El agua, elemento vital para la existencia humana y la salud del planeta, sigue siendo un privilegio desigual a pesar de su reconocimiento como derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010 y su incorporación en la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM) en 2012, a través del artículo Cuarto.
Este reconocimiento representa un avance significativo, sin embargo, en la práctica millones de personas aún enfrentan desigualdades, contaminación y carencias estructurales que obstaculizan su ejercicio pleno. La situación en el estado de Hidalgo, receptor histórico de las aguas residuales de la Ciudad de México, pone en evidencia los desafíos que implica garantizar el derecho al agua en condiciones de justicia y equidad.
El derecho al agua
“El agua no es un privilegio, es un derecho fundamental para la vida”, afirmó Luis David Martínez Campos, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien puntualizó que desde 2012, este principio quedó establecido en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, que garantiza a toda persona el acceso, disposición y saneamiento del agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Explicó que, a pesar de las campañas sociales aplicadas desde los años de 1980 y de esfuerzos institucionales, la disponibilidad equitativa del suministro sigue siendo un reto mayúsculo, es por ello que la actual ley establece que la sociedad tiene el derecho de recibir agua, pero también la responsabilidad de cuidar el vital líquido.
“El acceso al agua genera una gran carga obligatoria para el Estado y la sociedad. No basta con reconocerlo, hay que garantizarlo y conservarlo”, afirmó el académico, quien ha dejado plasmado esto en el estudio “La violación a los derechos humanos de acceso a la salud, acceso al agua potable y saneamiento”, que realizó en conjunto con la profesora investigadora de la Autónoma de Hidalgo, Martha Gaona Cante.
Municipios, entidades y la federación tienen responsabilidades diferenciadas. Hace aproximadamente 40 años, el manejo del agua potable fue descentralizado y otorgada la responsabilidad de la administración del vital líquido a los municipios, que ahora se encargan del cobro y suministro. No obstante, el saneamiento de aguas residuales, especialmente de origen metropolitano, continúa sin resolverse de forma integral.
El destino de las aguas residuales capitalinas
Uno de los aspectos más críticos de esta problemática recae directamente sobre Hidalgo. “Estamos hablando de una megalópolis como la Ciudad de México, donde viven hasta 46 millones de personas contando la población circundante. Todas esas personas hacen uso diario del agua para bañarse, ir al baño, consumir medicamentos… ¿Y a dónde va esa agua usada? A Hidalgo”, sentenció Martínez Campos.
El especialista advirtió que desafortunadamente, el agua que sí es apta para el consumo humano ha sido sobreexplotada y altamente contaminada en las últimas décadas.
De acuerdo con el académico, toneladas de medicamentos y sustancias químicas terminan en el Valle del Mezquital distribuidas tras llegar a la presa Endhó, contaminando tierras, aguas superficiales y acuíferos que por décadas han sido utilizados para el riego agrícola, sin un tratamiento adecuado.
Diversas investigaciones han apuntado que la contaminación de este cuerpo de agua contiene radicales libres y metales pesados altamente nocivos para la salud, mismos que están vinculados con enfermedades gastrointestinales y diversos tipos de carcinoma. Sin embargo, no existen obras de gran magnitud para sanear los más de 182 millones de metros cúbicos que están almacenados, ni plantas especializadas para tratar los lodos que son tóxicos.
“Esto nos debe hacer reflexionar sobre quién paga realmente el costo de vivir en una gran ciudad”, señaló, agregando que debido a esta problemática, el actual gobierno federal ha puesto en marcha un plan ecológico para limpiar zonas como la de Tula-Tepeji.
Un problema histórico, estructural y ambiental
La carga hídrica que recibe Hidalgo no es reciente. Sus raíces se remontan a La Colonia, cuando los españoles buscaron desecar los lagos del Valle de México para evitar inundaciones. Desde entonces, se construyeron obras hidráulicas para desviar el agua hacia el norte, modelo que con el tiempo se convirtió en una política de disposición de aguas negras que van a la zona Tula y Tepeji.
Martínez Campos subrayó que las aguas residuales humanas son altamente contaminantes por su carga química y biológica. “No solo estamos hablando de excretas, sino de restos de medicamentos, productos de higiene, químicos domésticos y más. Esas aguas, muchas veces sin el tratamiento debido, acaban en ríos, canales y campos de cultivo”, indicó.
Hacia una justicia hídrica
La situación en Hidalgo exige una revisión profunda de la política hídrica nacional, recalcó el investigador. “El problema ya no puede seguir viéndose como una solución para la Ciudad de México a costa del sacrificio ambiental y social de otra región”, subrayó Martínez Campos.
Al respecto, el especialista Garza puntualizó que, para lograr una justicia hídrica, debe pasar por el tratamiento efectivo, inversión en infraestructura, participación ciudadana y una redistribución equitativa de las consecuencias ambientales.
En ese sentido, a través de su proyecto de investigación, ha sugerido la instalación de al menos cuatro plantas para el tratamiento de aguas residuales y el procesamiento de lodos tóxicos, la coordinación efectiva entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el fortalecimiento del marco normativo y su aplicación rigurosa contra quienes contaminen deliberadamente.
Mientras tanto, en otras comunidades, muchas personas no tienen acceso a agua limpia, pero conviven a diario con ríos contaminados provenientes de la capital del país. “El derecho al agua no puede existir solo en el papel, si no se acompaña de acciones reales, lo único que estamos haciendo es posponer una crisis mayor”, aseveró el profesor investigador al finalizar.