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La ley general de ciencia que ha entrado en vigor tiene muchos defectos, pero más allá de su contenido el desaseo legislativo complica que pase a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló Antonio Lazcano durante una mesa de diálogo en torno a la ley general de ciencia, realizada este 11 de mayo en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
“He hablado con bastantes legisladores, con especialistas en derecho parlamentario y es perfectamente claro que esta ley no resistirá el análisis en la Suprema Corte. Adicionalmente, es correcto ampararnos quienes creemos que es adecuado porque no podemos tolerar este tipo de imposiciones”, dijo el profesor de la facultad y miembro de El Colegio Nacional.
Durante la mesa “La ley ciencias y el nuevo Conahcyt”, Lazcano y Fausta Gantús, historiadora del Instituto Mora, establecieron un diálogo con estudiantes y académicos de la institución, algunos de los cuales criticaron planteamientos de los expositores y la falta de pluralidad de la mesa, a lo cual respondieron que el Con“H”acyt (la H, de humanidades, es muda dijo Gantús, apuntando que en toda la ley no se define qué cambia de forma práctica su adhesión y ponderación) ha rechazado sistemáticamente el diálogo y debate con opositores y críticos de la ley, fundamento de su supuesta discusión entre la comunidad científica del país.
Los académicos abordaron las diversas fragilidades, inconsistencias, contradicciones e imposiciones de la ley en la gobernanza de Conacyt –y la inclusión de las fuerzas armadas en la toma de decisiones–, presupuesto, libertad académica, equiparación de saberes tradicionales y rigor científico, entre otros; adicionalmente expusieron argumentos sobre dichos insostenibles de la directora de Conhacyt y sus ataques a detractores de la ley y su gestión.
Lazcano acotó que su intención de ampliar la crítica y debate en torno a la ley general de ciencia y el nuevo Conhacyt no busca el apoyo de los jóvenes, no obstante que serán ellos las principales víctimas de las limitaciones en su desarrollo con becas, empleos y trabajo científico como está planteado en dicha legislación.
“Esperamos que se mantenga el pundonor de la oposición y de algunos legisladores de Morena y la ley se eche para atrás, pero el problema básico es otro”. Añadió que “nunca” en la historia reciente de México habíamos visto una fractura entre la comunidad académica, científica y el Cona(h)cyt.
“Es terrible y es una fractura que se refleja de muchas maneras: en las agresiones a los que critican a Elena Álvarez-Buylla –directora del Conacyt y miembro de la comunidad de la Facultad de Ciencias–, en su actitud defensiva y en sus mentiras, en sus juicios superficiales respecto a sus opositores.
“Es una fractura que tenemos que ayudar a saldar y evitar que se siga profundizado. No tengo esperanzas en el diálogo con el gobierno actual, pero como comunidad deberíamos de tener una idea más clara de lo que significa la ley y cómo evitar que sus efectos negativos se dejen sentir entre nosotros y quienes vienen de nuestra comunidad”.
El Premio Crónica agregó que la comunidad debe trabajar con abogados y especialistas para analizar cómo mejorar esta ley, puesto que, tarde o temprano, se va a frenar. “El problema es que hasta que eso ocurra pasarán dos o tres años de un periodo terrible en el cual, si no tenemos cuidado, se van a polarizar más las relaciones al interior de una comunidad que debería de estar unida ante problemas reales y concretos, científicos y sociocientíficos, como la devastación ambiental o el calentamiento global, que requieren de concurso de todos”.
CENTROS CON(H)ACYT.
Fausta Gantús refirió que en su instituto, así como en otros Centros Públicos de Investigación, los principales afectados por la ley, ha habido reuniones de sus directores desde antes de su aprobación, con el objetivo de poner en marcha cuanto antes la reestructuración de los 26 centros. “Esto ha sido a espaldas de las comunidades que dirigen”, añadió. Entre las medidas está la agrupación de las líneas de investigación de los centros, en el área de “humanidades” que respecta a su instituto, ejemplificó, las investigaciones que se apoyarán son agua, migración y seguridad. En ninguna encaja su línea de investigación, la historia política.
“Mi interés no es político y si estoy haciendo activismo ahora es porque esta ley ataca directamente a todo aquello en lo que he trabajado en más de 30 años, en la investigación científica y la formación de nuevas generaciones.
“Este es un ejemplo de la cancelación del conocimiento a través de la negación de recursos para el desarrollo de la libertad académica; está bien que se apoyen proyectos de la agenda nacional, estoy de acuerdo, pero sin cancelar la libertad académica y de investigación de otros proyectos que son totalmente diferentes (…) la ley está armada con pequeñas y grandes trampas que buscan contraponer a la sociedad; esta ley nos perjudica a todos y condena a México al ostracismo, al aislamiento y al oscurantismo”.
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