La indignación producida por la investigación de la que es objeto el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT AC), ha despertado en algunos segmentos de la llamada “comunidad” científica una furia visiblemente sincronizada, que hace sacar espumarajos a algunos científicos con posible razón, sin ella o con base en la propalación de mentiras o medias verdades. El segundo y tercer caso, indignarse sin razón o a partir de una “narrativa” que apela más a la emoción que al juicio crítico, es algo que un buen científico no debería permitirse. Por el contrario, el ánimo polarizador y la histeria en algunos representantes de esta comunidad es palpable y ha sacado a relucir el cobre de ciertos manejos que deben investigarse desde el ámbito administrativo y sólo entonces deslindar posibles responsabilidades penales.

Estamos frente a un asunto de recursos públicos y posible financiamiento privado ilegal, muchos científicos lo saben y por eso no se suman al coro plañidero, mediante la adopción de varios criterios, guardar “prudente” o “moderado” silencio o manifestar su abierto desacuerdo a lo que un puñado de científicos han dado en llamar una persecución contra todos los integrantes de dicha comunidad.

Por otra parte, algunos de los ex coordinadores del Foro Consultivo de marras creado por supuesto durante la gestión de Vicente Fox, han dicho que ellos no se responsabilizan de las consecuencias que pueda originar a lo que se empeñan en llamar una persecución política. Supongo que en su imaginario piensan que masas enardecidas de estudiantes, académicos explotados y empleados sindicales saldrán a las calles o se pondrán en huelga porque si tocan a una de sus vacas sagradas, tocan a todos. Se les investiga como funcionarios, no como científicos, ha dicho, y bien, Julio Hernández.

La investigación, como ya es habitual, mal integrada por la FGR, tiene un precedente en una serie de trabajos del Departamento de Periodismo, Datos y Tecnología, de PODER ORG, organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro, fundada, como dice su sitio en 2010 por Benjamin Cokelet, que busca fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales, con el fin de que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

De acuerdo con una recomendable entrevista realizada por Romina Gándara a Ricardo Balderas de PODER ORG, esta organización empezó a investigar al Conacyt en varios ramos, su relación con Monsanto, con el grupo México a través de la Universidad de Sonora y un sistema de subcontratación para la redacción de boletines por la friolera de 82 millones de pesos. Todas estas investigaciones periodísticas pueden seguirse a detalle en la página titulada: La mafia de la ciencia, en la que hay documentos, entrevistas y extensos reportajes de algo que los compañeros de Poder han documentado.

El asunto se ha hecho parcialmente público, y ya entró en la lógica del tecnicismo legal a modo vs la justicia. Si hay responsabilidades que se investigue, han dicho con un poco de más prudencia algunos funcionarios de gobierno a contracorriente del dicho presidencial sobre el asunto: “el que nada debe, nada teme”. Claudia Sheinbaum, en sintonía con el rector de la UNAM que forma parte de la mesa directiva del FCCyT AC, catalogó de “excesivas” las órdenes de aprehensión desestimadas por el juez.

En la entrevista, respaldada en varios años de minuciosa investigación documentada, Ricardo Balderas comenta que el FCCyT AC ha operado con múltiples irregularidades como su constitución en AC pese a que en la ley se encuentra considerado como un órgano interno fiscalizador y fiscalizable del Conacyt. El acta constitutiva de dicha AC le impide lucrar al FCCyT AC, pero durante años este organismo ha incumplido con sus propios estatutos como el pagarse sueldos o comprar propiedades como una casa de más de diez millones de pesos en Coyoacán. Sobre este inmueble, hasta hace muy poco ninguno de los coordinadores sabía de dónde provinieron los recursos, pero Ricardo Balderas comenta que a raíz del escándalo producto de las filtraciones de la investigación de la FGR, se reveló que el dinero pudo provenir de negocios con empresarios mineros a los que este organismo se encuentra ligado. De hecho los dictámenes técnicos con relación a la tragedia de Pasta de Conchos fueron avalados por integrantes del FCCyT AC, además de que el organismo avaló la reforma energética de Peña Nieto que probó ser un rotundo fracaso.

Además de recibir dinero privado, desde luego los miembros del FCCyT AC obtenían recursos del Conacyt y sus coordinadores se asignaban por lo regular el recurso. Tal fue el caso de la coordinadora en funciones hasta el 6 de julio de 2020, quien antes de pasar a la coordinación del FCCyT AC, le asignó la partida millonaria más grande de la historia de la AC en cuestión.

Los recursos para la investigación son objeto de las más enconadas disputas. La descalificación al trabajo de la doctora María Elena Álvarez-Buylla es tan escandalosa como las exageradas órdenes de captura contra científicos en labores administrativas. Pero de que hay mafias científicas no tengo ni la menor duda. ¿O no?

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Letras al pie

Imagen cortesía de Carlos Pérez Bucio: “Científico loco”, 40x30 cm. Tinta y pierre noire sobre papel.