Uno de los puntos más graves de la nueva Ley de Ciencia es que prevé la cesión al Consejo de patentes y derechos de explotación, de inventos y hallazgos.

“Eso es quizás lo más grave porque desincentiva y desalienta que la gente quiera innovar y registrar patentes. No hay ningún motivo para hacerlo, ya de por sí era muy difícil en la situación que nos encontrábamos, no se motivaba la innovación y ahora menos porque nos obliga a ceder patentes y derechos”, comenta el científico mexicano y Premio Crónica, Gerardo Herrera Corral.

En entrevista para conocer su opinión sobre la Ley de Ciencia, el investigador destacó algunos puntos importantes ante las implicaciones de los cambios en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Se cambia el nombre de la institución y el físico de partículas considera que, de manera amarillista se puede decir que se desaparece el Conacyt. En realidad se le cambia el nombre y ahora se llama Consejo Nacional para las Humanidades, la Ciencia, la Tecnología y la innovación: Conahcyt.

“Se introducen a las humanidades en el sector de ciencia y tecnología, cosa que presenta una irregularidad porque las ciencias sociales y humanidades tienen su Secretaría, entonces incluirlas en el consejo también es un paso atrás en ese sentido, además de que hay incompatibilidades y disidencias de ambas comunidades para operar porque operamos de manera distinta. Eso es algo pone a pensar cómo va a ser ahora”.

El cambio a Conahcyt también significa que se revisarán reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores y reglamentos internos, entonces queda “abierto, pendiente y preocupante lo que va a pasar con el sistema nacional de investigadores y nuevos reglamentos, toda vez que se deben revisar, dado que ya se trata de una nueva institución”, considera.

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CONAHCYT

En cuanto a la cesión de patentes, Gerardo Herrera explica que si, por ejemplo, un investigador del Cinvestav encuentra, inventa o desarrolla algo, esto pasa a ser propiedad del nuevo Consejo Nacional, quien puede explotar el hallazgo –sin que necesariamente exista un beneficio a la institución en que se hizo el trabajo, ni a los proyectos del investigador.

“Suena razonable si piensas que fue financiado con recursos públicos, que eso le pertenezca al pueblo como dice la administración federal, tiene cierta lógica, pero no funciona así en el mundo del desarrollo de la tecnología”.

Ahonda que en países industrializados e innovadores, el desarrollo tecnológico es tal que tanto el investigador como el financiador de investigación se benefician de la creatividad porque es un estimulante.

“Un porcentaje de ganancias con el investigador, otro en el centro y otro para el consejo. Eso estimula y la gente se interesaría en hacer patentes y desarrollos. Ahora todo pertenece al Consejo y un investigador se preguntará cómo dedicarse a innovar”.

“Significa que si haces un desarrollo o invención la patente no es ni del investigador ni de la institución donde se realiza. Es Conacyt quien la mercantiliza y se beneficia. La teoría es que como fueron financiadas con dinero público pertenecen al público, lo cual suena lógico, pero no funciona así, para ser competitivos, en Europa y Estados Unidos hay una retribución a los proyectos de investigación. En este caso no, porque la patente pasaría a ser propiedad intelectual de Conahcyt. Eso siempre ha sido un problema en México, por eso no es un país innvoador. Ahora es peor".

Asimismo, la nueva ley discrimina a las instituciones de educación superior, lo cual al divulgador de la ciencia le parece reprobable.

“Está muy mal, quiere decir que los estudiantes e investigadores de instituciones privadas no tienen acceso a los programas del nuevo Conahcyt. Eso no solamente viola la constitución por discriminación, sino que reduce la competitividad. Las instituciones privadas patentan y hacen investigación y también requieren de recursos, apoyos, relaciones y vínculos como todas las demás”.

CIENCIA MILITAR

Entre los aspectos que se han destacado mediáticamente preocupa que el nuevo consejo directivo incluya la participación de todas las Secretarías de Estado y, desafortunadamente, eso incluye también a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

“No me parece congruente de un gobierno de izquierda, ni de la actividad académica que tengamos al ejército en el Consejo que regula la actividad científica y tecnología del país, no veo por qué”.

Por otra parte, existen varios puntos de alarma que el científico considera importantes de traer a la conversación, pues se han mencionado poco.

“Las juntas directivas de instituciones tienen autonomía y no permiten que el titular de la institución sea también director de la junta porque entonces es juez y la parte. Normalmente en las instituciones está el titular como miembro de la junta directiva, pero no la preside y esa es otra de las irregularidades”, apunta el investigador.

Asimismo, Gerardo señala que en el nuevo Consejo habrá lugar para 8 integrantes representantes de la sociedad, quienes tienen voz y voto, elegidos por el órgano interno.

“Pero son solamente 8 frente a los 14 que representan al gobierno. Eso puede ser criticable puesto que la postura gubernamental será dominante y es un punto que merece reflexión en temas de democracia”.

Otro punto es que el otorgamiento de financiamiento y becas priorizará las áreas definidas por el gobierno. El atenuante de esto es que la comunidad científica lleva mucho tiempo pidiendo una política de Estado en términos de ciencia y tecnología, lo cual queda en esta nueva ley porque habrá líneas prioritarias definidas por el gobierno.

“En ese sentido se satisface una demanda de la comunidad, pero al mismo tiempo es preocupante porque significa que podría no haber becas, financiamiento, ni apoyo de ningún tipo para temas que no sean de esa línea. Eso es más una preocupación de la ejecución”.