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Un nuevo intento por reducir el consumo de comida chatarra en las escuelas inició en marzo pasado, y es que el problema no es menor. De acuerdo con datos publicados por Teresa Shamah-Levy y colaboradores en 2024[1], la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares (5 a 11 años) y adolescentes (12 a 19 años) en México es de 36.5 y 40.4%, respectivamente. La publicación advierte que el consumo de azúcares añadidos aporta el 22% de la ingesta energética y cerca del 66% de la población supera el límite máximo del 10% de acuerdo a la OMS.
Los entornos obesogénicos dificultan el acceso para el consumo de alimentos saludables, de tal forma que solo uno de cada cuatro escolares o adolescentes cubre la recomendación de consumo de frutas y verduras. Está bien documentado que la obesidad en etapas tempranas predispone al padecimiento de enfermedades metabólicas relacionadas con afectaciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer, además de provocar problemas como hígado graso, apnea del sueño y problemas posturales[2].
Los esfuerzos han transitado por diferentes momentos. En 2010 la Secretaría de Educación Pública emitió lineamientos para regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas y, con ello, reducir el consumo de productos ultraprocesados. Estos lineamientos no eran vinculantes y no contaban con mecanismos de supervisión o sanción, por lo que no dieron buenos resultados. En 2014 se retomaron los lineamientos haciéndolos obligatorios, pero aún así, la falta de vigilancia y la resistencia de algunos sectores resultaron en una implementación ineficiente.
En 2020 se introdujo el Sistema de etiquetado frontal que obliga a los productos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio a mostrar etiquetas de advertencia. En 2021 se aprobó una modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que incluía la eliminación de alimentos ultraprocesados pero nuevamente tuvo impacto limitado.
En marzo del 2025 entró en vigor la prohibición de venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en todo el país, como parte del programa “Vida Saludable”. Esta estrategia enfrenta limitaciones que deberán ser salvadas como el bajo porcentaje de escuelas, apenas 20%, que cuentan con acceso a frutas, verduras y bebederos funcionales. La venta de comida chatarra al exterior de las escuelas es otro problema que habrá que resolver, además de resistencias y conflictos de interés que complican la eliminación de la comida chatarra en las escuelas.
Es importante considerar las estrategias que otros países han implementado, en donde las restricciones son más estrictas, se han incrementado los impuestos a los productos ultraprocesados pero, sobre todo, se han incluido estrategias de educación alimentaria. La educación es la base para la toma de decisiones de manera informada, de manera que es indispensable insertar desde el nivel preescolar actividades que faciliten el proceso de aprendizaje sobre la salud y la alimentación. Las estrategias pueden ser lúdicas como los talleres de cocina, los huertos escolares o en casa y, desde luego formales.
Sin duda, una política restrictiva debe ir acompañada de estrategias educativas que permita asimilar el conocimiento sobre la importancia de una buena alimentación, saludable y sostenible. Además, estas acciones deben de ir de la mano de la disposición de padres y madres de familia por cambiar hábitos alimenticios e incorporar actividades deportivas en sus vidas diarias, como parte de una vida integral saludable.
[1] https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/analiticos/15842-Texto%20del%20art%C3%ADculo-82492-3-10-20240822.pdf
[2] Lister NB, Baur LA, Felix JF, Hill AJ, Marcus C, Reinehr T, et al. Childand adolescent obesity. Nat Rev Dis Primers. 2023;9(1):24. https://doi. org/10.1038/s41572-023-00435-4