La revocación de mandato, tal y como es planteada hoy en día por Morena y el presidente López Obrador, es un recurso tramposo y demagógico. Esa medida está prevista en la Constitución para que los ciudadanos puedan destituir al presidente, pero ahora la quieren utilizar para respaldar a López Obrador. Quienes la defienden proclaman que se trata de un ejercicio de democracia participativa. En realidad toda democracia es participativa, o no es democracia. En este caso la revocación de mandato es un instrumento de la democracia que, distorsionado por el partido oficial, sería empleado para favorecer a un gobierno autoritario.

Al decir que se trata de “ratificar” a López Obrador, Morena y sus simpatizantes engañan a millares de mexicanos que firman en apoyo a esa consulta creyendo, de buena fe, que el presidente necesita ese aval para seguir a cargo del gobierno.

López Obrador buscó la revocación de mandato para, dándole la vuelta con embustes, obtener un nuevo envión de apoyo popular. En los meses recientes, además, encontró que ese proceso le permitía poner a la autoridad electoral en un brete. Si se reúnen las firmas que hacen falta, el Instituto Nacional Electoral está obligado a realizar la consulta. Para ello, solicitó 3 mil 830 millones de pesos. Sin embargo el gobierno primero, y luego la Cámara de Diputados, lo dejaron sin recursos para organizar esa votación. Después de cancelar otros proyectos y ajustar todos sus gastos, el INE dispondría de 1530 millones de pesos que no son suficientes para una consulta de carácter nacional.

Si el INE se niega a hacer la consulta porque no tiene todos recursos que hacen falta, incumple la ley. Si hace una consulta menguada e insuficiente, con una cantidad de dinero sustancialmente menor a la que se necesita, también estará en falta. Para López Obrador, como ha sido evidente, la autonomía del INE ha sido una constante molestia y por eso ha querido debilitarlo. La consulta de revocación les permitió al presidente y a Morena colocar al INE en una trampa perfecta —o casi—.

López Obrador y su partido se regocijaban ya con las dificultades en las que pusieron al INE al negarle el presupuesto para la consulta. Pero la propuesta del consejero presidente del Instituto, respaldada el viernes pasado por otros cinco consejeros, modifica los términos en los que la autoridad electoral cumplirá con esa obligación. Como no hay presupuesto para la consulta, el INE determinó posponerla de manera temporal.

El INE no se niega a hacer la consulta pero insiste en que, para ello, necesita recursos. Al plantear con realismo esa situación, la resolución del Consejo General del Instituto rompió el entrampamiento creado por Morena y AMLO. Los consejeros del INE que apoyaron esa decisión se han desmarcado de una consulta mal hecha y también del rechazo a la consulta. Esa decisión (que no fue sencilla y se aprobó por una mayoría de 6 consejeros a favor y 5 en contra) tiene ingenio político e inteligencia jurídica. Por eso suscita la furia de los más dogmáticos en el partido oficial.

A partir de esa resolución el INE deja la realización de la consulta —siempre en caso de que se reúnan las adhesiones ciudadanas que requiere— en manos del Poder Judicial. Desde el 7 de diciembre promovió ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra la insuficiencia presupuestal que lo privó de recursos para la consulta de revocación de mandato. La semana pasada el ministro Juan Luis González Alcántara negó la suspensión judicial porque aún no concluye el plazo para recabar las firmas. La Corte no ha resuelto el fondo de la controversia presentada por el INE.

Por otra parte la decisión para posponer temporalmente la organización de la consulta en tanto no haya recursos, será recurrida por Morena ante el Tribunal Federal Electoral. Si ese Tribunal ratifica la decisión del INE, la consulta quedaría en una suerte de limbo en tanto no hubiera presupuesto suficiente. Si la rechaza, la decisión de hacer una consulta sin recursos completos será de esa autoridad judicial y no del Instituto. El INE habrá hecho todo lo institucional y legalmente posible para que la consulta se realice de acuerdo con las reglas y si lo instruyen para organizarla con deficiencias no será por determinación suya.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, ha amenazado con promover denuncias penales y administrativas contra los consejeros del INE que respaldaron la reciente resolución. Hasta ahora es una balandronada; si ese despropósito prosperase, tales acusaciones recordarían el desafuero en 2005 contra López Obrador. Habría una diferencia: en aquel episodio el hoy presidente violó intencionalmente la ley; ahora, los consejeros se esfuerzan para cumplir las normas en la organización de la consulta de revocación y para eso insisten en que haya recursos suficientes. Por lo pronto, el INE tiene un amplio respaldo social que de nuevo se manifiesta en redes y medios.

Para que haya consulta de revocación, es necesario que la solicitud esté respaldada por al menos 2.7 millones de firmas, que significan el 3% de los ciudadanos registrados en la lista de electores. También se requiere que entre tales firmas se cubra ese mismo porcentaje de ciudadanos en al menos en 17 entidades. El plazo para entregar las firmas vence el 25 de diciembre y el INE tiene hasta el 3 de febrero para verificar si son auténticas.

Hasta este fin de semana el INE había recibido y contabilizado únicamente el 37% de las firmas que hacen falta. Sólo en dos entidades (CdMx y Tabasco) se había cubierto el porcentaje de firmas necesarias y eso, sin que hubieran sido completamente revisadas por la autoridad electoral.

El INE ha eludido la trampa en que lo colocaron Morena y AMLO. Aún así, en estas condiciones, la revocación de mandato es una celada contra la democracia.