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Tras la destrucción, viene la reconstrucción de la política científica y de la institucionalidad que dejó el actual Cona(h)cyt, para lo cual, académicos (as) proponen, entre otros puntos, la creación de una Secretaría de Ciencia y un nuevo sistema de gobernanza de los centros de investigación nacionales.
En esta tercera y última entrega de “Crónica” en torno a las conclusiones del documento “Propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México” –publicado por la AMC y el IPPG-UdG–, se exponen algunas de las ideas que plantean Raúl Rojas, Brenda Valderrama y José Luis Solleiro, entre otros, sobre las alternativas en política científica con miras hacia el próximo gobierno.
En la última parte de este documento, también se cuenta con la colaboración del doctor Antonio Lazcano, quien pone de relieve el contexto internacional en el que se hace investigación científica, sus crisis, retos y presiones que provocan en un debilitado sistema en México –a causa de las decisiones políticas de este sexenio.
“El propósito de este ensayo es subrayar algunas características del ambiente científico internacional que, me parece, se deben tomar en cuenta en el proceso de reconstrucción de la ciencia mexicana y en la redefinición de las políticas científicas nacionales luego de los daños provocados por el gobierno del Presidente López Obrador”, escribe el miembro de El Colegio Nacional.
Tras hacer un breve recuento de las condiciones que llevaron a la actual política científica –a cargo de la directora de Cona(h)cyt, Elena Álvarez-Buylla–, el biólogo refiere que desde el inicio del actual sexenio “hemos atestiguado la contracción más grave del aparato académico y científico de la que tengamos memoria en las últimas décadas.
“El escandaloso listado de errores, atropellos e irregularidades que han marcado la administración de la Dra. Elena Álvarez-Buylla con el apoyo total del Presidente de la República y de otras autoridades, nos obliga a analizar críticamente los errores que se han cometido en la política científica nacional desde la fundación del Conacyt hasta la situación actual”.
“EN MÉXICO NO SE PUEDE”.
En su amplio ensayo, Raúl Rojas –investigador de la Universidad Libre de Berlín y Premio Nacional de Ciencias– amplia el contexto internacional en el que se desarrolla la investigación científica de más alta calidad, así como el financiamiento público y privado que recibe en los diferentes países desarrollados.
Después de reparar en indicadores globales, enfatizar la vitalidad de la educación superior en la investigación y otros análisis, el científico propone crear un poderoso sistema de centros públicos de investigación independientes, como en Alemania (Institutos Max Planck), Estados Unidos (Institutos Nacionales de Salud), España (CSIC) o Francia (CNRS).
“Se podría pensar que agrupar a los Centros Públicos de Investigación con el Cinvestav sería una cuestión puramente burocrática, que es lo mismo si están separados o juntos. No es así. Crear algo como el sistema del CSIC en España o el sistema Max-Planck automáticamente los convertiría en algo más que la suma de sus partes. Por una parte, podrían autogobernarse, por otra, podrían luchar por mayor presupuesto como sistema, que cada uno por su parte. Agregándose, se convertirían en un referente importante a nivel de América Latina.
Semilleros de innovaciones, vacunas y premios Nobel, estas instituciones son un modelo de calidad y excelencia científica al que México puede aspirar, aunque el escepticismo sea un primer obstáculo. “En México muchas veces mis amigos me paran en seco cuando comienzo a hablar del estado ideal, porque ‘en México no se puede’. Yo pienso que es útil discutir cómo quisiéramos que fueran las cosas y, a continuación, qué posibilidades hay de lograr algo. Para ser realistas hay que soñar primero lo imposible. Así que mi sueño imposible sería que en México tuviéramos el equivalente del MPG alemán, o del CNRS francés, o del CSIC español”.
En su artículo “Hacia una Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación”, Brenda Valderrama, José Luis Solleiro, Jorge Mauricio Flores Moreno y Crescencio García Segundo hacen un breve recuento de la historia institucional que ha permitido la creación de una agencia de gobierno como Conacyt para el financiamiento de investigación y proyectos científicos en el país.
Los embates y pérdida parcialidad en la asignación de recursos del Conacyt, así como su ineficacia en este sexenio, dan contexto a los académicos de la UNAM y CIO a plantear la pertinencia de la creación de unaSecretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que había sido también propuesta por ProCienciaMx en su “Estrategia de política de CTI hacia el bienestar social y el desarrollo sustentable de México: 2024-2031”.
Para los académicos esta alternativa debe considerarse seriamente puesto que, además dar relevancia a la ciencia a un alto nivel en la agenda pública de gobierno, fortalecería la gobernanza al convocar a otros niveles de gobierno, Poder Legislativo y sectores privado y público.
“Adicionalmente, dado que la actividad científica y tecnológica busca el desarrollo social y el desarrollo económico, tener el rango de Secretaría “le permitiría participar de ambos gabinetes y de esa forma equilibrar mejor el impacto de sus acciones”. Un cuarto punto, agrega, permitiría consolidar la mayor parte delpresupuesto asignado para el cumplimiento del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), dividido históricamente entre la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt.
La científica y los académicos explican cómo operaría esta secretaría y cómo integraría las actividades que dejó de hacer el Cona(h)cyt este sexenio de manera eficaz y justa, como el otorgamiento de becas a jóvenes, financiamiento de investigación, apoyo a universidades, impulso a la innovación, entre otros varios temas.
Los especialistas concluyen que, contar con una instancia del más alto nivel dentro del Gobierno Federal dotaría al Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de las facultades y presupuesto necesario para el fortalecimiento del sector.
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