Martín Aluja, Premio Nacional de Ciencias y uno de los ecólogos más importantes del país, se manifestó en contra del desmantelamiento de la oficina de patentes del Instituto de Ecología A.C. (INECOL), Centro Público de Investigación (CPI) al que está adscrito y del que fue director.

Con pancarta en mano en lo que ahora, señala, serán oficinas regionales del Conacyt, el científico mostró su desacuerdo ante lo que es una muestra del desinterés de la política científica nacional por la innovación y advirtió que el acto sería un indicio aciago contra el Clúster Científico y Tecnológico BioMimic del INECOL.

“Cobijado por mi derecho constitucional de libre expresión, llevé a cabo una protesta pacífica en la carretera antigua Xalapa-Coatepec (entrada al INECOL), por el desmantelamiento de las oficinas del Centro de Patentamiento del INECOL que tanto esfuerzo costó construir y que representaban una significativa contribución a la modernización del estado y del país, pero sobre todo una visión de largo aliento en beneficio de las futuras generaciones de científicos y tecnólogos de México (y de la sociedad en general)”, escribió en una carta pública.

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Dicho espacio fue creado con visión de futuro, cuya sala de juntas recibía a jóvenes emprendedores, investigadores, empresarios y demás usuarios. Estaba rodeado de un ecosistema de innovación que ahora “¡ha sido desmantelado!”.

En este Centro de Patentamiento, en el que participaba la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz mediante un convenio formal, añade, se habían logrado –en muy pocos años–extraordinarios resultados para un CPI que no tenía experiencia en patentamiento y demás modalidades de protección a la innovación

16 patentes otorgadas en México y el extranjero, 19 solicitudes de patente, dos modelos de utilidad, un licenciamiento con la empresa mexicana Biorganix Mexicana y otro con la empresa extranjera Ariysta Life Sciences.

“A pesar de lo anterior, este espacio único diseñado especialmente para estas actividades de fomento a la innovación, está siendo ‘remodelado’ (más bien destruido) para que ahora sea ocupado por funcionarios de la Oficina Regional del Conacyt (…).

“Cuando a México le urgen patentes propias y en Veracruz no hay otras opciones, esta acción es muy lamentable. Construir es muy difícil, destruir muy fácil. ¡Así no se construye patria, y así no se avanza en modernizar al país, sino todo lo contrario!”.

El experto en ecología del comportamiento de insectos –quien recientemente publicó un importante artículo sobre plaga en el aguacate–, quien se ha manifestado antes (en este y sexenios pasados contra políticas autoritarias en el área) enfatiza que dicho desmantelamiento ocurre “en tiempos de la supuesta austeridad draconiana ordenada por el Presidente.

“Las y los jóvenes de México merecen un mejor futuro y requieren de una visión moderna/futurista del país, con un fomento permanente a la innovación, la creatividad, y a la generación de empleos anclados en empresas de base tecnológica, amigables con el ambiente y con arraigado compromiso social. Duele mucho que una ilusión y contribución por un mejor futuro, sea pisoteada de esta manera. Con estas acciones, la pregunta es ¿qué sigue? ¡Defendamos al Clúster Científico y Tecnológico BioMimic del INECOL!”.

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Por otra parte, la protesta ocurre en el marco de la discusión sobre la iniciativa de Ley General de ciencia propuesta por el Conacyt, donde establece que los derechos de autor y propiedad industrial financiados con recursos públicos a través de la dependencia deberán “redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México”.

“Sin embargo, los tratados internacionales y la legislación nacional en la materia no establecen reglas para la distribución de los derechos de propiedad industrial, por lo que no hay disposiciones para hacer que esos derechos redunden y se reserven para el bienestar del pueblo”, señala la red de científicos ProCienciaMx en su análisis de los nueve puntos preocupantes sobre la iniciativa del Conacyt (este el el punto 9).

“La iniciativa es confuso en la interpretación del derecho patrimonial y el derecho intelectual. Al plantear la opción de que Conacyt sea cotitular en los resultados de los proyectos en cuyo financiamiento participa, no reconoce que las instituciones en donde se alojan los inventores y creadores aportan su infraestructura, recursos materiales y humanos, además de ser las generadoras de los conceptos, métodos, ensayos, procesos y prototipos que constituyen la actividad intelectual”.

La distribución de los derechos patrimoniales se debe hacer entonces en proporción a esa aportación, refiere en su pronunciamiento contra la iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal. “Para que el Conacyt asuma derechos de propiedad requiere de figuras jurídicas y técnicas especializadas en materia de transferencia de tecnología, con atribuciones y obligaciones claras y conceptualmente bien definidas. Al carecer de esto, los derechos deberían ser administrados por las instituciones o personas beneficiarias de los apoyos”.

De acuerdo con José Luis Solleiro, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, esta es una medida “terrible” enmarcada en un sistema de innovación. “Por darte un apoyo parcial adquiere la propiedad de los resultados”, dijo durante el espacio informativo digital “Presencia Universitaria”, transmitido por la Universidad Autónoma de Querétaro.

“He hablado con representantes de cámaras empresariales y dicen que no hay forma de establecer así una cooperación de trabajo donde, de antemano, se renuncia a la propiedad intelectual”, dijo en una mesa de análisis junto con Brenda Valderrama y David Romero, también investigadores de la UNAM.

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“¿Qué va a hacer Conacyt con 300 patentes? No es su función comercializar patentes ni creo que lo sepa hacer, tampoco creo que pueda convocar a un grupo de especialistas para comercializarlas. Si esto pasa, tendremos una gaveta con documentos de patente que no le servirán a nadie, entonces la inversión pública para hacer esos desarrollos tecnológicos quedaría archivada sin generar beneficio ni económico ni social, es algo bastante grave que se justifica endeblemente”.

Por ello, dijo, los institutos de educación y universidades, CPIs y las empresas deben de poner mucha atención, aunque no es una medida que sorprende, puesto que en este sexenio Conacyt ha tratado de instrumentar esta modalidad.

“Cuando ha asignado recursos a proyectos envía un Convenio de Asignación de Recursos, el famoso CAR, donde Conacyt ha tratado de meter esas cláusulas con las que se queda con la propiedad intelectual y, más aún, la institución que recibe el recurso se compromete a hacer trabajos para entidades de la administración pública federal sin costo. Ahora, tratan de elevar esto a un artículo de la ley y es algo grave”.

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