La industria acuícola en México ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, pasando de 263 mil toneladas a 351 mil toneladas en 2019 (datos de CONAPESCA) ocupando el lugar veintitrés a nivel mundial, y representa no solo una importante fuente de alimento y empleo, sino también un pilar fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país. Sin embargo, su sostenibilidad y crecimiento están estrechamente ligados a un factor crucial: la gobernabilidad. En un entorno donde la gestión de recursos naturales es esencial, la buena gobernanza se convierte en la clave para asegurar un futuro próspero y equitativo en esta industria.

La gobernabilidad en la industria acuícola abarca una serie de aspectos, desde la regulación y la aplicación de políticas hasta la participación de múltiples actores y la transparencia en la toma de decisiones. En un país como México, con una extensa costa y una rica biodiversidad marina, la gestión adecuada de los recursos acuáticos es esencial para prevenir la sobreexplotación y garantizar la conservación de los ecosistemas marinos. Es que, la grandeza de nuestro país también implica desafíos, y uno de ellos es el control de la actividad acuícola ya que la supervisión se vuelve un problema mayor debido a la propia geografía del país.

Una regulación efectiva y bien implementada es fundamental para promover prácticas sostenibles en la acuicultura. Esto incluye normativas que aborden aspectos como la calidad del agua, el uso de medicamentos y antibióticos, la mitigación de la contaminación y la protección de las especies nativas. Además, es necesario contar con mecanismos de monitoreo y cumplimiento que aseguren el cumplimiento de estas regulaciones y la aplicación de sanciones en caso de violaciones. Para ello es importante contar con información precisa que permita que los tomadores de decisiones, y quienes fiscalizan, puedan planificar y ejecutar correctamente los programas de monitoreo y control de la industria, razón por la cual el Directorio estadístico Nacional de Unidades Económicas, dependiente del INEGI (DENUE) tiene el encargo de registrar las unidades de producción acuícolas en el país, que a la fecha se estiman en 3497, lo cual es un dato fundamental para la planeación de políticas públicas, como por ejemplo la distribución de apoyos a nuevos emprendedores.

Como en otras industrias, es común que la actividad acuícola vaya adelante de las entidades que se encargan de la regulación, por ejemplo, en este en la actualidad, casi el 90% de los permisos para acuacultura en el país son de fomento, es decir, aquellas que tienen como propósito de estudiar, investigar y experimentar en cuerpos de agua de jurisdicción federal, y que, si bien puedes comercializar parte de tu producción, no es el fin de esta actividad; sin embargo, la realidad es que al interactuar con estos productores, son escasos los casos que llevan a cabo actividades de experimentación, siendo su prioridad la producción comercial, si bien esto es considerado legal, también es importante mencionar que puede generar incertidumbre en la industria, ya que este tipo de permisos tienen una menor temporalidad que las concesiones, por lo que esto representa una ventana de oportunidad interesante en temas de planeación estratégica.

La participación de todos los actores involucrados en la industria acuícola, incluyendo a los productores, las comunidades locales, los científicos, las autoridades gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, es esencial para una gobernabilidad efectiva. La colaboración y el diálogo entre estos grupos pueden ayudar a identificar desafíos comunes, encontrar soluciones innovadoras y promover un desarrollo equilibrado y sostenible. En ese sentido, resulta de crucial importancia que los productores busquen la forma de autorregular la industria, lo cual se ha intentado a través de alianzas estratégicas entre productores y gobierno a través de figuras como los Comités Estatales de Sanidad Acuícola, que, mediante riguroso trabajo de campo, intentan contar con información mas precisa que la captada a través de vías tradicionales y de esta forma ir regulando el sector de forma regionalizada.

La transparencia en la toma de decisiones es otro aspecto fundamental de la gobernabilidad en la industria acuícola. Los procesos de planificación y toma de decisiones deben ser accesibles y comprensibles para todos los involucrados, con espacios para la participación pública y la rendición de cuentas. Esto ayuda a construir confianza entre los diferentes actores y a reducir el riesgo de conflictos. Así pues, las entidades no gubernamentales ayudan a promover esa transparencia, y además generan un sano equilibrio, sobre todo aquellas que tienen un enfoque hacia el desarrollo sustentable.

En resumen, la gobernabilidad efectiva es un requisito indispensable para el desarrollo sostenible de la industria acuícola en México. Garantizar la protección de los recursos naturales, promover prácticas responsables y fomentar la participación y transparencia son elementos clave para asegurar un futuro próspero y equitativo en este sector. Solo mediante un enfoque integral de la gobernanza podemos aprovechar plenamente el potencial de la acuicultura para contribuir al bienestar económico y social del país. Para ello se debe insistir en una planeación estratégica regionalizada, participación y significativa de todas las partes interesadas, y un marco regulatorio que facilite y a la vez proteja a la industria con un enfoque socioambiental.

Los autores pertenecen al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y a la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Para más información contactar a amonge04@cibnor.mx.

1. Centro de Investigaciones biológicas del Noroeste, S.C.

2. Universidad Autónoma de Baja California Sur