Piden a SCJN dar prioridad a acciones de inconstitucionalidad contra nueva Ley de Ciencia
Un grupo de 502 trabajadores, investigadores y académicos de Centros Públicos de Investigación y universidades públicas y privadas envían una “solicitud de atención prioritaria”
En la marcha en defensa de la autonomía de la Suprema Corte, el 28 de mayo, participaron científicos para pedir protección a sus derechos.
Un grupo de 502 trabajadores, investigadores y académicos de 68 Centros Públicos de Investigación y universidades públicas y privadas, dirigieron una “solicitud de atención prioritaria” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que piden atender dos acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que expidió la nueva Ley General de Ciencia, y que reformó la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Planeación.
El decreto que genera el conflicto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo de 2023 y las acciones para solicitar que sea declarado inconstitucional fueron promovidas por más del 30 por ciento de los integrantes de las Cámaras de Senadores y de Diputados los días 6 y 7 de junio de este mismo año.
Entre el amplio abanico de 68 instituciones en las que trabajan las personas que elaboraron la solicitud para la Suprema Corte hay trabajadores de Centros Públicos de Investigación como el CIESAS, CIBNOR, CIDE, CICY, CIO, CIMAT, Centro GEO, IPICYT, INECOL, el Instituto Mora, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Sur y el Colegio de Michoacán. También hay personal de universidades e institutos públicos como la UNAM, UAM, Politécnico Nacional, Cinvestav y el Colegio de Posgraduados; así como de universidades estatales de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, o Veracruz.
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Entre los firmantes de universidades privadas hay personal de las universidades Panamericana, Simón Bolívar, Intercontinental, Iberoamericana, del Valle de México, De las Américas Puebla, el Tecnológico de Monterrey, ITESO, CETYS, Anáhuac, YMCA, ICAT, IPW.
En la lista se pueden leer trabajadores e investigadores del Instituto del Instituto de Cardiología, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Hospital Ángeles, así como del Tecnológico Nacional de México en diferentes sedes de Chiapas, Sinaloa y Tamaulipas; de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Sociedad Científica Antonio Alzate, Aracnia Innovación, El Colegio Mexiquense, entre otros.
LEY DE CIENCIA: CUESTIONAN PROCESO LEGISLATIVO
En el escrito, dirigido a la Ministra Presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, se argumenta que en procesos para aprobar la nueva Ley se realizaron varias acciones inconstitucionales y violaciones a Derechos Humanos, además de que la legislación impugnada se contrapone al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que México suscribió en 1976 y ratificó en 1981, a través del voto del Senado.
“Nos dirigimos a usted para solicitar la atención oportuna y prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por algunos integrantes del poder legislativo con respecto al decreto de la Ley General de Humanidades Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), así como las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, publicado el 8 de mayo del 2023 en el Diario Oficial de la federación. Las acciones de inconstitucionalidad a los que hacemos referencia son de la Cámara de Senadores sometida el 6 de junio del 2023 y la de la Cámara de Diputados sometida el 7 de junio del 2023 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ambas acreditadas por el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura”, indica el texto de los trabajadores, cuya copia tiene el equipo de Crónica.
Los firmantes afirman que la atención oportuna y prioritaria de sus demandas por parte de los ministros de la SCJN, podrá resolver las posibles violaciones constitucionales y de derechos humanos fundamentales a la comunidad científica de México.
“Quienes firmamos este documento somos personal de los centros Públicos de Investigación, así como de universidades e Instituciones de Educación Superior y ciudadanía, que consideramos que la ley vigente se contrapone con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -que entró en vigor en el año del 1976 y fue ratificado por la Cámara de Senadores en 1981-, así como distintas acciones anticonstitucionales en el proceso de aprobación y violaciones a los derechos humanos”, indican las personas que respaldan la solicitud.
FRENAR EFECTO CASCADA
La solicitud para que la Suprema Corte de prioridad a las dos acciones de inconstitucionalidad contra la nueva Ley General de Ciencia, es un elemento importante porque el gobierno federal ya está llevando a cabo reformas de fondo y forma que van en concordancia con la nueva ley.
“Adicionalmente, es importante que dichos mecanismos sean resueltos a la brevedad, ya que la elaboración del presupuesto del año 2024 destinado a ciencia y tecnología, se elaborará en términos de la ley vigente, lo cual aumentará el grado de complejidad en el resarcimiento de los daños por las posibles violaciones constitucionales y en los derechos humanos fundamentales”, indican los 502 firmantes del texto entregado al máximo órgano del Poder Judicial en México.
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