La propuesta de Ley de Ciencia quita el modelo participativo e impone uno centralista: académicos
La verdadera gobernanza de la ciencia no es como controlar el timón de un barco; es escuchar a todos los participantes en la generación del conocimiento, señala Cristina Puga
diálogos
La nueva Ley General de Ciencia debe garantizar la libertad de investigación, dice Cristina Puga.
Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) realizaron ayer un foro de análisis sobre las futura Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde diferentes participantes coincidieron en señalar que la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente de la República, el pasado 13 de diciembre, elimina el modelo de gobernanza participativo e impone uno centralista, en manos de funcionarios del gobierno federal que esté en turno.
El encuentro fue convocado por el Sindicato de Personal Académico del CIDE (SIPACIDE) y la Asamblea Académica Permanente del CIDE, pero no tuvo presencia del actual director José Antonio Romero Tellaeche, quien el pasado 20 de enero había organizado su propio foro sobre este tema, con investigadores jóvenes afines a su administración. Sobre esta segmentación de la reflexión, la coordinadora de las mesas de ayer; la doctora Cath Andrews, profesora, investigadora y exsecretaria académica del CIDE, dijo que las actuales autoridades del CIDE no han permitido que los académicos de expresen libremente sobre la iniciativa enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, a pesar de que Conacyt los había convocado a dialogar.
“Este evento se pensó y se organizó a raíz de la invitación que nos envió Conacyt a nuestros correos institucionales, donde nos invita a discutir, hablar y proponer sobre esta Ley. Pero es una lástima que cuando quisimos organizar este evento a través de nuestra institución, que es el CIDE no hubo apoyo y es triste que no hay interés de nuestra institución en escuchar nuestras voces. Eso va en contra de lo que propone esta Ley. Es altamente excluyente no permitir que las voces de la comunidad académica, de los Centros Públicos, no podamos responder a la invitación que nos habían hecho llegar”, puntualizó la especialista en Historia de México, tras reconocer que debido a la actitud de las autoridades del CIDE se siembra la impresión de que al organizar diálogos entre académicos “estamos haciendo algo malo”.
Javier López Casarín: Convocaremos a Parlamento abierto para definir iniciativa de la nueva Ley de Ciencia
PRIMERA MESA
La serie de diálogos realizada el viernes se dividió en tres mesas. En la primera de ellas participaron los investigadores Sergio López Ayllón, del CIDE; Cristina Puga, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Alma Maldonado, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), así como la representante del movimiento estudiantil del CIDE, Ximena Millán. Cada ponente señaló apartados específicos que propone la iniciativa presidencial y que les parecen preocupantes; principalmente los que eliminan la participación de investigadores, profesores y alumnos, pero también de representantes de los gobiernos estatales, universidades y el sector privado.
La primera intervención fue la del doctor López Ayllón, quien fue director general del CIDE y habló del marco jurídico vigente, que es la Ley de Ciencia de 2002 y del proceso legislativo en curso para aprobar una nueva Ley; señalando que actualmente hay cinco iniciativas en las Cámaras de Diputados y Senadores.
Al referirse a la iniciativa presentada por el presidente López Obrador el pasado 13 de diciembre, dijo que es la que ha tiene mayor visibilidad, pero subrayó que su mayor debilidad es que no está redactado con el contenido que debe tener una Ley General, que es lo que ordenó el Congreso de la Unión en mayo de 2019, cuando reformó el artículo 3 de la Constitución y simultáneamente ordenó emitir una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Basado en Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, López Ayllón explicó que el objetivo de las Leyes Generales es distribuir competencias entre los distintos niveles de gobierno; ya sean federal, estatal y municipal, y de otros actores, que en este caso serían las universidades, centros públicos de investigación y otros actores privados y sociales del ecosistema de humanidades, científico, tecnológico y de innovación. En contraste a este principio, observó, la actual iniciativa de Ley del Presidente busca concentrar facultades y control de la ciencia en manos del Conacyt y otros representantes del gobierno federal.
Este mismo peligro de eliminar la gobernanza participativa y sustituirla por una gobernanza centralista fue señalada por la segunda ponente:
"La verdadera gobernanza de la ciencia no es como controlar el timón de un barco; es escuchar a todos los participantes en la generación del conocimiento, dentro de un verdadero modelo democrático", expresó la socióloga y doctora en Ciencia Política, Cristina Puga, quien actualmente labora en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, de la UNAM, en Mérida.
La doctora Puga, quien durante décadas ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, reflexionó sobre los cambios que la iniciativa presidencial propone al sistema de gobernanza del ecosistema científicos. En particular se detuvo en el punto de la idea de que se acote la libertad de investigación y que el apoyo con recursos públicos sea principalmente para proyectos que cada gobierno en turno defina como sus prioridades. “Sabemos que la investigación que se hace no siempre tiene aplicación inmediata, pero sí futura, y por eso la nueva Ley General de Ciencia debe garantizar la libertad de investigación y no debe ceñir el trabajo a los temas de una agenda establecida por un Consejo”, dijo la investigadora universitaria.
La tercera especialista en participar en la primera mesa fue la doctora Alma Maldonado, quien desde Cinvestav ha realizado numerosos estudios sobre la educación superior en México y, desde hace dos años, ha sido una de las voces más escuchadas sobre la gobernanza del sistema de investigación y desarrollo en México.
“Lo que todos queremos es que haya una ley mejor que la que ya tenemos, no una ley peor. Si no es para mejorar, entonces, para qué cambiamos”, se preguntó antes de hablar sobre problemas de la iniciativa presidencial en temas como gobernanza, autonomía de los centros públicos de investigación, la discriminación que ya padecen los investigadores que trabajan en universidades privadas y el hecho de que busca eliminar la meta presupuestal para ciencia establecida en la actual ley.
Alma Maldonado reflexionó que es muy preocupante que la iniciativa de Ley General de Ciencia del Presidente no contiene metas ni marcos específicos. “Si no les gusta la meta de destinar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que señala la actual Ley, hay que fijar otra meta, no sólo para este gobierno sino para los que vienen”, apuntó.
El cierre de la mesa estuvo a cargo de la representante estudiantil recién egresada del CIDE Ximena Millán, quien advirtió que para los mexicanos jóvenes interesados en hacer investigación, la propuesta de Ley General de Ciencia presentada por el gobierno no tiene lo mínimo indispensable: “necesitamos certeza para decidir qué estudiar y necesitamos certeza para poder trabajar después”.
Bloqueos y restricciones a académicos del CIDE
Durante las conferencias organizadas por el Sindicato de Personal Académico del CIDE (SIPACIDE) y la Asamblea Académica Permanente del CIDE, se dio a conocer un caso controvertido que es ejemplo del bloqueo a investigadores para actividades académicas. El ejemplo expuesto fue la decisión de las actuales autoridades de ese Centro que impiden la participación de sus investigadores en el Congreso de la Latin American Studies Association (LASSA), que se realizará en Vancouver, Canadá; en particular al Doctor José Antonio Aguilar Rivera, quien estaba considerado para participar en el panel “Retos para la implementación en Latinoamérica de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía”. La respuesta oficial fue que el visto bueno no se concede por no quedar claro “el beneficio que el CIDE recibirá”.