México ha sido reconocido históricamente como un país de población emigrante. Durante todo el siglo XX e inicios del XXI millones de mexicanas y mexicanos emigraron hacia Estados Unidos con objeto de buscar un mejor futuro para sí mismos y para las suyos. Pero México ha cambiado. La movilidad humana en definida hoy por muchas y muchos expertos como una de las más complejas del mundo, especialmente en lo que a tipos de flujos migratorios se refiere. Mientras que la emigración continúa (decenas de miles de personas mexicanas marchan hacia el país del norte), miles de mexicanos y mexicanas retornan de forma obligada o voluntaria, otros miles de extranjeros transitan por el país, algunos de los cuales se asienta o, simplemente, desaparecen dentro de las fronteras debido al tráfico de personas y a grupos de delincuencia que secuestran y, en el peor de los casos, asesinan.

Pero los tipos de flujos no son la única novedad, también lo es el estatus jurídico en el que se encuentran. México sigue atrayendo anualmente a miles de personas altamente cualificadas que deciden asentarse regularmente en el país para trabajar en empresas multinacionales (en este rubro se incluye el conocido fenómeno, aunque muy menor en número, de los nómadas digitales). Otros muchos migrantes llegan al país por reagrupación familiar (con objeto de ejercer el derecho internacional de vivir en familia) o por estudios. Un cada vez mayor número de personas solicitan una protección internacional; México es hoy el tercer país del mundo con más solicitudes de refugio. A esto, se le suma un alto número de personas en situación irregular que residen en el país.

Finalmente, a estas complejidades debemos agregar las características individuales de estos migrantes. Las nacionalidades han cambiado estrepitosamente, los migrantes procedentes de Centroamérica continúan llegando, pero a estos hay que sumarles personas procedentes de Venezuela y Haití, principalmente, pero también de África o Asia. De igual forma, los grupos etarios o el género de las personas migrantes también se ha hecho más heterogéneo. Familias enteras transitan o se asientan en el país, pero también ha crecido el número de mujeres solas, niños, niñas y adolescentes no acompañados o personas LGTBIQ+.

Ante esta reciente heterogeneidad migratoria, y cada vez en mayor volumen, investigadoras e investigadores nos preguntamos por el fenómeno migratorio, así como por los impactos que dicha complejidad está trayendo para México. Basándome en los resultados obtenidos en dos recientes investigaciones (el proyecto “Cohesión social: hacia una política para la integración de personas en movilidad en México” y la encuesta “México, las Américas y el Mundo”), coordinados ambos por la División de Estudios Internacionales del CIDE, paso a exponer lo que considero son algunos de los efectos más importantes.

El primer impacto está vinculado con la gobernabilidad y las capacidades con las que cuentan los distintos niveles de gobierno para responder al fenómeno de la migración. Si, por un lado, México cuenta con un marco normativo que obliga a respetar una amplia gama de derechos de las personas migrantes, por otro, la novedad del fenómeno está dejando sin capacidad de respuesta a las administraciones. México reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma, es firmante de todos los acuerdos internacionales celebrados en el marco de las Naciones Unidas en relación con estas personas. Sin embargo, la gestión de la migración está supeditada a los intereses cambiantes de Estados Unidos, lo que deja en manos de la política exterior y de seguridad las principales respuestas. A esto se le suma una reconocida falta de coordinación interinstitucional y de colaboración con organizaciones de la sociedad civil. De forma positiva, cabe resaltar el relevante papel que están teniendo los organismos internacionales, especialmente ACNUR y la OIM, que responden, aunque con limitaciones presupuestales y de mandato, a casos precarios y de vulnerabilidad.

El segundo efecto es sobre la sociedad mexicana en general. Por un lado, los datos macroeconómicos revelan que aquellas regiones que acogen dentro del mercado laboral a población migrante están teniendo contribuciones favorables tanto económicas como sociales y culturales. Por otro lado, aún México no está salpicada de la tragedia que supone el discurso antinmigrante y xenófobo. Los datos de encuesta reflejan que el fenómeno migratorio aún no es un tema prioritario, de igual forma la mayoría de la población percibe favorablemente a las y los extranjeros (aunque con diferencias por nacionalidad, estando peor valorados la población procedente de Centroamérica o de Venezuela) y entiende que esta población debe acceder a derechos (principalmente sociales: salud, educación y empleo). Finalmente, la sociedad mexicana opina que la población migrante realiza contribuciones positivas al país.

Finalmente, el tercer impacto está relacionado con el efecto de este contexto sobre las  personas en movilidad. La falta de una respuesta clara por parte de las administraciones, sumado a la heterogeneidad de los flujos migratorios está haciendo que los migrantes se encuentren en situaciones de mayor indefensión, violencia e inseguridad jurídica. El cambio constante de políticas por parte de Estados Unidos o la falta de coordinación o de recursos dentro de México deja en manos de grupos violentos, de fuerzas de seguridad corruptas o de burócratas con escasa formación, y en algunas ocasiones negligentes, a las decenas de miles de migrantes que se encuentran en el país. Secuestros, violaciones, tráfico de personas o desapariciones son una constante para las y los migrantes. Pero también, el pago de mordidas a empleadas y empleados públicos, los registros y las detenciones arbitrarias en aeropuertos o lugares de tránsito o la negación de derechos, que les son propios, por parte de servidores públicos por desconocimiento o por mala praxis.

Los datos sugieren que la falta de una actuación global, en un marco tan heterogéneo y en continuo cambio, genera un sistema de desatención hacia la población extranjera, que a la larga puede convertirse en un problema social, que lleve a la conflictividad y a la generación de tensiones entre personas en movilidad y nacionales. Probablemente la inexistencia de un partido de extrema derecha con un discurso abiertamente antiinmigrante esté propiciando esta calma social. Por tanto, es el momento de seguir analizando el fenómeno de la migración y de buscar respuestas complejas e innovadoras entre todos los actores involucrados. Situando a las y los migrantes en el centro de acción como sujetos de derechos humanos; los cuales, además, pueden (y deben) contribuir al desarrollo económico y social del país, si se propicia el entorno favorable.

* Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE y Coordinadora del CIDE-MIG