Están por cumplirse los primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es momento de hacer un primer recuento analítico, en el entendido de que estamos apenas en el principio, y se atisban mucho mejor las intenciones que los resultados. Lo segundo sería precipitado y erróneo.

El análisis, que no puede ser exhaustivo porque no toca el estilo personal de gobernar, podría empezar por una decisión tomada desde antes de que AMLO tomara posesión, porque ha sido clave para la definición de otras muchas: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Esta decisión, se ha señalado aquí y en otros lados, fue más política que económica. Se trató de una manera, escogida por el propio López Obrador, para decir quién mandaba en el país. El mensaje fue entendido por los destinatarios, pero el efecto económico de corto plazo ha sido muy negativo.

En particular, la necesidad de pagar a los tenedores de bonos del NAIM para no crear en los mercados internacionales la sensación de que México incumplía obligaciones crediticias, presionó muchísimo las finanzas públicas y obligó a que, a la hora de los hechos, el presupuesto fuera todavía más austero de lo que estaba planeado originalmente.

Si los costos de cancelar el aeropuerto eran una pinza, la decisión presidencial de priorizar de manera absoluta 25 promesas de campaña fue otra. Esa decisión, también teñida más de política que de racionalidad económica, se tradujo en una serie de recortes a otros programas, en áreas como la ciencia, la protección del medio ambiente y proyectos específicos. Quien pudo defenderse, como las universidades públicas, lo logró a medias. Quien no, se quedó con muy pocos recursos o con ninguno.

Las dos pinzas dieron como resultado un presupuesto que tal vez pueda ser redistributivo en el corto plazo, pero que no crea condiciones estructurales para una mejor distribución del ingreso en el mediano plazo y tampoco para un crecimiento económico impulsado por la inversión pública.

Sí hubo una medida que puede ayudar a una mejor distribución del ingreso, y fue el aumento consistente en los salarios mínimos. Desgraciadamente, la medida se acompañó de otras dos que, si bien eran promesas de campaña, estaban destinadas a generar desigualdades regionales: la disminución de impuestos a empresas en la frontera norte y el aumento extraordinario al mínimo en esa misma zona.

El segundo elemento ya trajo consigo el inicio de la resurrección de las movilizaciones obreras, con las huelgas de Matamoros. Esta resurrección no es casual, pero tampoco puede afirmarse que sea manejada. Durante los últimos lustros el país vivió una paz laboral extrema; los sindicatos estaban muy debilitados y sentían que cualquier movilización podría acabar con ellos, dada la correlación de fuerzas. Ahora, la percepción dominante es que ha cambiado esa correlación, que no serán aplastados y que pueden exigir otras condiciones.

Las preguntas hacia el futuro son sobre la capacidad real de algunas empresas para solventar esas condiciones (sabemos de antemano que es diferenciada: unas sí pueden; otras no) y si esto se traducirá en una reedición del control obrero de parte de una nueva burocracia sindical. El caso es que la paz laboral perfecta es cosa del pasado.

El tema sindical tiene su importancia porque el proyecto en curso basa su lógica redistributiva en las transferencias personales. En distintas bolsas de dinero a repartir, de acuerdo con la condición y la necesidad de las personas. En la lógica del “gran benefactor” que apuntó recientemente María Amparo Casar.

Es evidente que, a través de los programas prioritarios anunciados (Pensiones para Adultos Mayores, Becas para Estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vidas, etcétera) se está armando una suerte de colectivo gigante de “beneficiarios de López Obrador”. No hay en ello ningún cambio en las relaciones de poder: el gobierno da, el ciudadano recibe. Lo que sí hay es un reforzamiento, en clave clientelar, de las posibilidades de Morena para hacerse de una porción más amplia del poder político.

Finalmente, al fin pudo destrabarse un asunto, el de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que llevaba muchos años paralizado. Allí fueron claves, por un lado, los contrapesos ejercidos desde la sociedad civil, para que no hubiera una militarización de largo plazo y la capacidad del gobierno y su partido para darles buen curso, obteniendo lo más y cediendo lo menos.

No podría hacerse un balance mínimo de estos cien días sin anotar que la oposición política está casi desaparecida, sin haber logrado superar todavía el trauma de su derrota histórica. Ha habido más resistencia de parte de las organizaciones de la sociedad civil y de individuos en particular, sobre todo en redes sociales. Esa desaparición ayuda, en parte, a explicar que, según las encuestas publicadas, López Obrador sea todavía más popular que cuando inició su gestión.

fabaez@gmail.com

www.panchobaez@blogspot.com

Twitter: @franciscobaezr