Hace unos días, en Notre Dame, conversé con Suzanne Shanahan en su oficina del Institute for Social Concerns. No fue una charla académica en el sentido convencional, sino una conversación detenida sobre una pregunta que suele darse por resuelta demasiado pronto: qué entendemos por justicia cuando las condiciones mínimas de la vida han sido erosionadas.
Shanahan dirige investigaciones con personas desplazadas en África Oriental, Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Refugiados que han perdido su hogar, su territorio y, en muchos casos, el entramado social que hacía inteligible su mundo. Lo que atraviesa su trabajo —y lo que más me interpeló— es una constatación tan simple como incómoda: estas personas no incorporan la justicia como una noción abstracta que les llega desde afuera. La elaboran activamente. Trazan fronteras morales —moral boundaries— en torno a lo que consideran correcto, justo y equitativo, incluso en condiciones de extrema precariedad.
Esta elaboración no ocurre en el terreno de la teoría, sino en escenarios límite. Pensemos en un campo de refugiados donde el acceso al agua es irregular, donde una manta o un turno en la fila de alimentos puede marcar la diferencia entre el agotamiento y la supervivencia. En esos contextos, las categorías de justicia que circulan en el lenguaje de los derechos humanos o en los marcos normativos internacionales no se aplican de manera automática. Son puestas a prueba, reformuladas, a veces incluso rechazadas. La pregunta por lo justo se vuelve concreta y urgente: ¿quién debe recibir primero?, ¿qué tipo de solidaridad es exigible cuando el daño es generalizado?, ¿cómo evaluar moralmente una decisión cuando todas las opciones implican pérdida?
Lejos de ser una respuesta instintiva o puramente reactiva, esta reconstrucción de lo justo constituye una forma de agencia moral en condiciones de desposesión. No es un residuo ético, sino una práctica activa. Y, al mismo tiempo, funciona como un espejo incómodo para quienes pensamos la justicia desde contextos de relativa estabilidad: revela hasta qué punto nuestras definiciones universalistas tienden a ignorar —o a domesticar— los criterios morales que emergen desde la experiencia misma del desarraigo.
Hoy, 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, proliferan los llamados a promover la equidad, el empleo digno y la erradicación de la pobreza y la discriminación. Son objetivos necesarios, sin duda. Pero la pregunta que la investigación de Shanahan deja abierta es más exigente: ¿qué sucede cuando los marcos de justicia que diseñamos desde los centros de poder no coinciden con los que construyen quienes viven la injusticia de manera estructural? ¿Estamos dispuestos a reconocer esa disonancia, o preferimos traducirla rápidamente a categorías que ya nos resultan familiares?
Shanahan no trabaja con modelos normativos listos para aplicarse desde arriba. Su investigación —que incluye también el trabajo con narrativas restaurativas de sobrevivientes de trata sexual infantil en Estados Unidos— apunta en otra dirección: la justicia no se reduce a la redistribución de recursos ni al diseño institucional, por necesarios que estos sean. Implica, además, reconocer que incluso en condiciones extremas las personas continúan siendo agentes morales, capaces de redefinir nociones como dignidad, responsabilidad y solidaridad cuando los marcos tradicionales han colapsado.
Salí de esa conversación pensando que la justicia social no se juega únicamente en el terreno de las políticas públicas ni en la coherencia de los discursos normativos. Se juega también en nuestra disposición —o resistencia— a escuchar cómo los desplazados, los marginados y los desposeídos delimitan sus propios criterios de lo justo en situaciones que la mayoría apenas alcanza a imaginar.
En México y en otros contextos, seguimos discutiendo fronteras territoriales, legales y administrativas. Pero hay otra frontera, menos visible y quizá más decisiva: la que separa las nociones de justicia que imponemos desde arriba de aquellas que emergen desde la experiencia vivida del daño, la pérdida y la resistencia.
En ese desajuste —entre la justicia pensada desde arriba y la que se reconstruye en condiciones de desposesión— quizá se juegue una de las tensiones más difíciles de asumir en el debate contemporáneo sobre justicia social.
*Institutio de Humanidades, Universidad Pnaameircana