Hoy 5 de febrero de 2021, conmemoramos el 104° aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República. Ese acontecimiento tuvo lugar en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Nuestra Carta Magna continuó la línea trazada por las constituciones liberales de 1824 y 1857, pero añadió a esa tradición progresista los derechos sociales en los artículos 27 y 123.

El artículo 27 estipula: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.” Con base en este artículo se pudo llevar a cabo una de las grandes aspiraciones del movimiento armado iniciado por Don Francisco I. Madero, el 20 de noviembre de 1910, el reparto agrario. En efecto, la Revolución fue, primordialmente, un movimiento campesino contra la concentración de la riqueza, especialmente el acaparamiento de las tierras por parte de un puñado de hacendados protegidos por Porfirio Díaz, y contra la concentración del poder en manos del dictador, quien había violado sistemáticamente la Constitución de 1824.

Al decretarse la Constitución de Querétaro estaban puestas bases de legitimidad y legalidad del proyecto de nación que allí se había trazado, pero aún no se implantaban los mecanismos institucionales que llevarían a cumplimiento ese propósito. Esa Constitución, por cierto, daba amplias facultades al poder público para intervenir en la economía. Había que edificar las instituciones que hicieran realidad esas facultades, es decir, el Estado del Régimen de la Revolución; como vértice de ese Estado fuerte quedó la institución presidencial. Había que pasar del caudillismo (dispersión del poder) a la institucionalización (creación del poder político).

No fue, sino hasta el sexenio del General Lázaro Cárdenas que se logró erigir ese Estado fuerte con instituciones públicas que pusieron en acto el proyecto revolucionario a través de las reformas sociales. Había que organizar a las masas sociales y eso se logró con la creación del Partido de la Revolución Mexicana (1938) que le dio una base de sustentación inusitada al poder público.

La maquinaria del Estado se echó a andar. Ya habían sido creados el Banco de México, la Comisión Nacional de Caminos, el Departamento del Trabajo. Con Cárdenas se repartieron cerca de 20 millones de hectáreas entre los campesinos. El reparto agrario tenía que ser complementado con el impulso al desarrollo del campo. Para eso se crearon La Secretaría de Agricultura y Fomento, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Ejidal. Se nacionalizó el petróleo y se puso en marcha la administración obrera de Ferrocarriles Nacionales.

Se respetó el papel de la economía privada y se dotó, al mismo tiempo, a los trabajadores de los recursos necesarios para hacer funcionar los ejidos y las cooperativas. De esta manera, reformas sociales y desarrollo económico terminaron siendo lo mismo, todo para procurar la justicia social, propósito fundamental de la Revolución.

Así continuó cumpliéndose con el rumbo marcado por la Constitución de 1917. Cada presidente, en sus informes de gobierno, daba cuenta de los avances logrados: construcción de escuelas, hospitales, presas, sistemas de riego, instituciones de salud, construcción de carreteras, infraestructura, urbanización, electrificación, y así por el estilo. Durante décadas se garantizó la estabilidad política y la paz social. Un factor fundamental para que esto se lograra fue “la alianza de clases”.

Sin embargo, también hay que señalar los males que aquejaron al Régimen de la Revolución: corrupción, desorden en las finanzas públicas que nos llevó a finales del sexenio de José López Portillo a tener una inflación de tres dígitos.

En lugar del Estado asistencial (Welfare State) se impuso el neoliberalismo desde la época de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ese modelo económico consistió en la implantación de las privatizaciones de las empresas públicas, despidos masivos, ruptura de la alianza de clases, libre mercado, concentración de la riqueza, la sustitución de la clase política (“Familia Revolucionaria” como la llamó Frank Brandenburg) por la clase tecnócrata. Retirar lo más posible al Estado de la economía y dejar todo a las fuerzas del mercado.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder abanderando la “Cuarta Transformación” supondría un avance en la dirección establecida por las constituciones de 1824, 1857 y 1917; pero no es así. En realidad, la 4T ha significado un retroceso hacia el conservadurismo. Ha rehabilitado lo peor tanto del antiguo Régimen de la Revolución (autoritarismo y corrupción) y del neoliberalismo (la austeridad republicana). Incluso, tiene rasgos del porfiriato: la concentración del poder en una persona. La justicia social ha sido sustituida por el clientelismo. Asistimos a un proceso de desconstitucionalización y desinstitucionalización.

La institución presidencial ha sufrido una grave degeneración: de ser una figura integradora a ser un factor de discordia.

Si algo logró la transición a la democracia fue poner límites al poder presidencial; ahora, en cambio, el Jefe del Ejecutivo está centralizando de nuevo el poder y transgrediendo la división y equilibrio de poderes.

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