No hay que preocuparse. Todavía no ocurre, pero es posible que ocurra. La aprobación fast track, con todo y periodo extraordinario, para la modificación al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) que excluye a la compra de insumos médicos de la aplicación de la mencionada Ley es el camino para una nueva estafa maestra, en la que van a participar los organismos internacionales intermedios, como la Organización Panamericana de la Salud, de buena o mala fe, pero que abrirá la puerta para que neoempresarios accedan por la puerta de atrás a un mercado farmacéutico oligopólico y lleno de componendas entre servidores públicos y particulares.

La mayoría de los diagnósticos de las compras púbicas de medicamentos conducen a que es necesaria la concentración de las mismas, pero con una mejor operación y control. En 2008, se reformó la LAASSP para incorporar la figura de la “subasta en reversa”, los contratos marco y la compra consolidada sin que todavía rinda los frutos esperados.

Por un lado, el IMSS, en el gobierno de la 4T, reportó ahorros por 5 mil 466 millones de pesos (https://www.gob.mx/presidencia/prensa/compra-consolidada-de-medicamentos-y-material-de-curacion-2020) y, por otro, denunció irregularidades vinculadas con acuerdos entre proveedores para elevar precios, desplazar competidores o convenir secretamente diversas estrategias para obtener fallos favorables distorsionando la libre concurrencia.

Esta realidad, en la que los avances jurídicos no son suficientes, originó que Morena promoviera una reforma a la LAASSP para eliminar los excepciones a la norma y los regímenes especiales. A la mitad del camino, la línea cambió y en menos de dos semanas, los mismos representantes populares propusieron exactamente lo contrario para medicamentos por instrucciones presidenciales, para que éste pudiera anunciar una compra en miles de millones de dólares en el extranjero.

Sin información precisa, con un discurso agresivo contra las farmacéuticas, se inició una campaña contra este sector y se empezaron a buscar proveedores extranjeros para sustituirlos. Realmente, se dijeron muchas necedades -como aquella de que la estrategia Bimbo iba a servir de modelo para la distribución de medicinas en los puntos de difícil acceso por su geografía y aislamiento- pero nada que demostrara que comprar en el extranjero era más conveniente.

La ocurrencia de esta semana es que se va a “montar la distribuidora del Estado que repartirá…” (mañaneras presidenciales) los insumos médicos que se compren en el extranjero, el neoconasupo de la salud, y la estrategia se descubre.

La economía de abajo a arriba que propone el presidente López Obrador es estatizar las actividades productivas y comerciales más redituables para que las ganancias se socialicen. Lamentablemente, el resultado de este tipo de proyectos políticos es la pobreza generalizada con un pequeño grupo de burócratas autoritarios con cuentas bancarias hinchadas en paraísos fiscales, con un empresariado aliado dependiente de la voluntad del poderoso y ávido de prebendas y concesiones.

Una organización que compra y distribución de medicamentos para el gobierno -más del 60 por ciento del mercado- más un procedimiento no sujeto a la LAASSP es la combinación perfecta para que tomen fuerza las frases de celebres del populismo autoritario de los años setenta: “Quién vive fuera del presupuesto, vive en el error”. “No me des, sólo ponme donde hay”.

En estas condiciones, el monto del salario del servidor público no importa. El puesto más importante será una jefatura de departamento en ese nuevo organismo público que sea responsable de la dictaminación de una investigación de mercado para la adquisición directa de algún medicamento o insumo médico. Los escritorios serán el lugar en que se decidan los destinos de una industria y de la economía de miles de familias.

La idea del Estado empresario, convertido en fabricante de bicicletas, distribuidor de alimentos básico o medicinas y productor de fertilizantes es un fracaso por dos razones: dispersa la fuerza del Estado en tareas no propias de una autoridad y deteriora los servicios públicos esenciales como la seguridad pública o la administración de justicia y desvía recursos de programas sociales como salud, educación o pensiones para emplearlos en inversión de capital de bajo rendimiento. Si bien lo público no es malo por antonomasia, el estado convertido en empresario si lo es.

En lo que estamos viviendo hay un sabor de añoranza, recuerdo mi niñez sin libertades democráticas y un engaño permanente respecto a las cifras económicas. Recuerdo el populismo setentero que engatusó a millones, prometió administrar la abundancia y término empeñando al país por más de veinte años. Los errores de hoy, los pagan los que vienen. Más dinero tirado en la creación del neoconasupo de la salud. Una oportunidad de oro para una nueva estafa maestra.

Socio Director de Sideris, Consultoría Legal
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