“¿Por qué usar la desaparición para pensar el problema de la relación entre crimen organizado y Estado?”, fue una de las preguntas eje de la tercera sesión del ciclo Pensar la desaparición, coordinada por Claudio Lomnitz, miembro de El Colegio Nacional.
“La razón es que la desaparición representa, si no un acuerdo entre crimen organizado y Estado, al menos sí un posible pacto: al no dejar el cuerpo asesinado en un espacio público para ser procesado por agentes del Estado, el crimen organizado que ejecuta la desaparición permite que el Estado ignore o niegue la existencia de un crimen y, en ese sentido, lo exime de tener que investigar, porque no necesariamente ha habido un crimen cuando hay una desaparición”, resaltó durante la conferencia “Desaparición y gobernanza”, dictada de manera presencial en el Aula Mayor de la institución.
Después de reflexionar sobre varios de los conceptos que acompañaron su cátedra, el colegiado insistió en el hecho de la desaparición como una forma de que el Estado deje de ejercer su responsabilidad, pues si el crimen organizado, en lugar de dejar tirado un cuerpo, lo desaparece, el Estado queda sin la obligación de investigar, incluso de tener que reconocer que existe el crimen, y “también lo exime de tener que asumir la ineficacia o inoperancia de su soberanía o/y más específicamente de su capacidad como Estado biopolítico, de su capacidad de cuidar a su población”.
El antropólogo social dijo que “la seguridad pública es, desde un punto de vista biopolítico, un bien público; entonces, sí resulta que están matando gente en la calle o en su casa y la están dejando tirada aquí y allá, queda muy claro que la capacidad del Estado de garantizar ese bien público es limitada. Si desapareces, en lugar de dejar tirado el cuerpo, hay más espacio para que tal o cual gobernante niegue completamente su falta de control sobre ese bien público, representado por la seguridad”.
En este sentido, abundó Lomnitz, la desaparición versus el homicidio representa un espacio de posible acuerdo entre crimen organizado y Estado, lo cual no significa que el acuerdo exista todo el tiempo, sino que estructuralmente la desaparición se presta más para acuerdos entre el crimen organizado y Estado que el homicidio, como se refleja en las dos matanzas de San Fernando, Tamaulipas, la primera de los 72 migrantes; la segunda, que fue un proceso más prolongado en donde se encontraron alrededor de 190 personas enterradas en fosas clandestinas.
“Las dos matanzas no buscaban ni levantar un escándalo público, ni crearle trabajo al Estado mexicano. De hecho, Marcela Turatti describe cómo los Zetas intentaron acallar el escándalo generado por San Fernando dos, asesinando e intimidando a los agentes del Estado y de los medios que habían colaborado en la creación de un escándalo público: había en la estrategia de desaparición usada por los Zetas en San Fernando, la posibilidad de que colaboraran con autoridades locales y con fuerzas del orden, ya fuera locales, estatales o federales que les fueran afines.
“Una vez que el asesinato masivo quedó expuesto, el poderío local de los Zetas también quedó expuesto y ellos debieron negociar y encontrar la forma de aplacar la acción del Estado, especialmente del fuero federal. Parte de la razón por la que lo Zetas tratan de acallar San Fernando dos es porque todos esos cuerpos llaman la atención del público y del Estado sobre un arreglo local que estaba funcionando bien para ellos hasta ese momento”, resaltó.
Por otro lado, está un caso como el de Cadereyta, donde 49 cuerpos fueron tirados deliberadamente a la orilla de la carretera para ser encontrados y para generar un escándalo público, lo que se conoce como “calentar una plaza”. En los casos de San Fernando se tienen desapariciones masivas, mientras en Cadereyta se da una desaparición previa en la frontera, muchas veces de migrantes centroamericanos y algunos mexicanos, a quienes asesinan para llamar la atención del Estado, lo que obliga la intervención del Estado, porque “la desaparición permite la no intervención del Estado”.
“Cuando un cártel entra a un territorio nuevo en un proceso de guerra entre cárteles, es frecuente que coloque mantas explicando que no tiene pleito con el gobierno. Se busca mantener una relación respetuosa con el gobierno, donde cada uno reconozca esferas separadas de acción —veneno mata veneno— y la desaparición es una manera de consolidar esa clase de alianza, al no dejarle al gobierno un trabajo claro que debe o tiene que hacer, así le dejen el tiradero de cuerpos.
“No es por nada que la desaparición ha generado un movimiento de exigencias al Estado, aun cuando ha habido muchos más homicidios que desapariciones: desde el 2006 hay, entre muertos, homicidios y desaparecidos, 600 mil personas. Según el registro, se tienen más o menos 124 mil desaparecidos y los otros 470 mil son homicidios. Lo que es interesante es que, aunque es más común el homicidio que la desaparición, el movimiento social de exigencia al Estado proviene de los desaparecidos, antes que de las familias de víctimas de homicidio”.
Desde su perspectiva, ello tiene que ver con la sospecha, muy fundada, de que la desaparición implica una aquiescencia, una no investigación activa de parte del Estado; en este sentido, el movimiento social de búsqueda y de protesta por las desapariciones, apuntalado por el hecho de que la desaparición impide el proceso de duelo a los familiares y a los amigos, haciendo permanente la ausencia y la pérdida, por lo cual la gente que se moviliza por un desaparecido nunca se detiene hasta que no aparezca y, a veces, “hasta cuando aparece, entonces se sigue también porque el fenómeno ya los ha movido, ya los ha tocado personalmente, mientras que el homicidio sí permite el duelo”.
“La aquiescencia respecto a la desaparición sugiere que la relación entre Estado y crimen organizado sigue vigente y quienes piensan que la exhibición de cuerpos y de restos mutilados es el signo característico de las violencias actuales, quizá deban matizar un poco: la exhibición del cuerpo asesinado o desmembrado, es una opción estratégica para el crimen organizado y la desaparición es la otra gran alternativa y, con frecuencia, es la solución más útil, porque es la que permite que el Estado ‘los deje trabajar’: veneno mata veneno”.
CONCEPTUALIZACIÓN.
El también historiador se planteó, en una primera parte de la conferencia, discutir la idea de gubernamentalidad, el concepto de Michel Foucault, que se refiere a la racionalidad del arte de gobernar y la relación entre esto y el crimen organizado, si existe incluso una posibilidad de gubernamentalidad para el crimen organizado, “dado que a lo largo de mis intervenciones en los últimos años he estado haciendo un alegato de que el crimen organizado puede ser entendido como un horizonte de algo que llamo soberanía negativa, una soberanía que se basa en la capacidad de quitar, de robar, de quitar la vida, de secuestrar.
“Si predomina la soberanía negativa —por definición priva el poder de quitar la vida—, por encima del de manejarla, no puede existir biopolítica, en el concepto clásico de Foucault: un Estado que tolera la existencia de un horizonte robusto de soberanía negativa, aunque haya instancias donde el crimen organizado incursione en estrategias características de la biopolítica”, señaló Claudio Lomnitz.
La idea de la biopolítica tiene que ver con el manejo de la población, y de la reproducción de la población. La metáfora usual para pensar en la idea de biopolítica es pastoral. El manejo que hace el soberano de los súbitos tiene un paralelo al manejo del pastor a las ovejas: le interesa que vivan, que estén sanas y que la manada florezca.
Por lo tanto, si hay un horizonte de soberanía negativa, de una soberanía que se basa en la capacidad de matar, el Estado biopolítico enfrenta algunos problemas y el “paréntesis que dio pie a estas definiciones mías, es que es cierto que hay algunas organizaciones o cárteles, que ocasionalmente incursionan con estrategias biopolíticas, por ejemplo: distribuyen despensas, invierten en bienes públicos, como escuelas o carreteras, ayudan en situaciones de emergencia, las cuales son características de la biopolítica y no de la soberanía negativa”.
Sin embargo, ese tipo de inversiones de parte del crimen organizado no son constantes y, además, son de uso secundario respecto al aprovechamiento de la soberanía negativa; en ese sentido, estas organizaciones no pueden ser consideradas como organizaciones que intenten generar un Estado biopolítico de una manera seria, tienden a veces al gesto, pero realmente no la institucionalizan.
Lo anterior no significa que el Estado desarrolle la llamada necropolítica como la parte integral de la racionalidad de su arte de gobernar, “a menos que la relación con el crimen organizado sea simplemente vista como algo funcional, pero para eso tendría que mantener acuerdos estables, con un horizonte siempre inestable de organizaciones criminales. Para el Estado, la necropolítica no puede tener ni la estabilidad ni la institucionalidad que tiene la biopolítica”, apuntó Claudio Lomnitz.
La necropolítica se entiende como el manejo sistemático y diferenciado de una política de matar o dejar morir; tiene su problema y es que, aunque la relación entre Estado y crimen organizado es rutinaria en cierto nivel, en otro nivel no lo es, siempre está siendo interrumpida, tiene que ser renegociada, no permite el tipo de institucionalidad que tienen las instituciones de la biopolítica, como, por ejemplo, las escuelas, los hospitales públicos, las carreteras.
De esta forma, en la medida en que las víctimas del crimen organizado pertenezcan a ciertas clases de personas puede haber una dimensión sistémica en la necropolítica del Estado, que expondría así a una parte de su población, especialmente al asesinato. Se ha sugerido, por ejemplo, que en México esta parte son los jóvenes, se habla de juvenicidio. Pero, al mismo tiempo, no son todos los jóvenes, también se habla de que son los migrantes, pero quizá no todos los migrantes; también se habla de la vulnerabilidad de las mujeres y mujeres jóvenes, pero no todas.
“A veces se usa la idea de la interseccionalidad para decir que es el subconjunto de personas que combinan esas categorías de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, jóvenes que son pobres, migrantes: el grupo social que quedaría sistemáticamente afectado por la necropolítica”, aseguró el integrante de El Colegio Nacional durante su cátedra.
La conferencia “Desaparición y gobernanza”, desarrollada de forma presencial en el Aula Mayor de la institución, se encuentra disponible en el Canal de YouTube: elcolegionacionalmx.