La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el miércoles pasado otorgó un amparo a 300 ciudadanos de Veracruz que se oponían al proyecto actual de ampliación del Puerto de carga tiene gran significado para todo el país porque pide volver a realizar la evaluación de impacto ambiental para que no sea cancelado el proceso.

La ampliación del Puerto de Veracruz es un proyecto multianual con una inversión calculada en 23 mil millones de pesos, para ampliar la superficie de la terminal de carga 500 hectáreas en agua y 450 en tierra.

El nuevo fallo judicial busca acabar con la simulación que ocurría al reunir decenas de evaluaciones de impacto pequeñas y fragmentadas para sacar adelante un megaproyecto. Así lo explicaron abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) que consideraron histórico el fallo que corrige errores y trucos administrativos para no considerar en la evaluación de impacto ambiental zonas vivas del arrecife coralino más grande del centro del Golfo de México.

Por unanimidad, el 9 de febrero las y los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto de sentencia que protege los arrecifes veracruzanos y que transforma la manera como opera el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Está decisión apuntala la protección al derecho al medio ambiente sano que viene haciendo la Suprema Corte y, sobre todo, cambiará la manera en que las autoridades ambientales realizan la Evaluación de Impacto Ambiental.

Megaproyecto encubierto.

El proyecto de Ampliación del Puerto de Veracruz comenzó formalmente en el año 2001, cuando la Administración Portuaria (APIVER) solicitó un estudio para aumentar su competitividad. Entonces fue sugerido agregar 35 nuevas posiciones de atraque para barcos de carga de contenedores.

El estudio original que fundamentaba la ampliación no consideró el impacto de esta obra sobre el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), vecino al Puerto. Posteriormente ocurrieron diferentes trámites y decisiones de gobierno que fueron irregulares y con poca claridad científica, como cambiar el área oficialmente reconocida del Parque Nacional y retirar varios arrecifes del área de protección, con el argumento de que eran arrecifes muertos. Además, el trámite intentó ser justificado a través de 14 evaluaciones de impacto ambiental para obras menores, sin declarar todas esas 14 evaluaciones estaban enfocadas a un mismo objetivo: validar legalmente la realización de un mega-proyecto.

Xavier Martínez Esponda, abogado que es Director Operativo del CEMDA, explicó a los lectores de Crónica que el problema llegó a la Suprema Corte de Justicia en el año 2020, después de haber pasado por otros juzgados, en razón de su importancia y de su trascendencia.

“La Primera Sala de la Corte atrajo el caso y esto nos hace mucho sentido porque fue en esa misma sala en la que, hace algunos años, se resolvió un asunto similar, relacionado con la Laguna del Carpintero, en Tamaulipas”, detalló Martínez.

Ciudadanos y abogados.

Por la importancia del juicio sobre la ampliación del Puerto de Veracruz y la magnitud del daño que podría realizarse con las evaluaciones de impacto ambiental autorizadas, diferentes organizaciones internacionales de protección ambiental acompañaron el proceso.

Alejandra Serrano Pavón, abogada de la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), se interesó en el caso por la oportunidad de animar a la Corte a interpretar de manera amplia el derecho al acceso a la justicia en defensa del ambiente. ELAW presentó un escrito legal (Amicus Curiae) que apoya el amparo, a través del cual brindó ejemplos de diversos países alrededor del mundo que reconocen una amplia interpretación de este derecho, el cual permite a “cualquier organización de la sociedad civil o, al menos residentes de un lugar, entablar una acción judicial para proteger al medio ambiente”.

Adicionalmente a lo anterior, organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), también entregaron de manera conjunta a la Suprema Corte un escrito legal de apoyo al amparo. Guillermo Zuñiga, abogado colaborador de Earthjustice, enfatizó que sus vínculos con estos arrecifes son importantes y personales: “Yo crecí en Veracruz. Soy xalapeño. Esa zona me vio nacer”. Recordó “estar en ríos y playas veracruzanas, disfrutando, creciendo junto con mi familia. Yo quiero que los niños de Veracruz tengan la oportunidad de disfrutar la riqueza de biodiversidad como yo lo hice”.

Por su parte, Sandra Moguel, abogada de AIDA, enfatizó que “no es la proximidad de un proyecto lo que determina quiénes son las personas afectadas y quiénes deberían tener acceso a la justicia para defender su derecho a un medio ambiente sano”. En el escrito, AIDA explica que el derecho internacional obliga al gobierno mexicano a permitir que toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, acceda a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota.

Estándar probatorio.

La Suprema Corte informó que el caso sirve para desarrollar más los criterios de lo que se llama “el interés legítimo en casos ambientales”.

Demostrar el interés legítimo que una persona tienen sobre un tema que se presenta a juicio es “la llave” que pone en marcha un juicio de amparo; entendiendo que el amparo es la posibilidad que tiene cualquier persona para pedir protección del Poder Judicial cuando una decisión de una autoridad daña sus derechos humanos. En este caso, se estaría dañando el derecho humano a un ambiente sano, reconocido en la Constitución, en leyes federales y tratados internacionales.

“Nosotros argumentamos que no se cumplió correctamente con una de las garantías más importantes que jurídicamente se tienen para garantizar el derecho al medio ambiente sano. Nos referimos a la herramienta llamada Evaluación de Impacto Ambiental. Esa evaluación sirve para que las autoridades tomen decisiones que permitan aminorar los riesgos. Para ese instrumento, la autoridad debe exigir que se le presente la mejor información científica disponible y, por otra parte, se requiere que la evaluación se haya realizado de manera integral porque si hay información oculta o fragmentada, es obvio que la autoridad no puede vislumbrar los riesgos y sus decisiones carecen de sustento. En la ampliación del Puerto de Veracruz la Evaluación de Impacto Ambiental no usó la mejor información científica ni fue integral”, explicó Xavier Martínez Esponda.

La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte y el proceso de ejecución de la sentencia, obligan a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a cumplir con el estándar más alto de protección consagrado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

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El arrecife

Reserva de importancia internacional

El Sistema Arrecifal Veracruzano es un Parque Nacional y un humedal de importancia internacional, según la Convención Ramsar. Este sistema de arrecifes alberga la mayor biodiversidad de especies del oeste del Golfo de México y es, además, el hogar de varias especies protegidas, tales como la tortuga carey, la cual está en peligro crítico. Además, el SAV contribuye también a mitigar el impacto de las olas producidas por tormentas y huracanes, fenómenos que se han incrementado en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático.