Tras 6 horas de audiencia por el caso de la Línea12 un juez de Control de la Ciudad de México decidió diferirla para el 7 de marzo del próximo año; lo anterior luego de que las defensas no aceptaran en acuerdo reparatorio por la falta de información de la carpeta de investigación por lo que 10 personas pidieron la revocación del convenio.

Al término de la audiencia el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas y el comisionado de Atención a Víctimas de la CDMX, Armando Ocampo, decidieron no dar declaraciones; en tanto se informó que no se realizó ninguna imputación formal.

El abogado de algunas de las víctimas, Cristopher Estupiñan, aseguró que la Fiscalía General de Justicia ha actuado de forma omisa y que al solicitar mostrara el acuerdo reparatorio al que llegó grupo Carso con el G-CDMX y el Sistema de Transporte Colectivo Metro se negó bajo la justificación de un acuerdo de confidencialidad; sin embargo, el abogado explicó que este esquema aplica para la difusión de información más no para evitar el conocimiento del contenido por las partes implicadas.

En tanto señaló que a la audiencia no acudieron a comparecer todos los exfuncionarios que estaban citados.

“Está defendiendo, protegiendo y ocultando información a favor de grupo Carso, en la audiencia pasada (la del 25 de octubre) se le exigió a la fiscalía para exhibiera el acuerdo reparatorio al que llegó con el Gobierno de la Ciudad de México por 800 millones de peso”, señaló Cristopher Estupiñan, defensa de las víctimas.

El defensor condenó la conducta del juez de control ya que, “sólo se dedicó a regañarnos” y refirió que no escuchó los argumentos emitidos por las defensas.

“El juez en lugar de hacer valer su determinación se limitó a dar por buena la excusa de la divulgación de información ante ello promovimos un recurso de revocación toda vez que consideramos que este convenio debe ser compartido”, indicó.

Estupiñan aseguró que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está protegiendo a las empresas implicadas en la construcción de la Línea 12 al recibir las muestras y argumentos por parte de la defensa de Grupo Carso.

“Grupo Carso presentó el mes pasado un examen pericial en el que se deslinda de responsabilidades, entonces que nos diga la fiscalía grupo Carso que calidad tiene en este asunto, por que lo está protegiendo”, condenó el defensor.

En cuanto a la solicitud del plazo, Cristopher Estupiñan manifestó su molestia por el periodo de cuatro meses ya que aseguró que con dicha decisión “sólo estamos perdiendo el tiempo”.

Teófilo González, defensor de otras de las víctimas, calificó de benéfico el hecho de que el juez de Control difiriera la audiencia para marzo del próximo año.

“El acuerdo nos da mucha suspicacia, hay algo que están ocultando están en contubernio o algo así, se niegan rotundamente a mostrar el acuerdo, el juez fue engañado porque el artículo sexto de la Ley de Víctimas establece que a las víctimas se les debe dar prioridad”, señaló el abogado.

El defensor dijo que las víctimas no buscan una cuestión económica sino que quieren transparencia y verdad; aseguró que detrás del caso hay corrupción.

“Para las víctimas viene una etapa de resistencia, hoy nos damos cuenta de que estas personas velan por intereses económicos y de empresas que por el de las víctimas. Debemos enfrentar a la autoridad y al gobierno exigiéndole que no vulnere el derecho de las víctimas”, concluyó.