Existe una convención en la literatura sobre la minería y la metalurgia mexicanas -procesos diferenciados pero inseparables- que la +. También se reconoce que una coyuntura fundamental en términos científicos y tecnológicos sucedió a finales del siglo XIX, cuando hubo profundos cambios en las relaciones económicas internacionales.
Dicho esplendor se fundamenta en el descubrimiento y usufructo de metales preciosos, que en muchos casos se ha denominado la fiebre del oro y la plata americanos. De esa manera, la extracción y beneficio de los metales representó el interés y la voracidad de los europeos por los recursos minerales. Derivado de esos procesos de expansión se desarrollaron centros de población que en algunos casos emergieron como nodos y cuidades relevantes que en la historiografía han quedado como ciudades mineras icónicas: Zacatecas, Guanajuato, Taxco, Pachuca y San Luis Potosí. Estas ciudades se convirtieron en centros económicos, políticos y culturales, así como espacios que dejaron legados patrimoniales por sus herencias arquitectónicas, materiales y de prácticas culturales.
El segundo momento de esplendor lo delinean las transformaciones sucedidas desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, cuando la minería mexicana experimentó una serie de cambios significativos, como la modernización impulsada por la inversión extranjera, así como el incremento de los volúmenes de producción, la introducción de nuevas tecnologías, de métodos de extracción y de metalurgia, lo que contribuyó al aumento de la productividad y a la expansión de la industria minero-metalúrgica.
No obstante, la historiografía también ha señalado las contradicciones y los aspectos negativos de la modernización finisecular, como lo fueron la concentración de la riqueza, especialmente entre pequeños grupos de poder económico y de la gran empresa extranjera a pesar de la coexistencia de un gran número de empresas de origen nacional con capitales liliputienses. Otro de los elementos críticos, fueron la explotación laboral y las huellas ecológicas principalmente de la metaurgia con el uso de nuevas tecnologías -como la cianuración que se introdujo a México en la década de 1890-, las cuales causaron deforestación de áreas boscosas, así como la contaminación de ríos y suelos con desechos tóxicos. En esa etapa sucedieron importantes movilizaciones obreras frente a las condiciones imperantes dictadas por el capital extranjero, entre otros fenómenos críticos que hoy día cuestionan ese modelo económico sectorial en el largo plazo.
Históricamente, el tema de la regulación de la minería y la metalurgia ha sido un tema espinoso y de mucha relevancia desde la época virreinal hasta la actualidad. Parte de las discusiones desde una perspectiva de largo plazo se basan en la regulación minera virreinal a partir del sistema de concesiones otorgadas por la corona española o las autoridades mexicanas; se trataba de un sistema que dejaba fuera los derechos de comunidades indígenas y locales; obviamente que ni tocaba los impactos ambientales. Hacia finales del siglo XIX se promovió la inversión extranjera en la minería, que condujo a un aumento significativo en la producción y exportación de minerales. Sin embargo, continuaban las contradicciones del modelo que favorecía la concentración de la riqueza, la explotación laboral, y la emergencia de conflictos sociales.
Atender una problemática tan compleja como son los conflictos ambientales requiere de un ejercio de valoración y reflexión profundo. El tratamiento de los conflictos ambientales en la minería y metalurgia en México y en América Latina tiene una complejidad que involucra variedad de actores e intereses, como los políticos, empresariales y sociales. En el terreno político se habla de una falta de voluntad para aplicar criterios rigurosos a partir del marco regulatorio, pues han privilegiado una justificación basada en el desarrollo económico sobre la protección ambiental; la crítica sobre esta “racionalidad institucional” es que ha permitido abusos, impunidad y hechos de corrupción, que en conjunto han dañado el desempeño en el sector. Por su parte, las empresas han mostrado diversas caras que van desde la adopción de ciertas prácticas de “responsabilidad social” hasta el predominio de empresas que aún operan bajo criterios de permisibilidad. Mucho se ha hablado sobre la racionalidad empresarial que favorece la mera obtención de beneficios a corto plazo con un alto impacto socioambiental en el largo plazo. De igual manera, se encuentra la complejidad social existente en los lugares de extracción y metalurgia, principalmente de los megaproyectos minero-metalúrgicos, así como las respuestas sociales ante los inminentes impactos ambientales que justamente demandan un cartabón institucional que propugne por la protección socioambiental.
Analistas políticos, ambientalistas, académicos y la sociedad en su conjunto, se han encargado de evidenciar posibles caminos para mitigar los impactos de las actividades mineras y metalúrgicas en los espacios en los que se desempeñan, los cuales generalmente motivan intensos conflictos socioambientales. Han señalado la necesidad de hacer efectivo un marco regulatorio en la materia que posibilite un cambio en la forma de operar desde los pequeños proyectos mineros y metalurgicos hasta los megaproyectos exigiendo la adopción de tecnologías limpias y el desarrollo de prácticas de menor impacto ambiental. Un tema crucial es la conciencia sobre los derechos humanos, especialmente los derechos de las comunidades locales e indígenas que habitan los entornos de operación de estas empresas.
Se requiere replantear lo que significa la innovación tecnológica en el sector minero-metalúrgico, que pretendidamente deviene en impactos positivos en el crecimiento económico, pero que soslaya sus implicaciones en términos socioambientales. Es necesario reflexionar y resignificar la trascendencia o el peso del sector minero y su dependecia como actividad central escudándose en las vocaciones mineras de ciertos espacios mexicanos.
* Profesor Investigador de El Colegio de San Luis.
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