México presentó ante el Comité contra Drogas y Delincuencia, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el texto y proceso de elaboración de su primera Ley de Ciberseguridad, que busca proteger a los ciudadanos de este país con cuatro líneas de acción: 1) Garantizar la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital; 2) crear un marco legal que permita sancionar o tipificar los ciberataques, 3) realizar pruebas de penetración o “pentesting” anual a las instituciones públicas y privadas y 4) crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad controlada por el Poder Ejecutivo, similar a los modelos seguidos por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

La presentación del documento mexicano se realizó en el marco de la Quinta sesión de trabajo del Comité Especial encargado de elaborar una convención internacional amplia sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los casos delictivos. Este encuentro se lleva a cabo desde el 11 hasta el 21 de abril. En total la ONU ha convocado a seis sesiones sobre este tema para elaborar una Convención Internacional contra Ciberdelitos.

En este momento la iniciativa de Ley Mexicana está en espera de ser aprobada por la Cámara de Diputados, pero cuenta con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios y fue presentada ante la ONU, en Viena, porque se estima que puede servir como uno de los insumos aportados por diferentes países para elaborar la Convención Internacional.

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El texto detallado de la que se espera que sea la primera Ley mexicana sobre ciberseguridad, fue expuesto por el presidente de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, quien informó a los delegados de la ONU que el proyecto de Ley mexicana fue construido con la participación de 300 investigadores, representantes de gobierno y de empresas de base tecnológica, en un proceso que ha tomado 15 meses.

La decisión de la ONU de elaborar una estrategia internacional contra los ciberdelitos surgió por primera vez en la Asamblea de enero de 2020, en la cual se aprobó la resolución 74/247, que ordena establecer un comité intergubernamental especial de expertos de composición abierta, representativo de todas las regiones, encargado de elaborar una convención internacional amplia sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. Esta resolución ordena a los redactores de la Convención tomar en cuenta las legislaciones locales existentes y los instrumentos internacionales vigentes para combatir la utilización de la información y las comunicaciones con fines delictivos.

De conformidad con la resolución 74/247 de la Asamblea General, el Comité Especial convocó un período de sesiones de organización de tres días de duración en mayo de 2021 en Nueva York, a fin de acordar un esquema de trabajo. Así se estableció una agenda de seis sesiones de trabajo, revisión de legislaciones locales y redacción de una Convención internacional. Actualmente se lleva a cabo la sesión de trabajo 5 y agosto de este año se realizaría el último encuentro de negociación y redacción antes de someter la propuesta final a los jefes de Estado de los países miembros de la ONU.

MECANISMO PARTICIPATIVO

América Latina registra mil 600 ciberataques cada segundo, y México es uno de los principales objetivos de la ciberdelincuencia.

En este contexto, el jueves 13 de abril, el diputado Javier López Casarín, presentó a los representantes de países que integran el Comité contra Drogas y Delincuencia de la ONU la ruta de trabajo con la que México ha trabajado para contar con su primer marco normativo específico contra ciberdelitos. Esa ruta de trabajo tuvo como pieza central el diseño del Mecanismo Participativo Público-Privado para el Análisis y Desarrollo de la Iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad de México.

El legislador del Partido Verde aseguró que la iniciativa de ley es el resultado de un modelo en el que trabajaron de forma coordinada la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la iniciativa privada y la sociedad civil, logrando unificar criterios y visiones, con base en información y experiencias vertidas por todos los participantes.

Esta iniciativa es la primera de una serie de normativas que México requiere para contar con un marco legal adecuado en materia digital y ha contado con el apoyo de la actual administración federal, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se demostró con la participación de más de 30 dependencias del Poder Ejecutivo, que coincidieron en la necesidad de considerar el combate a la ciberdelincuencia como asunto como prioridad nacional.

“México tendrá una Ley de Ciberseguridad que le permita enfrentar los retos presentes y futuros, gracias a un trabajo de más de 15 meses en los que se escucharon y atendieron las voces de todos los actores involucrados”, señaló en la sede de la ONU en Viena.

En México, las Fuerzas Armadas son el área operativa responsable de atender los delitos cibernéticos que, eventualmente, pudieran afectar áreas estratégicas e infraestructura crítica, por lo que tuvo una alta participación en la elaboración de la iniciativa que será sometida a votación del pleno de la Cámara de Diputados.

La elaboración de la iniciativa mexicana arrancó en diciembre de 2021. En ese momento existían 17 propuestas en materia de ciberseguridad que habían sido promovidas en ambas Cámaras.

“Todas las iniciativas que localizamos tenían enormes aportaciones, pero carecieron de un elemento fundamental: el consenso”, dijo el legislador.

Planteó que la estrategia en los trabajos fue escuchar a todos los sectores, a través de la Mesa Permanente de Trabajo Para Analizar el Marco Jurídico y las Propuestas Legislativas en Materia de Ciberseguridad, que fue instalada el 25 de febrero de 2022, atendiendo en primera instancia dos grandes sectores: el público y el privado.

En la Mesa Permanente, se escucharon las aportaciones de los distintos órdenes de gobierno, organizaciones civiles, cámaras de comercio, empresas de tecnología, académicos, expertos y ciudadanos que tuvieran interés en la iniciativa de Ley.

López Casarín informó en la ONU que para consensuar la iniciativa fue clave el trabajo en conferencia con el Senado de la República, a través de su Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín.

Ambas Cámaras, como cierre de los trabajos de escucha ciudadana, convocaron a un Parlamento Abierto celebrado el 31 de octubre de 2022 en el que se registraron más de 300 personas, de las cuales 92 hicieron uso de la voz, en un ejercicio que duró más de siete horas ininterrumpidas. El resultado de esos 15 meses de trabajo es la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que se prevé sea aprobada durante el presente periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril.

Buscan reunir en una Ley ordenamientos fragmentados

Debido a que actualmente México no tiene una Ley sobre Ciberseguridad, los delitos de este tipo de abordan con diferentes leyes, reglamentos y normativas vigentes, incluyendo: 1) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2) la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 3) la Norma Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4) la Ley Federal del Derecho de Autor; 5) la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; 6) la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 7) el Código Penal Federal, 8) la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2017 y 9) el Programa Nacional de Seguridad 2014-2018.

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