La existencia del congreso o parlamento se origina en la idea de una ley democrática. Dado que deseamos un derecho democrático, reconocemos la soberanía popular, y por tanto, no aceptamos los mandatos obligatorios de un tirano o dictador.

De ahí se desprende que, como ciudadanas o ciudadanos, aceptamos la ley siempre que se encuentre vinculada, de alguna forma, con nosotros, como parte de este pueblo soberano.

Si bien parecería que la forma ideal de obtener esas leyes sería mediante los referendos ciudadanos, la realidad es que dicho supuesto es imposible. Además, para muchas personas incluso termina por no ser deseable.

No siendo posible que toda la ciudadanía se reúna para tomar decisiones legislativas, hay que encontrar otras formas para conseguir, por un lado, mantener la ligazón entre ley y ciudadanía; y por otro, permitir la creación oportuna de normas generales.

Así se toma la idea de la representación y se empieza a construir la idea de que la ciudadanía vota por personas que hablen en su lugar; y, sobre todo, que tomen decisiones que obliguen a quienes votaron por ellas.

De esta manera tenemos leyes democráticas. No perfectas, pero sí vinculadas con la ciudadanía.

Ahora bien, esto nos lleva al problema de la representación, que es responder a la pregunta: ¿Cómo logramos reflejar las necesidades ciudadanas en el órgano que hace las leyes en su nombre?

La respuesta a que se llegó desde el siglo XVIII, y que en buena medida sigue siendo la que hoy nos damos, es que eso se consigue a través de una representación geográficamente proporcionada. Si decimos que “una persona, un voto”, entonces para levar esto a la realidad, debe asegurarse que cada representante sea electo por un número similar de ciudadanos/as que los demás integrantes del legislativo.

Esto ha provocado, en los países que siguen el modelo de democracia representativa liberal, una discusión muy interesante acerca de la geografía electoral, buscando principalmente que, en el diseño de la misma, se eviten consideraciones políticas, para que se realice tomando en cuenta datos objetivos, tomando como base la población.

Ahora bien, ¿esta representación es la adecuada para nuestros tiempos? Es una pregunta pertinente.

Mantenemos una idea surgida en el siglo XVIII, como he dicho. Y no por antigua es mala o debe ser cambiada, pero cualquier diseño político, para ser útil, debe confrontarse con la realidad social en que opera.

Así, me parece que nuestra sociedad actual, la mexicana, tan multicultural y diversa, ha requerido ajustes en el modelo de representación política. No hemos sustituido la clave geográfica y poblacional, pero hemos reconocido una realidad: el sistema tradicional no ha garantizado una completa representación social.

Primero, se reconoció la deuda histórica con las mujeres, que han tenido siempre una presencia menor en los parlamentos, por relación a su peso real en la población. Así, se implementaron primero acciones afirmativas, luego se fijó la paridad constitucional en las postulaciones electorales, con la finalidad de garantizar la presencia de mujeres en pie de igualdad.

Esto incluso se ha logrado, gracias a una sentencia del Tribunal Electoral, en la actual Cámara de Diputados y Diputadas.

Segundo, se tomaron decisiones para garantizar la presencia de personas de origen indígena, otro grupo que tampoco había tenido la representación adecuada en los congresos. No solo se reconoce el derecho al autogobierno de las comunidades indígenas, sino también se les garantiza un espacio en la toma de decisiones legislativas locales y nacionales.

Tercero, se incorporaron, por mandato judicial, diputaciones para personas migrantes, así como para aquellas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.

Todas estas modificaciones al modelo tradicional de representación no eliminan el elemento geográfico, sino que lo complementa, a fin de reconocer algo que no se veía con claridad hace dos siglos: lo variado de la sociedad.

Las medidas tomadas, ya sean sentencias, acciones afirmativas o reformas constitucionales, deben tener como efecto la integración de una agenda legislativa plural, amplia, que tome en cuenta los puntos de vista de aquellas personas que no han sido adecuadamente integradas, en el pasado, en los espacios de toma de decisiones políticas.