En la riña entre el gobierno federal y el INE, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, no ha asumido el papel de jefe de Estado, sino el de líder de una facción. Como Primer Mandatario debería mantener una posición neutral y buscar el acuerdo entre las partes en conflicto; no atizar la animosidad. Sin embargo, el hombre de Tepetitán ha renunciado a desempeñar ese papel neutral y se ha puesto los guantes de boxeo. Encabeza la embestida más encarnizada que haya sufrido el IFE-INE en toda su historia.

El pretexto para justificar esta liza ha sido la organización de la revocación de mandato. Por ley, quien tiene que llevar a cabo este tipo de ejercicios de democracia directa es el INE. Así está reglamentado en el artículo 81 de la Constitución, y en la Ley Federal de Revocación de Mandato; pero nadie está obligado a lo imposible: para poder cumplir con esta compleja operación logística el INE necesitaba (y así lo hizo saber) 3,830 millones de pesos. Como respuesta la Cámara de Diputados, dominada por Morena, le recortó 4,913 millones de pesos.

Estamos ante un oxímoron (una contradicción en los términos): por una parte, López Obrador, exige que se lleve a cabo el revocatorio; pero, por otra parte, no le da los recursos necesarios al INE para realizarlo. Eso, en palabras llanas y sencillas, es buscar pleito. Y así ha sucedido: el viernes 17 de diciembre, el Consejo General de INE, decidió aplazar la consulta sobre la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador por falta de recursos. De inmediato, los dirigentes de Morena anunciaron que impugnarán la prórroga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “El mandatario había arremetido horas antes contra la institución al calificar de ’chicanadas’ y ‘tácticas dilatorias’ el intento de retrasar la votación’.” (El País, 17/12/2021).

“Ipso facto”, entró en acción la maquinaria propagandística oficial con sus gacetilleros, corifeos, titiriteros, tuiteros, y demás tropas de asalto. Todos contra el INE y, en especial, contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Como en los tiempos medievales se pidió: ese par al calabozo, luego a la sala de tormentos y, por último, a la picota.

Como dice la canción de Juan Gabriel “¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?” El objetivo es claro: primero debilitar y restarle credibilidad a la autoridad electoral para luego preparar el asalto final; apropiarse de ella. Controlar los órganos electorales como sucede en las autocracias populistas.

Aunque los dirigentes de Morena anden diciendo que la decisión de aplazar la consulta sobre la revocación de mandato es un atentado contra la democracia porque obstaculiza la práctica de versiones propias de la democracia directa, la verdad es que el propósito de López Obrador, desde que llegó a la Presidencia de la República, es concentrar el poder en su persona. Y eso se ha visto en infinidad de casos: la subordinación del poder Legislativo al poder Ejecutivo; el intento de extender el mandato del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar; la implantación de la figura de superdelegados en las entidades federativas; desaparición de las estancias infantiles; extinción de los refugios para mujeres que sufren violencia o acoso; anulación del Seguro Popular para dar paso a un etéreo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI); anulación de 109 fideicomisos cuyos recursos aún no se sabe, bien a bien, a dónde fueron a parar.

A pesar de los insulsos pretextos que han esgrimido López Obrador y sus seguidores, la verdad es que el ataque al INE es un ataque directo contra el centro neurálgico de la democracia mexicana.

Recordemos que el IFE nació el 11 de octubre de 1990 de un pacto social y político después de las fraudulentas elecciones de 1988: Carlos Salinas de Gortari llegó a la Primera Magistratura con un profundo déficit de legitimidad. Debía ceder ante la indignación y las exigencias de democratización que se dejaban sentir en todo el país y de desde todos los lados del espectro político, derecha e izquierda.

Con base en ese contrato social y político fuimos avanzando en la transición a la democracia mediante “pactos parciales”, de acuerdo con la atinada frase de Santiago Creel, para perfeccionar a la democracia mexicana. Cambiar las coordenadas de referencia política: de la verticalidad autoritaria a la horizontalidad democrática. Piso parejo en la competencia regulada por un árbitro imparcial. En ese sentido uno de los pasos más importantes de la transición a la democracia fue arrebatarle la organización de las elecciones al gobierno federal, y, luego ciudadanizar por completo al IFE; volverlo un órgano constitucional autónomo.

Hoy el problema es que el pacto social y político con base en el cual se sustentó la democracia mexicana está roto; y lo rompió Andrés Manuel López Obrador al querer reeditar el modelo autoritario para nuestro país. Por eso el tabasqueño necesita dinamitar el dique que representa para sus intentos autocráticos, el INE. Eso explica, pero no justifica, su manera de proceder y la de sus huestes.

Cuál será su prisa que todavía no se han reunido el número suficiente de firmas (3 por ciento del padrón electoral en por lo menos 17 estados de la república) que exige la ley para que se pueda llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato, cuando ya los dirigentes de Morena metieron esa impugnación ante el TEPJF.

Ya les anda por imponer en México el modelo bolivariano. Vamos a ver si lo logran y, sobre todo, si se lo permitimos.