La eterna lucha entre fujimorismo y antifujimorismo vuelve a amenazar con joder al Perú, como escribió Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral en 1969. Este especial es la segunda de una serie de dos partes para explicar la actual crisis en Perú.

LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

El domingo pasado, el presidente Martín Vizcarra lanzó un ultimátum al Congreso, dominado por opositores, para que retirara la propuesta de nombrar a siete magistrados para sustituir a los miembros actuales del Tribunal Constitucional del país (TC). Vizcarra denunciaba que la oposición fujimorista y sus aliados apristas y de la derecha y extrema derecha había elegido a candidatos oportunamente afines, con el objetivo de, una vez en el poder, poder liberar de prisión al antiguo dictador Alberto Fujimori, que cumple condena por delitos de lesa humanidad, y a su hija Keiko, en prisión preventiva por supuesto lavado de dinero.

El lunes venció el ultimátum de Vizcarra sin que la oposición del Congreso retirara a sus candidatos al TC, así que el mandatario optó por una solución que muchos de sus seguidores le reclamaban desde hacía meses: Disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas. “Está claro que la obstrucción y blindaje del Parlamento no cesan y no habrá acuerdo posible”, lamentó Vizcarra para justificar su decisión.

LA DESTITUCIÓN DE VIZCARRA

El nombramiento de los siete magistrados quedó paralizado y el único de ellos que se había llegado a aprobar, sin efecto porque no se pudo publicar en el diario oficial.

Inmediatamente tras el anuncio, el jefe del Parlamento, Pedro Olaechea, antiguo secretario de Producción con Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y excompañero de partido del sucesor Vizcarra, convocó una reunión de urgencia del Congreso. El resultado fue el anuncio de suspensión inmediata y por un año del presidente por “incapacidad moral”, alegando que había violado varias leyes. Las bancadas opositoras han insistido desde entonces que la decisión del presidente fue un “golpe de Estado”, y algunos diputados han llegado incluso a compararlo con el autogolpe de Fujimori en 1992. Pero ahora, sin tanques.

En consecuencia de la destitución, la oposición también designó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, del mismo partido de Vizcarra (Peruanos Por el Kambio, PPK), como presidenta interina. Aráoz juró el cargo y prosiguió a esconderse.

En este punto se encontraron dos posturas claramente enfrentadas. Una, la del presidente, que consideró inválidas las decisiones de su destitución y reemplazo por Aráoz porque las tomó un Congreso que ya estaba disuelto. Otra, la de la oposición, que consideraba ilegal la disolución y, por tanto, válida la destitución.

La palabra, como suele suceder en estas crisis sin retorno, la tuvieron la policía y el ejército, que enseguida optaron por respaldar al presidente, y mientras éste se atrincheró en el Palacio de Gobierno de Lima desde la noche del lunes, patrullaron por sus alrededores para protegerlo… y también cercaron el Congreso para impedir que los legisladores pudieran acceder.

RENDICIÓN IMPLÍCITA OPOSITORA

Tras un martes de tensa calma, con ambas posiciones calibrando su poder, legitimidad, respaldo popular y posibilidades de éxito, el miércoles se empezó a dibujar con claridad la victoria de Vizcarra sobre el ultraconservador Olaechea y los fujimoristas. El momento clave en esta derrota opositora llegó cuando Aráoz, que el martes ya mostró tímidamente su incomodidad con la situación en entrevistas con medios extranjeros, presentó su dimisión como vicepresidenta y, por si acaso, como presidenta encargada.

Los diputados oficialistas, que el martes la habían denunciado por “usurpadora” del cargo de Vizcarra, reaccionaron esta vez asegurando que la dimisión no era válida, porque según la ley peruana, el Congreso debe aceptar o rechazar la dimisión del presidente o sus vicepresidentes y… exacto, el Congreso está disuelto. En cualquier caso, la renuncia de Aráoz dejó claro a los opositores que no lograrían sonsacar traiciones en el gobierno, y que sin el respaldo de la calle, que mantenía una calma apabullante, ni de las fuerzas armadas, estaban solos.

Vizcarra seguía sin ofrecer comparecencia pública alguna, y quien sí habló, para confirmar el desmoronamiento de sus esperanzas, fue Olaechea. Según la ley peruana, con un vacío de poder en el que, según la versión opositora, no había presidente ni vicepresidentes, quien debe asumir la presidencia interina, igual que ocurre en Estados Unidos, es el presidente o presidenta del Parlamento. Es decir, él. Sin embargo, Olaechea aseguró a los medios que “sin el apoyo del ejército no se dan las condiciones” para tal cosa. Rendición implícita absoluta: Vizcarra sigue siendo presidente.

ÚLTIMA BALA ¿MOJADA?

A la oposición aún le quedaba una última oportunidad…o al menos, una última bala que disparar. Mientras la derrota se hacía cada vez más evidente, Olaechea convocó una reunión del Consejo Permanente del Congreso que, ése sí, hasta el oficialismo reconoció que seguía en funciones. El líder parlamentario dirigió una sesión de más de tres horas en que la que los opositores terminaron elevando una petición al Tribunal Constitucional para que dirima quién tiene razón en este entuerto. Sí, el mismo TC del que trataban de sustituir a sus siete integrantes.

Y quizás es por eso que en los últimos días al menos tres magistrados del alto tribunal hicieron polémicas declaraciones mostrando su antipatía por el fujimorismo o dejando entrever de forma más o menos clara que terminarán dando la razón a Vizcarra. Eso, si es que el TC llega a aceptar estudiar el caso.

GOBIERNO MAQUILLADO

Entre tanto, la excusa de Vizcarra para esconderse de los focos durante más de dos días fue que se encontraba diseñando su nuevo gobierno, después de considerar que el Parlamento, cuando aún estaba en funciones, le había retirado la confianza al negarse a debatir una moción en ese sentido. Esto lo obligaba legalmente a realizar una crisis completa de gobierno. El primer anuncio fue la sustitución del primer ministro Salvador del Solar por su secretario de Justicia, Vicente Zevallos, y el jueves Vizcarra presentó un nuevo ejecutivo con pocos cambios.

En el acto, el mandatario insistió en que “todas las decisiones han sido respetando escrupulosamente la democracia y Constitución” y, salvo que el Constitucional termine opinando lo contrario, lo avala el hecho de que el censo para las nuevas elecciones legislativas ya se cerró y, como la vida en las calles, el proceso sigue su curso normal.