiento -a favor o en contra- respecto de una iniciativa de ley, para luego emitir un voto en sentido abiertamente opuesto al prometido.

Desde luego, no son excepcionales los casos en que la convicción personal, el conocimiento preciso acerca de tópicos especializados, o la simple confianza en determinados proyectos normativos, pueden ser la base sólida y legítima para la emisión de un voto, pero tampoco son extraordinarios los supuestos en que alguien adopta sus decisiones legislativas con base en incentivos perversos que constituirían un claro incumplimiento de sus obligaciones normativas y la consecuente responsabilidad.

Quienes forman parte de un órgano legislativo, en el Congreso de la Unión, lo mismo que para los congresos locales, son personas servidoras públicas como cualquier otra, con más obligaciones que derechos, con más restricciones que autorizaciones, con un robusto marco normativo que rige sus actuaciones que incluye, además de la conducción de su comportamiento por los principios de legalidad, honradez e imparcialidad, entre otros, el deber de abstenerse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de iniciativas de ley o proyectos de reforma en la que tengan intereses personales o partir de los cuales puedan obtener beneficios particulares.

Por eso, ayer que escuchaba por la radio al líder del MoReNa en la Cámara de Diputados, señalar que haría su chamba para tratar de persuadir a sus colegisladores de otros grupos parlamentarios con miras a obtener su apoyo en la votación de la reforma energética, no pude dejar de pensar ¿en qué consistiría esa labor de persuasión? ¿Se sentarán acaso de la mano de especialistas, quienes explicarían a las y los renuentes la conveniencia de la reforma?

Cierro diciendo: ojo porque lo mismo va con las y los líderes de bancadas quienes, no por serlo, tienen derecho a condicionar o sugerir siquiera el sentido del voto de sus correligionarios. Con todo y mi consciencia de las probables y nefastas consecuencias políticas de segregación o señalamiento al interior del propio grupo de adscripción para la insurgencia parlamentaria, al sucumbir a la presión o extorsión, tan responsable de una decisión corrupta sería quien la fuerza como quien la cristaliza. Cada voto en la labor legislativa tiene un peso específico con impacto sensible en la vida de miles o millones de personas, pues al final el voto parlamentario no es un acto unilateral de la vida privada, sino de interés y trascendencia para México. En términos de debate parlamentario, el veto permanente tendría que ser para el voto por consigna. Cualquier otro parámetro será, con más o menos rodeos, indigno de la representación popular delegada.