La larga emergencia suscitada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha puesto en duda, quizá más que antes, la efectividad de los Estados nacionales y sus gobiernos para resolver las amenazas que confrontan a sus ciudadanos y territorios. La pandemia ha evidenciado de manera brutal la inseguridad que compartimos de manera desigual personas y familias, particularmente en las grandes ciudades.
De cuatro años a la fecha, he trabajado con distintos colectivos, conformados principalmente por jóvenes entre 25 y 35 años de edad, cuyo propósito es atender algunas de las consecuencias de la marginación e inseguridad que condicionan y estereotipan a los barrios marginados de la zona metropolitana de Monterrey (ZMM). Si bien Nuevo León es de las entidades que registran menores nieles de pobreza, durante el 2020 mostró un incremento mayor al 5 por ciento, al pasar de 19.4 % de sus habitantes, en el 2018, a 24.3 por ciento en el 2020.
Los colectivos se dan a la tarea de recuperar o crear espacios que son aprovechados por niños, niñas y adolescentes, para hacer deporte o para asistir a los talleres de música o de pintura, carpintería o danza, organizados por los jóvenes. No hay manera de romantizar la solidaridad de los colectivos, los espacios recuperados en ocasiones son invadidos por muchachos para inhalar o consumir estupefacientes; existen también anécdotas sobre peleas, hurtos e, inclusive, operativos del ejército mexicano. Con todo, estos lugares sobreviven, pues representan la única opción de convivencia y encuentro.
De acuerdo con el Sistema de Información del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), al 31 de diciembre de 2021 estaban inscritas 43, 691 organizaciones con “objeto social”. En Nuevo León, se calculan en poco más de 1, 200 este tipo de organizaciones. Sus propósitos particulares son diversos, pero son numerosas aquellas que intervienen en enclaves suburbanos habitados por inmigrantes indígenas y mestizos. Como en cualquier otra entidad del territorio nacional, en Nuevo León y, principalmente en la ZMM, existen colectivos no registrados o formalizados legalmente, cuyas acciones se mantienen a partir de muy escasos recursos, incluidos los que salen de su propia bolsa.
Decía sobre no romantizar la acción de estos colectivos urbanos no formalizados. Sus miembros distan de ser jóvenes pertenecientes a clases económicamente acomodadas, al contrario, carecen de los recursos elementales para llevar a buen puerto sus tareas comunitarias. Algunos mantienen una línea de vinculación que les permite recibir donativos en especie; otros defienden su “autonomía” ocupándose de labores que puedan concretarse con lo que el propio barrio o algunos simpatizantes proporcionan materialmente. Lo que tenemos frente a nosotros es un escenario en el que los habitantes del barrio y los colectivos comparten de manera desigual una incertidumbre de vida que, al volverse cotidiana, también se normaliza como parte de los problemas que oprimen a los menos favorecidos. “Retos” le llaman en política pública.
Mi propuesta de abordaje del escenario y acciones, que congrega a los colectivos de jóvenes con los vecinos de estos sitios, tiene que ver con las incertidumbres diferenciadas, pero compartidas. Para “ser precario” basta con habitar la gran ciudad. De acuerdo con la académica, de origen alemán, Isabell Lorey, la precariedad o “precarización”, va más allá de lo que consideramos como pobreza económica. El que los jóvenes de los colectivos se reconozcan en condiciones de vida menos apremiantes que los niños y niñas a los que coordinan, no los convierte en privilegiados; acaso les permite visualizar a los barrios como objeto de su búsqueda de equidad o de bien común, pero lo hacen desde su propia incertidumbre.
La precariedad no es un fenómeno natural o exclusivo de las periferias empobrecidas sino la regla, en tanto se ha convertido en un instrumento de Estado que se extiende hacia la ciudadanía, con el fin de regular las relaciones entre distintos estratos sociales. Así, lo común o normalizado resulta ser la dádiva, la ayuda o la beca que caracteriza el desigual intercambio entre gobiernos y población. Aun sin quererlo o reconocerlo, muchos de los colectivos o grupos de voluntarios que ayudan a la sobrevivencia de familias enteras con alimentos y ropa, forman parte de la política de control de la inseguridad. Algo similar sucede con grupos que como los aquí presentados, fungen como animadores y cuidadores independientes de espacios de recreación. Entendamos la inseguridad no sólo como el peligro de ser asaltados o secuestrados, sino como una forma de vida compartida en sociedad de manera rutinaria.
Los jóvenes y sus colectivos suelen aceptar actividades difundidas oficialmente como ejemplo de responsabilidad ciudadana. La solidaridad pasa de ser un axioma a una política de la que se desprende un sentido común que todos debemos tomar como ejemplo. La “independencia” se transforma, a su vez, en evidencia de un emprendedurismo útil y encomiable en ámbitos como el cultural y el educativo. Esta forma de regulación posee una naturaleza ambivalente. Así como significa incertidumbre y riesgo, como cimiento de relaciones entre distintos individuos y clases, así también implica oportunidades.
No es extraño que algunos de los colectivos trasciendan su informalidad convirtiéndose en asociaciones civiles u organizaciones similares. Tampoco es raro que varios de sus miembros elijan continuar trabajando en las periferias, sin recompensa pecuniaria alguna, apenas con un empleo de medio tiempo, con tal de mantener un proyecto que consideran como propio y, hasta cierto punto, ideal debido a la confianza de que ellos son quienes eligen qué hacer y cómo hacerlo. En realidad, son las circunstancias socioculturales de inseguridad las que inducen vías de acción para multitud de personas y organizaciones que operan – con conciencia o no – de manera orgánica en el reforzamiento de lo que Isabell Lorey identifica como un “umbral”. Dentro de ese umbral coexisten inseguridad y protección como fenómenos no contrapuestos, que juegan en favor del control y el gobierno.
¿Es el trabajo solidario y precario una de las formas más acabadas de regulación social? Para los jóvenes y sus colectivos ¿son estos barrios marginales un refugio para sus convicciones y para sus críticas del desigual sistema económico y de justicia? Sus esfuerzos, algunos autoproclamados como contestatarios, ¿en realidad son el reflejo de la primacía de un modelo de Estado nación neoliberal en crisis, pero vigente? Una respuesta afirmativa a estas preguntas no es descabellada en absoluto.
Como expresaba al inicio del texto, quizá lo que mayormente ha hecho la pandemia en los últimos dos años, ha sido exhibir de manera más cruda nuestra incertidumbre rutinaria y varias de sus consecuencias. Pero el umbral mínimo de protección no se funda solamente en la acción directa de los gobiernos sino, como he tratado de ejemplificar en estas líneas, en la sociedad como conjunto: somos nosotros mismos, según estamos en posibilidad de entregar voluntariamente nuestro tiempo y recursos, quienes subsidiamos parte de esa protección, prometida por un Estado de bienestar hoy inexistente.
I De acuerdo con el Censo del INEGI de 2020, la metrópoli regiomontana es la segunda más poblada en México con 5, 341,171 habitantes, y la segunda con mayor extensión territorial después de la Ciudad de México. Para conocer más: https://tinyurl.com/3kmdhx4b
II Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), URL: https://tinyurl.com/55pacacu
III Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil en Nuevo León enfocadas al Desarrollo Social, URL: https://tinyurl.com/553zsvuv
IV Isabell Lorey (2016) “Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad”.
Disponible en: https://tinyurl.com/4hzxudmu
*Alejandro Martínez Canales
Profesor Investigador
CIESAS Unidad Noreste
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