Empleadas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México denuncian que continúan bajo amenazas, discriminación y relegadas a puestos de trabajo en las que podrían ser señalados por uso indebido de funciones, como direcciones de amparos, labores para las que no están capacitadas. 

Esto luego de que el encargado de la dirección de Derechos Humanos de la FGJ, Carlos Frausto, se negara a atender las múltiples demandas, recomendaciones de Derechos Humanos y denuncias en la Fiscalía de Servidores Públicos que su despacho ha acumulado en los últimos meses. 

Las quejosas reclaman que a pesar de haberse manifestado en repetidas ocasiones al exterior de la institución, sus denuncias de abuso sexual no son atendidas, ni los agresores que son sus subordinados son penalizados, sumado a que las peticiones de mesas de trabajo que solicitan con Frausto, son ignoradas por ese funcionario.

“Te voy a agarrar las nalgas, ¿Por qué te vistes así? Se te transparentan los calzones”, es lo que me dice mi agresor Ángel Hernández, pero Carlos Frausto se niega a llamarle la atención y me amenazaron con destituirme e iniciarme una carpeta administrativa si no seguía las instrucciones que se me daban en el trabajo”, narra Alin Oribio, trabajadora de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Alin Oribio expone que después de haber interpuesto una denuncia contra Ángel Antonio Hernández, oficial secretario del Ministerio Público, las amenazas de los trabajadores de la subdirección crecieron, pues su testimonio, evidencias y carpetas de investigación fueron ignoradas y en ningún momento recibieron la atención para que se detuviera el presunto acoso laboral.

Actualmente, la mujer labora en la dirección de amparos, un cargo para el que no recibió preparación, pues tuvo que abandonar su función como asesora de víctimas sin justificación alguna. Esta situación es constante en la Dirección de Derechos Humanos, ya que no es la primera mujer y servidora pública a la que se le coloca en riesgo de ser señalada por desempeñar (de manera obligada) un trabajo para el que no fue instruida.

Sin embargo, a pesar de que varias veces ha pedido su cambio a su anterior labor o a otro departamento de la FGJCDMX, su petición no es atendida y al mismo tiempo, las agresiones dentro de la institución aumentan.

Cambios a dirección de amparos: Modus operandi de las autoridades

“Sin justificación me cambiaron a la dirección de amparos, donde empecé a sufrir acoso del licenciado Ángel Antonio Hernández Hinojosa, me invitaba a salir y cuando le dije que no, empezó a ser más agresivo, me amenazaba con tocar mi cuerpo, por mensaje y en la oficina me decía que me iba a agarrar las nalgas; me aventaba los documentos, entonces decidí agotar instancias, fui con la subdirectora Reyna Paola de León, hasta con el director general Carlos Frausto. Además le pedí que me regresara a mi área de adscripción en Derechos Humanos, solamente quería respeto. En lugar de mejorar la relación laboral, todo empeoró, Frausto nunca me quiso recibir, me lo encontraba en los pasillos y me decía que no era el momento ni el lugar, le pedí muchísimas citas a su secretaria, escritos solicitándole audiencias y jamás lo hizo”, relató Alin.

“Como las agresiones de Ángel continuaban, hablé con el director general del jurídico consultivo, el licenciado Edmundo Escobar, quien también fue muy agresivo y me dijo que si no seguía las instrucciones que se me daban, me iba a iniciar un acta administrativa y si seguía, me iba a destituir, cosa que no procede porque mis funciones son otras, no en el área de amparos. Aunque no lo podían hacer, son autoridades y al estar en un proceso siempre salimos perjudicadas”.

Asimismo, la Comisión de DH convocó a Frausto para celebrar mesas de trabajo para que de inmediato se removiera a la quejosa al área de trabajo para la que fue contratada, llamado que fue ignorado.

“En todas las ocasiones que hablé con Edmundo me quitaban el celular, violaban mi derecho a tener evidencias; él sí podía grabar las conversaciones, me decía que yo podía proceder como quisiera en contra de Ángel, entonces acudí a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a presentar mi queja y no se ha concluido, porque Frausto niega todo lo que sucedió, incluso en una contestación escribió que tuve un altercado con una compañera, eso no pasó, en ningún momento detalló la situación, no describió los hechos ni menciona a la persona ni su cargo, ni hay una queja en mi contra, situación por la que según él, me cambiaron de lugar de trabajo”.

“Reyna Paola siempre me decía que mi trabajo estaba mal, cuando me mandó a las oficinas Coyoacán le dije que eso estaba fuera de mis funciones y me amenazó con iniciarme un proceso administrativo y retirarme del cargo. Además me ordenó que trabajara y que dejara de estar de conflictiva, no sé por qué encubren tanto a Ángel. Aunque me dieron actividades que no me corresponden y solicité a recursos humanos que me regresaran a mi puesto de trabajo conforme al profesiograma, sigue el hostigamiento, quieren que busque los expedientes, pero parece un basurero, no hay un archivo ¿Cómo vas a hacer 10 actividades en un día donde está todo desordenado?”.

“Nunca tuve algún problema, no hay ninguna queja en mi contra, estoy comprometida con la institución, estoy contratada para trabajar por la ciudadanía, no para ellos, por eso he llevado todo legal”.

Otra de las contestaciones de Frausto fue que Alin se negó a realizar las actividades que le encomendaron, sin embargo, desde hace tres años a la mujer se le colocó en el área de amparos, sitio en el que podría ser señalada por uno indebido de funciones, pues su contrato, plaza laboral e historial académico no están capacitados ni aludidos para ello. En ese sitio estuvo a cargo de la licenciada Gisela Barrón, mujer que también fue víctima de acoso y discriminación de Frausto y de su mano derecha, Federico Vera, hechos que Crónica previamente documentó.

Como es costumbre, la dirección de amparos de la FGJCDMX se convirtió en un sitio para relegar al personal que decide iniciar carpetas de investigación y denuncias contra servidores públicos, sin embargo, bajo el riesgo de ser acusadas por actos ilegales al firmar documentación bajo una plaza de trabajo para la cual no fueron contratadas. Además, como en el caso de Barrón, a Alin se le obligó a llevar a cabo actividades de rutas que se envían a Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, San Lázaro, Suprema Corte y Coyoacán, acciones que deberían ser atendidas por cuatro personas, sin que para ello existiera una capacitación previa. Durante el proceso de quejas, la Comisión de Derechos Humanos emitió varias recomendaciones para que la afectada fuera cambiada de puesto, lejos de su presunto agresor, llamado que siempre fue ignorado por Frausto.

La Ley Federal del Trabajo, en el Capítulo III Bis, expone que todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados.

“En la oficina de Iniciales, Ángel Antonio Hernández llegó a mi escritorio y dejó los documentos que él había generado, por lo que le mencioné que ahí no era su lugar y que estaban desordenados y comenzó a gritarme: yo no tengo educación y menos con alguien tan vulgar y corriente como tú”, dijo.

Recomendaciones de Derechos Humanos ignoradas

En la contestación de la recomendación de Derechos Humanos, Frausto describe: “Con el ánimo de solucionar la problemática que refiere la peticionaria y toda vez que no es posible un cambio de área por las necesidades del servicio ya manifestadas, se les invitó a dialogar en conjunto para encontrar una alternativa de solución, a lo cual la peticionaria se negó rotundamente”, hecho que según Alin, es falso.

Luego de varias negativas para que Alin fuera colocada en el sitio para el que inicialmente fue contratada, decidió iniciar una carpeta de investigación en la Fiscalía para investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos en contra de Ángel Hernández por el delito de acoso sexual, en el que en su testimonio explica los mensajes de texto que el hombre le enviaba, además de las vejaciones y comentarios discriminatorios que recibía del hombre, como “te voy a agarrar las bubis” o “¿Por qué te vistes así? Se te transparentan los calzones”.

“Siempre me invitaba a salir, aunque en la Fiscalía estaba su novia, que ahora es su esposa, yo me operé y me decía que si las nalgas también era de verdad y que un día me las iba a agarrar, algunas eran en la oficina y las menos elevadas de tono eran por mensaje”, relató.

Aunque la víctima narra que en el estudio psicológico que por protocolo se les realiza a las víctimas, sí se expone una afectación, el proceso se ha detenido, ya que el hombre tiene un domicilio en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, por lo que Alin recibió la contestación que se necesita el presupuesto necesario para que un policía notificador acuda a su hogar para que el proceso legal pueda continuar, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), hecho que hasta el momento no ha sucedido, a pesar de que es considerado un delito de alto impacto.

“Cuando se enteró que me había quejado, lanzaba comentarios que tuviera cuidado, porque como es de Neza, tiene a ese barrio con él, no sé si me va a pasar algo cuando salga”.

Carpetas de investigación hacia empleados

Posteriormente, Alin inició otra carpeta de investigación por el delito de discriminación en contra de Reyna Paola de León y Edmundo Escobar, en la que narra las funciones que fue obligada realizar en la dirección de amparos, sumado a los insultos que recibía de la subdirectora y las amenazas de ser destituida que recibía cuando se quejaba con sus superiores por las actitudes de Ángel.

“La imputada en diversas ocasiones me ha vejado, al ignorarme cuando le hablo por cuestiones laborales, además de que me ha gritado frente a diversos compañeros de trabajo, asimismo no justifica incidencias laborales ni días económicos, que de todo lo anterior tiene conocimiento el licenciado Edmundo Escobar. Las funciones que se me asignan no se encuentran dentro de las mías, lo cual pone en riesgo mi integridad”, se lee en la carpeta de investigación.

El Instituto Mexicano del seguro Social define al "mobbing" o acoso laboral como el abuso psicológico de maltrato verbal o modal que de manera crónica y frecuente que recibe un trabajador por parte de compañeros, mismos que, mediante conductas hostiles, tratan de provocar la salida de la víctima de la institución o aniquilarlo psicológicamente.

Este medio de comunicación contactó a Carlos Frausto para cuestionarlo por su aparente negativa de realizar la investigación correspondiente hacia las denuncias en contra de sus empleados, sin embargo, el funcionario se negó a responder y comentó que el área de comunicación social de la FGJCDMX daría su versión de los hechos, sin embargo, el contacto nunca existió.

Luego de que varias trabajadoras decidieron difundir sus testimonios, decidieron manifestarse al exterior de la FGJCDMX para que el actual encargado de despacho, Ulises Lara, convoque a una mesa de trabajo e inicie las investigaciones hacia Frausto y sus empleados. Aunque no fueron recibidas por el exvocero, las autoridades le solicitaron al sindicato una lista de las trabajadoras afectadas, las cuales son más de 15. La institución prometió que próximamente resolvería su cambio de adscripción de las quejosas, sin embargo, las personas señaladas laboran normalmente en sus funciones, sin que sean removidas del cargo o que las carpetas en su contra sean analizadas con el proceso correspondiente.

Al momento, Alin continúa en su área de trabajo, a un pasillo de distancia de su presunto agresor y a cargo de tareas para las que no fue capacitada ni corresponden a sus estudios profesionales, con el ánimo de que algún día pueda regresar a su área calificada. Aunque las denuncias y carpetas de investigación sí procedieron, la FGJCDMX se niega judicializarlas, algo contrario al lema que predican sus autoridades, es decir: “las víctimas al centro, por encima de la Ley, nadie”.