El sector privado involucrado con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación se manifestó ayer en contra la iniciativa de Ley General de Ciencia que fue elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre; la cual será discutida en febrero.

La organización más importante de representantes de empresas de base tecnológica en México, que es la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), emitió este viernes una carta con un posicionamiento público sobre el texto que se impulsa desde el gobierno federal para que se convierta en Ley General.

“Si permitimos los cambios propuestos en este proyecto de Ley, no sólo se quebraría el alma a nuestra nación, sino que estaríamos condenados a un atraso sin precedente que impactará a las generaciones actuales y futuras”, afirma el documento de ADIAT, recibido por Crónica.

La organización sostiene que la iniciativa entregada a los diputados " podría desmantelar todos los órganos y mecanismos de gobernanza de nuestro Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), al ser sometidos a un nuevo ente sin contrapesos, en el cual todas las opiniones contrarias a la ideología de la actual administración serán desvirtuadas, silenciadas o no tomadas en cuenta".

El análisis crítico que hizo la ADIAT a la propuesta presidencial fue dado a conocer un día después de que también se manifestaron en contra de la iniciativa la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); la Academia de Ingeniería de México y la Academia Nacional de Medicina. Esas organizaciones civiles profesionales emitieron juntas una carta donde indican que “el trabajo científico y la inversión de décadas está hoy en peligro debido a la nueva propuesta de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación elaborada por el Conacyt y presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados”.

También esta semana se hizo público un exhorto para pedir a diputados no aprobar la iniciativa tal como está, el cual fue firmado por más de dos mil investigadores e investigadores bien identificados de universidades públicas y privadas de todo el país, Centros Públicos de Investigación e instituciones de salud y de instituciones educativas extranjeras.

Ante el conjunto de posicionamientos contra la iniciativa, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha respondido descalificando a quienes no apoyan su texto y etiquetándolos como "opositores al Derecho humano a la ciencia".

CONSULTA IGNORADA

Uno de los detalles más sutiles e inquietantes del pronunciamiento de la ADIAT es la aclaración de que la oficina de gobierno responsable de la ciencia nacional en México, sí hizo una consulta antes de presentar la iniciativa de Ley General, pero sólo se habría tratado de una simulación porque las opiniones y sugerencias no fueron escuchadas y en el texto enviado a los Diputados sólo se integró una visión parcial, correspondiente a un grupo y una ideología.

“Es verdad que hubo una consulta organizada por el Conacyt en la que la ADIAT formó parte de varios grupos de trabajo en la materia, mismos que invirtieron muchas semanas de reflexiones y análisis; sin embargo, en el documento final no se consideraron ninguna de las sugerencias emitidas por nosotros y por expertos de las principales instituciones académicas, científicas y tecnológicas del país”, dice la carta del sector privado.

“Las políticas y leyes que atañen a la ciencia y la tecnología no deben transformarse con base en una postura ideológica de Estado. Es nuestra responsabilidad y compromiso trabajar en conjunto con las autoridades y con los diferentes actores del sistema mexicano de CTI: academia, centros de investigación, gobierno e iniciativa privada, para hacer los cambios que nos garanticen contar con una Ley ad hoc a nuestra realidad, efectiva, que genere riqueza, bienestar y equidad para todos”, agregó.

La iniciativa no protege el derecho humano a la ciencia

La carta dirigida ayer por ADIAT a la opinión pública señala que “La Constitución dice claramente que ‘toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica’, lo cual implica definir un papel fundamental del conocimiento científico y tecnológico para generar valor a la sociedad; es decir, que su quehacer debe tener una aplicación práctica con impactos positivos sobre los grandes problemas nacionales: salud, medio ambiente, alimentación, agua, energía, cambio climático, etc. No obstante, la propuesta de iniciativa además de ambigua es anticonstitucional al decir que ‘todas las personas tienen un derecho a la ciencia’ sin exponer alcances ni resultados tangibles’.