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El pasado martes 3 de diciembre a las 11 de la noche, en un anuncio televisivo no programado, el presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial acusando a los partidos de oposición en la Asamblea Nacional de conspirar contra el Estado bajo la influencia de fuerzas comunistas de Corea del Norte. Con ello, el ejército se movilizó e intentó tomar las instalaciones legislativas para evitar que se realizara cualquier acto político. Prácticamente todos los legisladores adversarios del gobierno lograron ingresar al recinto y, en dos horas, declararon el rechazo a semejante medida calificándola de ilegal. Después de un silencio de casi cuatro horas, el presidente se retractó, no sin antes reafirmar la razón que tuvo para dar ese paso que, para muchos, se trató de un impulso caprichoso y que solo podía terminar en la destitución de Yoon e, incluso, acusarlo de traición, rebelión y abuso de poder.
Conforme pasaron las horas, la sorpresa e incomprensión del acto de Yoon fueron los temas dominantes. Salvo el ministro de Defensa, la mayoría de sus allegados políticos, funcionarios y miembros del partido oficial reconocieron que no habían sido informados, mucho menos consultados, sobre lo que estaría por ocurrir. La supuesta irracionalidad de la ley marcial, calificada también como un suicidio político que, posiblemente, podría llevarlo a la cárcel, es la cuestión más sobresaliente, ya que uno supondría que Yoon Suk-yeol tendría que haber considerado la posibilidad de rechazo y la reacción popular.
Yoon Suk-yeol es presidente de la República de Corea desde mayo de 2022, tras el proceso electoral que ganó con un margen muy pequeño sobre su adversario progresista Lee Jae-myung. Su fama como fiscal y actor destacado en juicios de corrupción de grandes políticos surcoreanos, como la misma expresidenta Park Geun-hye, le granjearon cierta legitimidad en una sociedad cansada abuso de poder para obtener ganancias personales por parte de la clase política. La corrupción es un tema muy sensible para la población y, gracias a su histórica y potente capacidad de movilización, ha logrado cambiar el rumbo de políticas y también derrocar gobiernos como el de Park. Yoon ganó las elecciones en la primavera de 2022 porque se esperaba que fuera un gobierno más limpio. Sin embargo, su administración está plagada de acusaciones de abuso y corrupción, incluyendo de su propia esposa.
Posiblemente muchas de las acusaciones estén suficientemente fundamentadas y documentadas. Un número importante de altos funcionarios, fiscales y el mismo auditor nacional han sido blanco de mociones de juicio político por parte de legisladores de oposición. Además, numerosas iniciativas del ejecutivo han sido bloqueadas, incluyendo el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2025. Con ello, el gobierno está prácticamente paralizado y esa es la frustración principal que llevó a Yoon a declarar la ley marcial y, así, tener el camino libre para realizar su trabajo. Esto es una mala idea en cualquier democracia, sobre todo la coreana que conoce de dictaduras.
Entonces, ¿por qué el presidente decidió decretar la ley marcial a sabiendas de que sería rechazada en la Asamblea Nacional controlada por la oposición? Si consideramos las pocas opciones disponibles para hacer algo que frenara la caída en su aceptación social (entre 20 y 16% y a la baja en esos días) y destrabar el impasse al que el gobierno de Yoon está sometido, la ley marcial adquiere mayor sentido. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias, el principal sentido razonable es que se trató de un último recurso para denunciar ante la sociedad surcoreana y al mundo lo que pasa en la política de su país.
El mensaje que puede entreverse es que la práctica de la oposición, sea progresista o conservadora, es disfuncional en la democracia coreana. Esto es, parece asumirse que la misión principal de la oposición es rechazar sin mayor debate las iniciativas del gobierno en turno. Me parece que esta es la discusión que debe tenerse dentro y fuera de Corea, ya que no es una práctica exclusiva de ese país. Sea un régimen republicano o parlamentario, los componentes institucionales que proveen de mecanismos que equilibran el poder y contienen los abusos de personas o minorías políticas, también pueden ser utilizados con miras a minar y destruir al gobierno en funciones con el fin de ganar las siguientes elecciones. Y así sucesivamente. Claro está que la democracia tiene la virtud de generar competencia política que derive en mejores ideas y proyectos de bienestar, sea cual sea el programa y visión partidista. Sin embargo, la competencia política en muchas democracias se ha desvirtuado al establecer medidas de corto plazo enfocadas a ganar elecciones, no necesariamente a construir consensos y fundamentos para progresar en convivencia sana y armónica entre generaciones y entre la diversidad de intereses, razas, géneros, preferencias sexuales, estilos de vida existentes en cualquier sociedad.
Por lo anterior, es posible que Yoon Suk-yeol pase a la historia por su falta de habilidad política o, quizá, como mártir de una batalla por la redefinición de la democracia coreana y su práctica.
*Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM