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Aunque el gobierno federal busca mantener datos de la construcción del Tren Maya en la opacidad, al reservar su información mediante el “Acuerdo” (“decretazo”, invalidado ya por la SCJN), no es dueño del cielo y no pudo evitar que organizaciones civiles develaran datos sobre la deforestación ilegal provocada por el mega proyecto a través de información satelital.
De esta forma, la organización CartoCrítica, junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Fundación Heinrich Böll, expusieron que Fonatur –que coordina el proyecto– y la Sedena –que ejecuta la construcción– han deforestado 6 mil 659 hectáreas de selva, de las cuales 87% no cuenta con autorización de Cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF) de la misma Semarnat.
En conferencia, Manuel Llano –de CartoCrítica– explicó que, si bien el Tren Maya es polémico por muchos elementos medio ambientales, sociales, comunitarios y económicos, esta investigación sólo se centra en la cobertura forestal, de la cual llevaron a cabo una revisión actualizada hasta junio de 2023, con imágenes de satélite todo el trazo del tren hasta esa fecha cobertura forestal.
“La deforestación va mucho más allá de los permisos, aunque ha habido algunos no son los suficientes”. Es de esta forma que gran parte de ésta se encuentra bajo las categorías de “ilegal” y “sin autorización”.
Las obras y construcción del “Tren Maya” ocupan una superficie de 10 mil 831 hectáreas, de las cuales 61% (6,659 ha) corresponden a selvas deforestadas. El otro 39% es de una superficie ya alterada por el ser humano.
El “Análisis de la deforestación y gestión forestal” puede consultarse en https://trenmaya.cartocritica.org.mx/.
De acuerdo con los datos que proporciona el mapa, los tramos donde ha ocurrido más desmonte sin autorización son el Tramo 4 (Izamal - Cancún) con 1,316 ha, el tramo 6 (Tulum - Chetumal) con 1,308 ha y el tramo 5 (Cancún - Tulum) con 851 ha. Aunque existen unos cuantos permisos en la mayoría de los tramos, en los 6 y 7 –con 2 mil 89 hectáreas deforestadas– no hay ni uno.
Horas más tarde después de esta presentación (2 de agosto), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desestimó los datos presentados por las organizaciones civiles. En su comunicado de prensa número 62 dijo que “habría que hacer una revisión detallada para no generar confusiones”.
“De las 6,659 hectáreas que se citan como totales, manifiestan que sólo 889.9 cuentan con autorización de CUSTF, lo cual es inexacto, puesto que el total de hectáreas oficialmente identificadas (3,167.29) cuenta con autorización definitiva o provisional, según el caso.
“Incluso, aun cuando el estudio considera únicamente las 18 autorizaciones definitivas de CUSTF, el dato de 889.9 hectáreas es incorrecto, pues dichas autorizaciones suman un total de 1,727.7 hectáreas, más del doble de lo que registran”, continúa. Sin embargo, aunque así fuera, la diferencia sería nimia.
La dependencia de gobierno expresó “su disposición y apertura para cotejar y corroborar la información presentada para poder ofrecerla con certeza a la opinión pública”. Un día después, las organizaciones civiles expusieron de nuevo la metodología por la cual obtuvieron esa información para que Semarnat comience a cotejar y corroborar.
“La metodología con la que se elaboraron los trazos y el cálculo es totalmente transparente, pues se sustenta en el cruce de imágenes de satélite de distintas fechas, la cobertura de suelo y vegetación de 2018 elaborada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la información disponible sobre autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales”, suscribe un comunicado de las organizaciones de la sociedad civil en el cual enfatizaron que todo la información se encuentra disponible públicamente para su consulta y cotejo dentro de la herramienta cartográfica.
“Hasta el momento, según la información a la que se ha podido tener acceso, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha solicitado 28 autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), de las cuales 2 fueron desechadas, 8 están en evaluación y 18 están autorizadas.
La superficie total de CUSTF autorizada, según los resolutivos respectivos, es de 1,726.31 hectáreas (ha), agregan. “Sin embargo, solo fue posible acceder a la ubicación geográfica del 76% de estas autorizaciones (1,314.42 ha). La superficie que no fue posible georreferenciar es de 412.32 hectáreas y corresponde a una porción exclusivamente del tramo 5”. Recordaron que no es posible acceder a dichos datos debido al “decretazo” que, sin embargo, ya fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De modo que de 6 mil 658.98 hectáreas deforestadas, 73.9% no tienen autorización de Semarnat, 13.4% sí cuenta con autorización de Semarnat (y aunque tengan autorizado para deforestar aún más, ésta es la superficie hasta ahora deforestada), y en 12.8% existe incertidumbre sobre su estatus de autorización, puesto que se desconoce la ubicación de 412.32 hectáreas autorizadas, que pueden coincidir total o parcialmente con la deforestación del tramo 5, explica.
E incluso si el 100% de la superficie sobre la que existe incertidumbre se traslapara con la deforestación, el resultado final sería que 80% de la deforestación no cuenta con autorización, frente a sólo un 20% que sí la tiene.
“Los datos presentados por CartoCrítica están respaldados, metro a metro, con las imágenes de satélite utilizadas para su cálculo”. Sin embargo, la información ambiental reservada por seguridad nacional, las “autorizaciones provisionales” inexistentes en la ley, o la ausencia de un registro federal de bancos de materiales, son obstáculos para una gestión oportuna e integral de nuestro entorno, enfatizaron.
“Seguimos confiando en que herramientas como la presentada por CartoCrítica pueden ser de utilidad para la participación informada de la ciudadanía así como para las autoridades judiciales y federales en su labor de vigilancia y cuidado de los bosques y selvas de México”.
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