C.C.P. Florence Cassez ciudadana francesa
Cassez fue juzgada por la opinión pública prácticamente de inmediato, ya que víctimas de Los Zodiacos manifestaron reconocer la voz de la francesa como participante activa en la tortura psicológica a la que sometían a sus víctimas, incluso integrantes de la banda de secuestradores se declararon culpables y señalaron la participación de ella, también en la planeación de los secuestros perpetrados por este grupo y en el cobro del rescate.
Pero se trataba de una nacional francesa, quien en todo momento argumentó su inocencia y su gobierno no la abandonó. El asunto se volvió un tema diplomático que llevó a una de las crisis más fuertes entre Francia y México durante el gobierno de Nicolás Sarkozy, quien exigió al gobierno de Felipe Calderón la liberación de Cassez, sentenciada a 60 años de prisión.La puesta en escena de García Luna, la presión del gobierno francés y el rescate de una figura jurídica trascendental para los derechos humanos y el debido proceso fueron determinantes para que finalmente se le concediera la libertad a Cassez, quien voló a Francia desde donde de vez en cuando platicó con los medios su experiencia.
Pero el debido proceso y que los tribunales pusieran especial atención al mismo fue uno de los legados del caso Cassez. Se trata de un principio fundamental en todo proceso judicial, pero también uno que para algunos ha aparecido como parte de la puerta giratoria que aprovechan cientos de peligrosos delincuentes para salir libres y volver a delinquir.
Pero, así como se ha liberado a violadores y asesinos por encontrar un resquicio jurídico en el debido proceso, la ausencia del debido proceso ha enviado por años a la cárcel a personas inocentes quienes ignoraban sus derechos o no tener una representación apropiada.
Hoy, García Luna está en la cárcel, Cassez libre en Francia demandando al exsecretario a quien ella considera su victimario, y el debido proceso, indispensable en un estado de derecho, es hoy cuestionado si es un hueco frecuente para delincuentes o una verdadera garantía de respeto a los derechos humanos.
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