Convengamos en que la primera responsabilidad del Estado es la de garantizar la vida de las personas. Para cumplir esa responsabilidad el poder del Estado debe ser soberano, o sea, una fuerza por encima de la cual no haya otro poder. Muchas veces ha sido mencionada la famosa definición de Max Weber: “El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el ‘territorio’ es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima.” (Id. “La política como vocación” en Id. El político y el científico, México, Colofón, 2016, p. 8). No obstante, en lo que pocos han reparado es en el hecho de que pocas líneas antes de haber dado esta definición, el pensador de Érfurt, hizo referencia a que, si la violencia no se concentraba y, al contrario, se dispersaba la situación a la que se daba lugar era a la “anarquía.” Tales son los parámetros fundamentales que explican el fenómeno que conocemos como “política.”

Si aplicamos tales conceptos a México veremos, sin mucha dificultad, que en nuestro país el Estado no tiene el monopolio de la violencia; más bien, lo que existe son una miríada de centros de poder—los cárteles de la droga—que se han apropiado de una buena parte del territorio nacional; en esos lugares no impera la ley general de la república, sino la ley que imponen los malvivientes. 

Tienen el control de las “plazas”: exigen derecho de piso, extorsionan a las personas, matan impunemente, dominan los accesos a las poblaciones. En pocas palabras: hacen lo que se les pega la gana, a sabiendas de que la autoridad pública no existe o está bajo su mando.

Por eso resulta un sinsentido la oración “abrazos y no balazos”. Frase que le queda bien a un predicador, pero no a un jefe de Estado cuya primera tarea es saber lo que es el Estado. La fuerza pública se instituyó para ejercer “la violencia física legítima” con el propósito de garantizar la convivencia civilizada. Si algún privado (persona o grupo) hace uso de la violencia tiene que ser inmediatamente detenido y procesado según la ley. O, como decía Thomas Hobbes, la ley sin la espada que la respalde es letra muerta. La fuerza del Estado es una fuerza justificada.

Al salir esa expresión (“abrazos y no balazos”) de la boca del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo fue extender permiso a los facinerosos y grupos delictivos para que actúen impunemente, sin temor a que las fuerzas del orden intervengan. Dicho de otra manera: el mundo al revés. ¿Y entonces por qué se esforzó tanto para llegar a la Primera Magistratura? ¿Acaso para hundir al país en la ingobernabilidad? Es un disparate.

En efecto, es un dislate que ha traído serias consecuencias: cerca de cien mil asesinatos en los tres años que van del gobierno de López Obrador; 25 mil desaparecidos desde 2006. Un aumento del 7.1 por ciento de los feminicidios. Además, en este sexenio, a causa de la violencia entre cárteles, una tercera parte de los 2,471 municipios que hay en el país, tienen menos habitantes que antes de que los homicidios se generalizaran en el país. O sea, hay un desplazamiento poblacional forzado.

Una pifia terrible fue el llamado “culiacanazo”, registrado el 17 de octubre de 2019, en la capital del estado de Sinaloa cuando las fuerzas de seguridad capturaron a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Estaban cumplimentando una orden de aprehensión con fines de extradición. Empero, sicarios del cártel de Sinaloa enfrentaron a miembros del Ejército y de la Guardia Nacional en varios puntos de la ciudad y pusieron sitio al complejo habitacional donde se encontraban familiares de los soldados y oficiales que participaban en el operativo.

Cerca de las 17:00 las autoridades decidieron liberar a Ovidio Guzmán. Posteriormente Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad de haber tomado esa determinación porque “estaban en riesgo muchas vidas y se decidió poner por enfrente la vida.” Al tomar esa medida, el presidente de la República abdicó del carácter soberano del poder del Estado y reconoció, implícitamente, que había una fuerza superior.

A pesar de los desplantes autoritarios y brabucones del hombre de Tepetitán, en los hechos lo que ha demostrado es ineptitud, debilidad, falta de voluntad y displicencia para enfrentar la violencia desplegada por la delincuencia organizada.

Es más, los policías no sólo no protegen al ciudadano, sino que muchas veces lo agreden. Allí está el caso del Estado de México donde muchos automovilistas han sido extorsionados, o literalmente asaltados, por patrulleros de los diversos municipios por los que atraviesa el periférico norte.

Aparte de que, como ya sabemos, autoridades de los diversos órdenes de gobierno están coludidas con las agrupaciones criminales. Recordemos, simplemente, el activismo que desplegaron los cárteles durante las elecciones que culminaron el 6 de junio de 2021: amenazaron, secuestraron y asesinaron a candidatos o a personas involucradas en las labores de proselitismo de los candidatos. Y tuvieron éxito, ahora, a los candidatos que los rufianes apoyaron ya están en funciones trabajando para esas organizaciones delictivas.

Para que tengamos una idea de la gravedad del problema: solamente en la capital de la república hay, por lo menos, cuarenta grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas, la extorsión, el homicidio, la prostitución, el cobro de derecho de piso y el asalto a casas-habitación. Esas organizaciones criminales operan en las dieciséis alcaldías.

Literalmente, estamos a la intemperie, en la indefensión.

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José Fernández Santillán

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