La Profeco presentó ya diversas denuncias ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) por el “huachicoleo” de gas, en especial en el estado de Puebla.

Según el Procurador Ricardo Sheffield, en este ilícito están inmiscuidos pequeños grupos de gaseros, asociaciones civiles relacionadas con el sector u hombres-camión, los cuales usan cilindros robados al mercado para distribuir combustible sustraído de manera ilegal.

“El tema ya está en el terreno de las fiscalías, nosotros hemos puesto varias denuncias en la FGR sobre el asunto. Al paso del tiempo sacudes y se sabe quién es quién, pero no en los precios, sino en las raterías”.

Son prácticas, dijo, “de un grupo de hombres-camión en el cual hay serias sospechas de que están distribuyendo el gas LP que se roba en Puebla”.

Los huachicoleros se agrupan hasta en asociaciones civiles, “que dan la impresión de ser muy limpias, la Madre Teresa de Calcuta, pero cuyos socios son puros rateros que se juntan ahí adentro y buscan estar protegidos por el escudo de una organización”.

La voz de los grandes

Durante el proceso de consulta pública, la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), las cuales representan a las empresas más poderosas del ramo, se pronunciaron a favor del proyecto de la CRE:

“En conjunto representamos el 80 por ciento de las empresas que llevan a cabo la distribución de gas en el país, lo cual debe ser valorado por la autoridad reguladora, no sólo por este volumen, sino por la seguridad en la distribución a los usuarios finales que se realiza a través de recipientes transportables y portátiles, toda vez que nuestra intención es mantener márgenes óptimos de seguridad. El 20 por ciento restante de las empresas que no apoyan este instrumento normativo mantienen la negativa de invertir en materia de seguridad”.

Los argumentos  de la CRE

"Dada la magnitud de este mercado, es imperativo que la prestación de servicios de distribución y expendio al público de gas LP se realice bajo condiciones confiables y estandarizadas; sin embargo, el marco regulatorio vigente no genera certidumbre jurídica respecto del derecho de propiedad, por lo cual no permite que la responsabilidad del mantenimiento y reposición del parque sea transparente y eficaz, lo que se traduce en recipientes en malas condiciones, que generan problemas más graves e incluso repercuten en la integridad de los consumidores”, señala la Comisión Reguladora de Energía.