El presupuesto destinado a la transición energética justa y el combate al cambio climático es insuficiente e incongruente con los compromisos que el Estado mexicano ha suscrito a nivel nacional e internacional y que ha plasmado en su política climática.
Así lo señalaron representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Engenera, A.C., Greenpeace México A.C. y Oxfam México, durante el Taller titulado Justicia climática, política y mitigación: ¿Cómo y con qué recursos?
México se encuentra en un momento clave con la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0, por sus siglas en inglés). Este documento definirá la ambición, la justicia y el rumbo de su política climática para las próximas décadas. Ello tiene implicaciones directas en el presupuesto, la planeación nacional y la justicia social del país, en un contexto de intensa negociación internacional y de cara a la Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se celebrará el mes de noviembre de este año en Belém, Brasil.
En un contexto de crisis climática, la política pública del país debe atender una clara necesidad de celeridad, poniendo su enfoque en la implementación de medidas urgentes para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación ante fenómenos climáticos, señala un comunicado conjunto. Por tanto, contar con los mecanismos fiscales, presupuestales y programáticos que habiliten dicha implementación resulta indispensable para lograr una política climática efectiva.
Sobre los mecanismos fiscales, las organizaciones señalaron que hace falta adecuar la política fiscal bajo un enfoque de justicia intergeneracional y climática, considerando principios como el que contamina paga y el de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Respecto de los mecanismos de presupuestación, las organizaciones compartieron monitoreos de los anexos transversales destinados a la transición energética y a combatir el cambio climático, brindando indicadores objetivos que evidencian la insuficiencia de recursos para la acción climática, así como la falta de congruencia en la asignación del presupuesto público.
¿TRANSICIÓN ENERGÉTICA?
En su participación, Alberto Alarcón, abogado del CEMDA quien se refirió al Anexo Transversal 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, destinado a la Transición Energética, señaló que la transición energética implica una diversificación económica que no está siendo atendida a nivel presupuestal. 68% de los recursos del Anexo Transversal 15 se destinan a programas que no guardan relación con la transición energética. Además, 27% de los recursos carecen de una acción transversal que nos permita conocer su verdadero destino, lo que podría aumentar hasta un 95% la cantidad de recursos desvinculados del objetivo del anexo.
Con relación al Anexo 16 del PEF, titulado Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, Beatriz Olivera, directora de Engenera, A.C., señaló que estos recursos son acaparados por programas que no dejan clara su contribución para hacer frente a los efectos del cambio climático, como el Programa de Defensa para la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional al que se le asigna el 21.02%. “El de Infraestructura en materia de seguridad nacional con el 18.82%; entre otros, dejando con escasos recursos, programas relevantes que podrían tener un mayor impacto como el manejo forestal comunitario, investigación en cambio climático o programas de gestión sustentable del agua”, apuntó.
Por su parte, Giselle García, Abogada de la AIDA, se refirió a la importancia de que la política pública y los recursos orientados a la transición energética contemplen la sustitución del carbón en la matriz eléctrica y el cierre de las minas de carbón, pues de esta forma, México evita enormes cantidades de gases de efecto invernadero y avanza hacia una transición energética justa.
Vinculado con lo anterior, Pablo Ramírez, campañista de justicia energética en Greenpeace México, apuntó que no existe justicia energética sin atender la dimensión social de la energía. La pobreza energética es un gran pendiente en la agenda pública pero también una oportunidad de avanzar hacia una transición energética justa.
Finalmente, las organizaciones consideraron necesario complementar los instrumentos de planeación vigentes para incluir medidas que permitan una acción climática efectiva, como la sustitución progresiva y responsable del carbón y la democratización de los recursos energéticos para combatir la pobreza energética. Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para habilitar los medios de implementación de la NDC 3.0, cumplir con los compromisos climáticos y garantizar los derechos humanos de generaciones presentes y futuras.